Las descargas se regular¨¢n por decreto

El Gobierno tendr¨¢ que mojarse si quiere controlar las descargas de archivos por Internet. Los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, han emplazado al Ejecutivo a que sea ¨¦l quien proponga una regulaci¨®n de las descargas tras el bloqueo de las negociaciones que manten¨ªan con la industria audiovisual, representada por la Coalici¨®n de Creadores e Industrias de Contenido, para una autorregulaci¨®n de la materia.

El consenso entre ambas partes ha sido imposible. Los operadores de telecomunicaciones (Telef¨®nica, Vodafone, Orange y Ono) rechazan dos de las demandas de la Coalici¨®n: no quieren ni o¨ªr hablar de la desconexi¨®n para ninguno de sus abonados, incluyendo los que realizan descargas de forma intensiva, informan fuentes de las compa?¨ªas.

Redtel ha hecho llegar un documento al Gobierno en el que expone sus divergencias con la Coalici¨®n y exponen sus peticiones. En ese informe, los operadores piden al Gobierno que la nueva regulaci¨®n debe respetar "escrupulosamente" los datos personales de usuarios y consumidores, eliminar cualquier propuesta de suspensi¨®n de la conexi¨®n a Internet, ponderar las posibles sanciones econ¨®micas e implicar a las asociaciones de consumidores y usuarios en toda propuesta de normativa.

Sin embargo, la demanda m¨¢s firme de las compa?¨ªas telef¨®nicas es que, sea cu¨¢l sea la regulaci¨®n que se saque adelante, se les garantice seguridad jur¨ªdica, de forma, que ni los clientes que reciban los avisos (o en su caso, la desconexi¨®n) o los due?os de las p¨¢ginas web que sean bloqueadas puedan ejercer reclamaciones jur¨ªdicas o administrativas contra las operadoras.

Por eso, quieren dejar en manos de la llamada Comisi¨®n de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales -¨®rgano independientevinculado org¨¢nicamente al Ministerio de Industria- toda la supervisi¨®n del proceso, no s¨®lo la tramitaci¨®n de las denuncias, sino incluso el env¨ªo de las cartas de aviso. Los operadores s¨®lo se comprometen a realizar campa?as masivas contra la pirater¨ªa mediante el env¨ªo de formularios con campa?as educativas.

El bloqueo de las negociaciones se produce en un momento en que ambas partes hab¨ªan acercado posiciones en algunos puntos. El mayor acuerdo se hab¨ªa producido en la propuesta de la Coalici¨®n -integrada por las patronales del cine, la m¨²sica, el software y las sociedades de gesti¨®n de derechos como SGAE- de centrar la persecuci¨®n no en los usuarios comunes, sino en los que ellos llaman "concentradores", responsables de las p¨¢ginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las descargas mediante programas p2p (eMule, BitTorrent, Aries...). Seg¨²n sus estimaciones, alrededor de 70 website son responsables de un total del 80% del tr¨¢fico de los archivos protegidos (pel¨ªculas, videojuegos y m¨²sica).

Para estos concentradores, la Coalici¨®n preve¨ªa un primer y ¨²nico aviso para que cesen en su actividad "il¨ªcita" tras el cual, se proceder¨ªa a la interrupci¨®n definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores espa?oles, o al bloqueo de las p¨¢ginas radicadas en el extranjero.

El disenso ha llegado por la segunda parte de la propuesta de la Coalici¨®n, referente a la persecuci¨®n de los usuarios comunes. Para ellos, se establece el sistema de tres avisos y, posterior desconexi¨®n, el modelo implantado en Francia. Aunque la industria cultural ha rebajado sus pretensiones y se ha comprometido a que s¨®lo se emitir¨ªan 60.000 notificaciones al a?o -el n¨²mero estimado de usuarios que realizan descargas masivas- ofreciendo adem¨¢s que las desconexiones sean s¨®lo aplicadas en los casos m¨¢s graves y de forma temporal, los operadores consideran que la medida es desproporcionada.

La pelota est¨¢ ahora en el tejado del Gobierno, que dispone ya de las propuestas de ambas partes. Las descargas de archivos, incluyendo los sujetos a derechos de autor, son legales en Espa?a siempre que no haya ¨¢nimo de lucro. Para que dejen de serlo, habr¨¢ que realizar un cambio legislativo. Fuentes de la negociaci¨®n barajan que bastar¨ªa una modificaci¨®n de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n y Comercio Electr¨®nico (LSSI) y de la ley de procedimiento administrativo, con el fin de habilitar a la Comisi¨®n de Control y el sistema de avisos, puesto que actualmente s¨®lo tienen potestad los jueces para el control y cierre de web.

Precisamente ma?ana el Parlamento Europeo votar¨¢ la propuesta de la nueva legislaci¨®n comunitaria que deja en manos de los Estados el control de Internet. Las presiones de Francia, que tramita la llamada ley Sarkozy (tres avisos y desconexi¨®n), han forzado a retirar del texto final la referencia a que s¨®lo se podr¨¢ cortar el acceso a Internet si hay una decisi¨®n judicial previa.El Parlamento Europeo vota ma?ana la nueva normativa de la UE