Archivo en el Barbanza

El juez M¨ªguez Poza acaba de archivar las diligencias penales que hab¨ªa incoado en un ya lejano 18 de febrero de 2008 contra dos altos cargos y dos funcionarios de la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial, integrantes de la mesa de contrataci¨®n que adjudic¨® las obras de la autov¨ªa del Barbanza. Las diligencias se hab¨ªan iniciado a ra¨ªz de una delirante querella presentada por el PP gallego, que el juez hab¨ªa admitido a tr¨¢mite mediante un inusual auto que no ten¨ªa desperdicio. De hecho, lo que ahora llama poderosamente la atenci¨®n en el auto de archivo es la contundencia con la que el juez argumenta la inexistencia de delito alguno.

El principal delito imputado, la prevaricaci¨®n, se descarta por un doble motivo: porque los integrantes de la mesa de contrataci¨®n ni siquiera "dictaron una resoluci¨®n" y, por tanto, no pueden prevaricar, y porque, aun en el caso hipot¨¦tico de que fuese una resoluci¨®n, la propuesta de la mesa "no alcanza los calificativos que exige la jurisprudencia" para ser considerada como injusta y arbitraria.

Las diligencias se hab¨ªan iniciado a ra¨ªz de una delirante querella presentada por el PP

Si cotejamos el contenido de este auto con el del auto inicial de admisi¨®n a tr¨¢mite, la perplejidad no puede ser mayor. Si la prevaricaci¨®n debe ser descartada ya porque los querellados no pueden ser sujetos activos id¨®neos de este delito (y adem¨¢s porque la propuesta que hacen no ser¨ªa tampoco objetivamente prevaricadora), ?por qu¨¦ fueron imputados entonces por dicho delito?, y, sobre todo, ?por qu¨¦ se mantuvo la imputaci¨®n hasta ahora, a pesar de que la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior, sobre la base de la ausencia de tipicidad penal de la conducta, hab¨ªa solicitado ya en junio de 2008 el archivo de las actuaciones? Y es que, al tratarse de una cuesti¨®n de estricta t¨¦cnica jur¨ªdica, no era necesario practicar prueba alguna para saber que el hecho delictivo no exist¨ªa, del mismo modo que sabemos que si una persona no es juez nunca puede llegar a cometer un delito de prevaricaci¨®n judicial.

De ah¨ª que resulten tan falaces como incomprensibles las manifestaciones del PP: a pesar del archivo, exist¨ªan "indicios graves de prevaricaci¨®n"; lo que sucede es que "hay delitos que no se pueden probar". Tales afirmaciones incurren en un clamoroso sofisma: una cosa es que exista un cad¨¢ver con signos de muerte violenta y no podamos probar que un sospechoso es el autor del homicidio y otra distinta es que no haya cad¨¢ver; y aqu¨ª no hay cad¨¢ver, ni siquiera trajes de Milano de regalo.

Con respecto a los restantes delitos imputados, el juez asegura ahora que "no existe atisbo alguno en todo el procedimiento, ni siquiera para analizar la posible existencia de conductas dudosas", a?adiendo que la intenci¨®n del PP de ampliar la querella "no puede estar m¨¢s hu¨¦rfana de trascendencia penal". Pero es que eso ya lo sab¨ªamos con la simple lectura de la querella, dado que en ella no se ofrec¨ªa indicio alguno de tales delitos, sino puros juicios de intenciones o "meras sospechas", seg¨²n indicaba tambi¨¦n la Fiscal¨ªa en su escrito.

De nuevo hay que preguntarse ?por qu¨¦ el juez dio p¨¢bulo al novelesco relato de la querella, y, sin practicar diligencia alguna, lleg¨® a calificar de "burda maniobra sin justificaci¨®n alguna, ni f¨¢ctica ni normativa" lo que ahora no le ofrece el m¨¢s m¨ªnimo atisbo de infracci¨®n?

Finalmente, no menos estupor causa la huida hacia delante del PP, aferr¨¢ndose a una sola frase contenida en el auto de archivo, a saber: que puede resultar "chocante y sorprendente" el cambio de criterio de la Administraci¨®n en la adjudicaci¨®n de la obra. Sin embargo, lo ¨²nico que nos interesa de la resoluci¨®n judicial es saber si la adjudicaci¨®n fue jur¨ªdicamente correcta, sin que nos importe lo m¨¢s m¨ªnimo el hecho de que despu¨¦s al juez le pueda sorprender algo. En cambio, los que s¨ª resultan "chocantes y sorprendentes" son los interrogantes que he formulado en esta columna, a los que cabr¨ªa a?adir otros: ?por qu¨¦ ante una querella de motivaci¨®n pol¨ªtica, basada en puros juicios de intenciones que resultaron ser falsos, se cit¨® a declarar a los imputados cuatro d¨ªas antes de las elecciones generales de marzo de 2008, con la consiguiente utilizaci¨®n en la campa?a?, ?por qu¨¦ se mantuvo la imputaci¨®n durante 14 meses, llegando hasta las elecciones auton¨®micas, lo que de nuevo permiti¨® que el PP la esgrimiese como uno de los argumentos favoritos de su campa?a?, ?por qu¨¦ el juez nunca contest¨® a los diversos escritos de la defensa, cegando la posibilidad de que sus resoluciones fuesen recurridas?.