El traje: ?regalo o soborno?

Recibir ciertos regalos de ciertos amigos puede acarrear el fin de una carrera pol¨ªtica: la luna de miel que le pag¨® un empresario al ministro alem¨¢n de Baja Sajonia, Gerhard Glogowski, le cost¨® el puesto. La cocina y el sistema de aire acondicionado que instalaron unos contratistas gratuitamente en el chal¨¦ del gobernador estadounidense de Connecticut, John Rowland, forzaron su dimisi¨®n. Los trajes que la trama de empresas corruptas de Francisco Correa presuntamente regal¨® al presidente valenciano, Francisco Camps, abren en Espa?a un debate que se dirime en dos planos: el judicial, actualmente en curso, y el moral, m¨¢s dif¨ªcil de atrapar. Pero importante: ?Puede y debe un alto cargo seguir en su puesto tras recibir regalos de personas a las que su Administraci¨®n adjudica contratos? M¨¢s all¨¢ de la voz de los jueces, la tolerancia de un pa¨ªs hacia esa promiscuidad tambi¨¦n da el nivel de su talla ¨¦tica.

En Francia, por ejemplo, Nicolas Sarkozy usa en sus vacaciones el avi¨®n privado y el yate del multimillonario Vincent Bollor¨¦. El presidente Sarkozy, quien no tiene ning¨²n reparo en exhibirse con sus amigos empresarios, no comprende el recelo que despierta su conducta entre sus compatriotas: "No veo d¨®nde est¨¢ la pol¨¦mica. Esto no le cuesta nada a los contribuyentes", ha manifestado. A su ministra de Justicia, Rachida Dati, Dior le pone a su disposici¨®n sin coste alguno un amplio guardarropa, que le permite vestirse con conjuntos valorados en 15.000 euros. El salario de Dati es de 14.000 euros al mes.

Otros pa¨ªses, como Dinamarca, aplican una pol¨ªtica de tolerancia cero. El pa¨ªs escandinavo s¨®lo permite recibir regalos de cortes¨ªa y protocolo como "una tableta de chocolate, un libro, o una botella de vino con ocasi¨®n del 25 aniversario de servicio p¨²blico de un determinado empleado", seg¨²n los ejemplos que da la Autoridad del Empleo P¨²blico, un ¨®rgano que ha redactado un c¨®digo ¨¦tico com¨²n para los funcionarios daneses y que incentiva a los organismos p¨²blicos a ser a¨²n m¨¢s severos cuando lo crean necesario.

Por citar un caso singularmente estricto, los empleados de la Embajada danesa en Vietnam no pueden recibir regalos de m¨¢s de 50 euros y, con todo, deben dar parte a su superior, ya que se entienden recibidos en nombre de la embajada y no a t¨ªtulo personal. Dinamarca es el pa¨ªs menos corrupto del mundo, seg¨²n el ¨ªndice de percepci¨®n de la corrupci¨®n de la ONG Transparencia Internacional.

Espa?a, que ocupa el puesto 28 en ese listado, mejor posici¨®n que Italia, Portugal o Israel, aunque peor que Barbados, Chile o Uruguay, tiene normas taxativas: "Se rechazar¨¢ cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya m¨¢s all¨¢ de los usos habituales, sociales y de cortes¨ªa", rezan el C¨®digo de Buen Gobierno de 2005, aplicable a cargos electos de la Administraci¨®n central, y para funcionarios, el Estatuto B¨¢sico de 2007.

Normas tan imprecisas siempre plantear¨¢n dudas ?Es un d¨¦cimo de Navidad un regalo de cortes¨ªa? Cuando era alcalde de L'Hospitalet, al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, le regal¨® uno un constructor adjudicatario de obra p¨²blica. Y toc¨®. 14 millones de pesetas, el segundo premio de 1995. El Tribunal Superior de Catalu?a no le conden¨® por cohecho porque consider¨® que regalar loter¨ªa del Gordo es un hecho socialmente extendido.

El C¨®digo Penal castiga con multa la aceptaci¨®n de regalos, como modalidad leve de cohecho, y la condena ser¨¢ de c¨¢rcel si el pol¨ªtico o funcionario responde con una contrapartida al empresario dadivoso, como por ejemplo adjudicarle un contrato millonario para organizar eventos p¨²blicos (ver cuadro). La ley podr¨ªa endurecerse en breve. El anteproyecto de reforma del C¨®digo Penal castiga la aceptaci¨®n de regalos con c¨¢rcel de seis meses a un a?o y suspensi¨®n del cargo de uno a tres a?os. Esta pena no se impondr¨ªa en el caso de Camps, por el principio de no retroactividad.

Ahora bien, la pandemia de la corrupci¨®n no se curar¨¢ a golpe de Bolet¨ªn Oficial del Estado. M¨¢s all¨¢ de las sanciones, hace falta prevenir y controlar, reclaman instituciones internacionales y ONG como Access Info Europe. El acceso a las declaraciones patrimoniales de funcionarios y altos cargos es un instrumento b¨¢sico para detectar su enriquecimiento il¨ªcito. En los ¨²ltimos 20 a?os se han generalizado y los pa¨ªses m¨¢s desarrollados han ampliado su contenido (ingresos, regalos, viajes), los obligados a presentarlas (c¨®nyuges e hijos del cargo p¨²blico) y su difusi¨®n (los m¨¢s transparentes las publican en Internet).

El registro de regalos del Ayuntamiento de Londres puede ser consultado en la Red y cualquiera puede conocer que el teniente de alcalde, Richard Barnes, fue obsequiado el 19 de abril con un sombrero Panam¨¢ por la C¨¢mara de Comercio de Ecuador, o que la Asociaci¨®n de F¨²tbol inglesa invit¨® al concejal Kit Malthouse a un almuerzo y al derbi entre el Arsenal y el Chelsea del 18 de abril.

El Banco Mundial informa de que en 2009, de 175 pa¨ªses analizados, s¨®lo 109 obligan a sus parlamentarios a presentar una declaraci¨®n patrimonial, y de ellos ¨²nicamente 63 las ponen a disposici¨®n del p¨²blico, en muchos casos con condiciones y s¨®lo parcialmente, como hace el Parlamento espa?ol. De acuerdo con el nuevo Reglamento de la Ley de Conflictos de Inter¨¦s, en octubre se conocer¨¢ el patrimonio de ministros y secretarios de Estado, que deber¨¢ ser publicado en el BOE. Aunque, de momento, no se ha comunicado si la informaci¨®n estar¨¢ en Internet como el registro de regalos del Ayuntamiento de Londres.

"?Por qu¨¦ en Espa?a no pasa lo mismo?, ?Cultura pol¨ªtica made in Spain?" se pregunta Manuel Villoria, catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en buena gobernanza. "Salimos perdiendo en casi todos los instrumentos de lucha anticorrupci¨®n si nos comparamos con los pa¨ªses de nuestro entorno. Nos acercamos m¨¢s bien a un pa¨ªs como Italia, el peor modelo a seguir de Europa. Aunque al menos no tenemos un problema tan serio a la hora de regular los conflictos de inter¨¦s porque all¨ª el presidente, quien tendr¨ªa que dar ejemplo, es a la vez el principal empresario del pa¨ªs".

Algunos expertos piden que se cree una agencia anticorrupci¨®n independiente y con amplios poderes, como la Oficina de ?tica del Gobierno (OEG) estadounidense. La Casa Blanca la cre¨® en 1978, con la resaca del mayor esc¨¢ndalo de corrupci¨®n de la historia de EE UU, el caso Watergate. La OEG examina las declaraciones de intereses privados de altos cargos del poder ejecutivo federal, elabora c¨®digos de conducta y educa en valores a cerca de tres millones de funcionarios. A modo de ex¨¢menes, online o presenciales, ¨¦stos deben resolver una serie de casos pr¨¢cticos en los que se les plantean dilemas ¨¦ticos del tipo: "En una misma ocasi¨®n una persona que hace negocios con tu departamento te ofrece una camiseta de b¨¦isbol valorada en 15 d¨®lares, una gorra de 10 d¨®lares y un p¨®ster de 5 d¨®lares, ?podr¨ªas aceptar todos estos regalos?" La respuesta es "no", porque los tres regalos juntos superan el l¨ªmite permitido de 20 d¨®lares (15 euros) para una misma ocasi¨®n y una misma persona.

Hay un encargado de la OEG en cada uno de los 130 departamentos de la Administraci¨®n que se dedica a resolver las dudas de los funcionarios sobre conducta ¨¦tica, y 6.400 asistentes que trabajan a tiempo parcial. Su presupuesto es de 10 millones de euros. En 1991, este departamento investig¨® al jefe de gabinete de George Bush, John H. Sununu, por usar un avi¨®n y un coche oficial para sus escapadas desde Washington a una estaci¨®n de esqu¨ª, o a sus citas con el dentista en Boston. Sununu acab¨® dimitiendo.

El ¨®rgano espa?ol que se aproxima m¨¢s a las funciones de la OEG es la Oficina de Conflictos de Inter¨¦s que, aunque no imparta clases de ¨¦tica, s¨ª examina las declaraciones de bienes e intereses de secretarios de Estado, ministros y presidente del Gobierno. A¨²n as¨ª, no tiene la independencia ni los poderes suficientes para esta funci¨®n, reprocha Villoria: "La Oficina est¨¢ muy politizada, a pesar de la profesionalidad de sus miembros. Su responsable depende directamente del Gobierno, que lo puede destituir a su antojo". En EE UU, el presidente no puede deponer al director de la OEG y puede darse la circunstancia de que no coincida el signo pol¨ªtico del presidente con el del director, como ocurre ahora, porque el mandato de ¨¦ste dura cinco a?os. Adem¨¢s de la OEG, existe un ¨®rgano ¨¦tico para el poder legislativo, otro para el judicial, y muchos Estados y grandes ciudades han creado oficinas similares.

?Es EE UU un pa¨ªs menos corrupto desde que se crearon estas agencias? Nadie lo puede asegurar con certeza. La corrupci¨®n no suele dejar huella, as¨ª que no sabemos cu¨¢ntos delitos de este tipo se cometen. "Son delitos sin una v¨ªctima directamente perjudicada que acuda a denunciarlos, como ocurre en los delitos de sangre", explica el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, Norberto J. de la Mata Barranco. "Cuando estos casos llegan a los tribunales es gracias a la denuncia de un opositor pol¨ªtico o de un competidor agraviado en una licitaci¨®n. Por eso hay estudios de criminolog¨ªa que estiman que s¨®lo es investigado el 10% de los casos, mientras que, por contraste, casi todos los homicidios acaban siendo conocidos".

"Contar con un departamento como la OEG es mejor que nada", valora Gerald Caiden, catedr¨¢tico en la Universidad del Sur de California especializado en ¨¦tica p¨²blica, quien opina que, sin embargo, es muy dif¨ªcil conocer hasta qu¨¦ punto est¨¢ siendo eficaz. Caiden, como otros expertos, guarda sus reservas sobre la posibilidad de medir el fen¨®meno de la corrupci¨®n con ¨ªndices como el de Transparencia Internacional. "Seg¨²n la mayor¨ªa de estudios, EE UU es uno de los 20 pa¨ªses menos corruptos del mundo y los pa¨ªses n¨®rdicos est¨¢n en lo m¨¢s alto de la lista de la integridad, pero ?podemos creernos el milagro que dicen haber conseguido? Esos ¨ªndices de corrupci¨®n no dejan de ser puras conjeturas".

Transparencia Internacional justifica que no hay otro m¨¦todo m¨¢s fiable para medir la corrupci¨®n que comparar las percepciones de los residentes de un pa¨ªs y otro: "La comparaci¨®n del n¨²mero de procesos judiciales no reflejar¨ªa los niveles de corrupci¨®n reales. M¨¢s bien pondr¨ªa de relieve la calidad de fiscales, tribunales y medios de comunicaci¨®n para sacar a relucir la corrupci¨®n". El ¨ªndice de corrupci¨®n de esta ONG re¨²ne datos de 13 fuentes como el Banco Mundial o agencias de calificaci¨®n de riesgos.

De todos modos, resignarse a aceptar la corrupci¨®n sin emplear todos los medios posibles para combatirla no parece la mejor receta. Muchos Ayuntamientos estadounidenses fomentan la integridad de sus concejales con c¨®digos de conducta y talleres de ¨¦tica. Y qu¨¦ mejor profesor que alguien que ya estuvo expuesto a la tentaci¨®n de la corrupci¨®n. Judy Nadler, ex alcaldesa de Santa Clara (110.000 habitantes), en California, transmite su experiencia a las nuevas generaciones. "Nada m¨¢s llegar al cargo de concejal, en 1985, el propietario de un cine local me envi¨® a mi correo un pase gratis ilimitado a su sala", relata Nadler. "Se lo devolv¨ª inmediatamente y le dije que mi deber era no aceptar regalos. La historia salt¨® a la prensa y mis compa?eros concejales se vieron forzados a confesar que ellos s¨ª hab¨ªan aceptado los pases. No hace falta decir que no les ca¨ª muy simp¨¢tica. Pero sirvi¨® para protegernos de un conflicto de intereses venidero porque, al poco tiempo, la misma empresa solicit¨® al Ayuntamiento la licencia para construir un megacentro de ocio".

En Espa?a, donde la mayor¨ªa de los casos de corrupci¨®n conocida se da en el ¨¢mbito local, la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FEMP) elabora actualmente un c¨®digo de conducta para darlo a conocer a los 8.112 Ayuntamientos. La FEMP no tiene conocimiento de que ning¨²n municipio, ni siquiera las grandes ciudades, haya elaborado un c¨®digo ¨¦tico espec¨ªfico para sus funcionarios. Es m¨¢s, los delitos de corrupci¨®n est¨¢n a¨²n lejos de ser censurados, quiz¨¢ porque se confunden con una falsa prosperidad econ¨®mica. En Alcauc¨ªn (M¨¢laga), el alcalde, Jos¨¦ Manuel Mart¨ªn Alba (PSOE), fue aclamado en marzo por sus vecinos cuando la Guardia Civil lo detuvo en su domicilio acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y falsedad.