La falta de medios impide la presentaci¨®n de querellas
Castell¨®n dispone de una fotocopiadora para 25 fiscales
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La denuncia viene de lejos y se repite a?o a a?o. La falta de medios en las fiscal¨ªas de la Comunidad Valenciana condiciona el trabajo del ministerio p¨²blico, y una nueva prueba de que la situaci¨®n no mejora a pesar de las continuadas promesas de la Generalitat emerge ahora de la memoria anual de la Fiscal¨ªa Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo que dirige Antonio Vercher.
El repaso a la actividad de 2008 deja constancia de que la ausencia de medios suficientes aqueja a numerosas fiscal¨ªas espa?olas, entre ellas la de Castell¨®n, cuyo comentario destaca Vercher: "Al disponer de una ¨²nica fotocopiadora y a¨²n siendo la querella el medio m¨¢s id¨®neo para ejercitar la acci¨®n penal, en la secci¨®n [de Castell¨®n] no se interponen querellas, sino denuncias, para no tener que acompa?ar las oportunas copias".
Valencia constata "frialdad" en la Generalitat al pedir informaci¨®n
Una sola fotocopiadora para todo el material que genera el trabajo de 25 fiscales en Castell¨®n. No hay m¨¢s, por lo que los dos fiscales que se encargan de los delitos de medio ambiente y urbanismo evitan las querellas porque implica entregar fotocopias de las actuaciones a todas las partes, mientras que con la denuncia basta una dirigida al juzgado. El fiscal jefe de Castell¨®n, Javier Carceller, ya lo avis¨® en mayo de 2008, cuando calific¨® la situaci¨®n de "insostenible" y de "ca¨®tica". Y el pasado jueves, se quej¨® de nuevo la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que tild¨® de "m¨ªsera" la situaci¨®n tras el recorte del servicio de taxis para los fiscales.
La Fiscal¨ªa de Castell¨®n tambi¨¦n destaca en su informe a Vercher "lo dif¨ªcil" que resulta compaginar "el despacho ordinario del juzgado y las numerosas visitas asignadas todos los meses" con la especializaci¨®n en delitos medioambientales. Implica un "sobreesfuerzo que en ocasiones, m¨¢s de las deseadas, llega a la desesperaci¨®n" cuando los asuntos son complejos. Una circunstancia que abunda en el d¨¦ficit de medios materiales y de personal.
A ello se suma que las relaciones "problem¨¢ticas" de las fiscal¨ªas de urbanismo y medio ambiente con las administraciones auton¨®micas, como apunta la memoria. El caso valenciano no es una excepci¨®n. La Fiscal¨ªa de Valencia detecta "una cierta frialdad oficial, por el recelo con el que se han recibido algunos de los oficios que se les ha enviado recabando informaci¨®n de determinados expedientes". Tambi¨¦n es revelador el resultado de la petici¨®n de informaci¨®n a los ayuntamientos de la provincia de Valencia sobre los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable. De los 264 oficios enviados el a?o pasado, en enero la Fiscal¨ªa s¨®lo hab¨ªa recibido 98 respuestas. En 40 casos contestaron que no hab¨ªa expedientes sancionadores, por lo que la Fiscal¨ªa de Valencia concluye: "O bien nos encontramos ante la id¨ªlica situaci¨®n de absoluto respeto a la normativa urban¨ªstica, o como nos tememos, sencillamente los ayuntamientos hacen absoluta dejaci¨®n de sus funciones". De los 58 municipios que s¨ª han abierto expedientes, s¨®lo 15 lo hacen de forma regular y dos (Ll¨ªria y Chiva) transmiten regularmente informaci¨®n a la Fiscal¨ªa.
La memoria apunta que las fiscal¨ªas valencianas incoaron 721 diligencias de investigaci¨®n relacionadas con el medio ambiente, ordenaci¨®n del territorio, flora y fauna, patrimonio hist¨®rico, incendios forestales y maltrato a animales. Adem¨¢s, registraron 279 procedimientos judiciales. Hubo 19 sentencias condenatorias y 8 absoluciones, y 16 detenidos por 14 incendios.
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