La industria cultural renuncia al sistema de avisos para frenar las descargas de Internet

Ni corte de conexi¨®n, ni reducci¨®n de la velocidad, ni siquiera avisos. La industria cultural ha dado su brazo a torcer y ha renunciado a la aplicaci¨®n de cualquier tipo de medida que vaya contra los m¨¢s de ocho millones de internautas particulares que realizan descargas por Internet. En su lugar, proponen que el Gobierno regule ¨²nicamente la persecuci¨®n de las p¨¢ginas web que facilitan los enlaces que permiten esas descargas, para que puedan ser desalojadas, o se pueda bloquear su acceso a ellas.

Esta es la propuesta que le han hecho llegar a los ministerios de Industria y de Cultura, la llamada Coalici¨®n de Creadores e Industrias de Contenidos, que representa a las sociedades de gesti¨®n de derechos, y la industria discogr¨¢fica, cinematogr¨¢fica y de videjuegos, seg¨²n anunci¨® hoy el presidente de la Coalici¨®n Aldo Olcese. La propuesta, que ha pillado por sorpresa incluso a algunos sectores integrados en la Coalici¨®n, se produce tras la ruptura de las negociaciones el pasado mes de abril que mantienen con los operadores de acceso a Internet, agrupados en Redtel.

Olcese aclar¨® que no se trata de una renuncia definitiva al sistema de avisos, sino de una moratoria de un a?o, en los que los usuarios de programas de intercambio de archivos p2p (eMule, BitTorrenet, Ares,etc¨¦tera) gozar¨ªan de plena libertad para realizar descargas. Al t¨¦rmino de ese a?o, se evaluar¨ªa la eficacia contra la "pirater¨ªa" (las comillas son de la Coalici¨®n) del sistema centrado en la persecuci¨®n de las webs y se decidir¨ªa si se cambia de modelo.

Este giro de la industria cultural se produce precisamente ante la postura adoptada por Redtel de dejar en manos del Gobierno la responsabilidad de regular las descargas. Los operadores de acceso a Internet ya han avisado que no se volver¨¢n a sentar con la Coalici¨®n hasta que el Consejo de Ministros no apruebe una normativa. El Ejecutivo, que quer¨ªa quitarse esta patata caliente dejando en manos de la Coalici¨®n y de Redtel el asunto, no tendr¨¢ ahora m¨¢s remedio que tomar una decisi¨®n.

La Coalici¨®n justifica su propuesta de m¨ªnimos en que 200 p¨¢ginas web, que alojan o enlazan los archivos, son los responsables del 80% del tr¨¢fico de los archivos protegidos (pel¨ªculas, videojuegos y m¨²sica). Olcese denunci¨® adem¨¢s que est¨¢s p¨¢ginas no s¨®lo surten al mercado espa?ol sino que se han convertido en una plataforma que "favorece y ampara las descargas ilegales en todo el mundo", y que ha atra¨ªdo a las "organizaciones internacionales de pirater¨ªa de pa¨ªses como Rusia o Kazajist¨¢n, gracias a la ausencia de regulaci¨®n y a la buena calidad de las redes espa?olas".

La propuesta de la Coalici¨®n consiste en un primer y ¨²nico aviso a los responsables de estas website para que cesen en su actividad "il¨ªcita" tras el cual, y si no hay rectificaci¨®n en la conducta, se proceder¨ªa a la interrupci¨®n definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores espa?oles, el bloqueo para acceder a ellas o la interrupci¨®n del servicio. Esta decisi¨®n estar¨ªa en manos de un organismo administrativo -se propone la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones- que se dotar¨ªa de estas competencias merced a una modificaci¨®n legislativa, en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n y de Comercio Electr¨®nico (LSSI) o en la nueva ley audiovisual que preparar el Ejecutivo.

Esta es el principal escollo jur¨ªdico al que se enfrenta la propuesta de la Coalici¨®n puesto que en Espa?a, el bloqueo o la intervenci¨®n de las p¨¢ginas webs s¨®lo pueden ser decididos por un juez. De hecho, el Parlamento Europeo ha sancionado en mayo pasado esta doctrina recientemente, rechazando la reforma de las telecomunicaciones, y reafirmando que s¨®lo la autoridad judicial puede intervenir las p¨¢ginas o cortar la conexi¨®n a Internet, M¨¢s recientemente a¨²n, el Consejo Constitucional franc¨¦s tumb¨® la aplicaci¨®n de la llamada ley Sarkozy, el modelo franc¨¦s de la persecuci¨®n de las descargas de archivos, que preve¨ªa el corte de conexi¨®n bajo mandato de un organismo administrativo (Hadopi) . No obstante, Olcese manifest¨® su convencimiento de que no plantear¨¢ problemas legales e indic¨® que, en todo caso, los responsables de esas webs siempre podr¨ªan recurrir la decisi¨®n administrativa en los tribunales.

Olcese anunci¨® que en los pr¨®ximos d¨ªas dar¨¢n la lista con los nombres de esas 200 webs, y denunci¨® que muchas de ellas se financian con publicidad de los operadores de telecomunicaciones que "se lucran de la pirater¨ªa ya que este aumenta el tr¨¢fico de sus redes".

En la parte positiva, la Coalici¨®n anunci¨® la creaci¨®n de una web, que ofrecer¨ªa a precio asequible un cat¨¢logo "casi ilimitado" y de calidad de pel¨ªculas, m¨²sica y videojuegos, y en el que estar¨ªan integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como las industria de contenidos.