El general del Yak-42 "falt¨® a la verdad"
Penas de c¨¢rcel para Navarro y sus dos ayudantes por las 30 identificaciones falsas - La sentencia no enjuicia "la conducta de personas no acusadas", en alusi¨®n a Trillo
S¨®lo diez n¨²meros de la madrile?a calle de G¨¦nova separan la Audiencia Nacional de la sede del PP. A la primera acudieron, a media ma?ana de ayer, el general Vicente Navarro, que acaba de cumplir 68 a?os; el comandante Jos¨¦ Ram¨®n Ram¨ªrez, de 46, y el hoy comandante (capit¨¢n en 2003) Miguel ?ngel S¨¢ez, de 44. Estaban citados a las 13.30, pero el presidente del tribunal, Javier G¨®mez Berm¨²dez, adelant¨® la notificaci¨®n del fallo del caso Yak-42 para evitar a los fot¨®grafos y a los familiares de las v¨ªctimas, que ya se aglomeraban ante la sede judicial. En el segundo punto de la calle, la sede del PP, estaba Federico Trillo, el ministro que encomend¨® personalmente a Navarro repatriar a los 62 militares muertos en Trabzon (Turqu¨ªa) el 26 de mayo de 2003.
Los tres militares ser¨¢n expulsados si el Supremo confirma la sentencia
La cuesti¨®n que deb¨ªa dilucidar la sentencia es si la err¨®nea identificaci¨®n de 30 cad¨¢veres -acreditada por las pruebas de ADN que se hicieron tras su exhumaci¨®n, 18 meses despu¨¦s de enterrarlos- fue resultado de la imprudencia o de un enga?o deliberado. En el primer caso se impondr¨ªa s¨®lo una multa. En el segundo, pena de c¨¢rcel.
La contundencia de la sentencia vino a despejar todas las dudas. Afirma que el general Navarro "era consciente de que s¨®lo a 32 de los 62 cuerpos se les hab¨ªa podido asignar una identidad tras los ex¨¢menes realizados conjuntamente por [forenses] turcos y espa?oles", por lo que procedi¨® "de forma aleatoria" a atribuir identidades a los 30 restantes. Y todas ellas "resultaron falsas".
Navarro aleg¨® que destruy¨® sus anotaciones sobre el estado de los cad¨¢veres, pero el tribunal cree que "lo razonable hubiera sido guardarlas, pues entonces ya sab¨ªa que hab¨ªa familias que dudaban de las identificaciones". Y rechaza su afirmaci¨®n de que firm¨® el acta turca, en la que reconoc¨ªa que 30 cuerpos estaban sin identificar, sin entender lo que pon¨ªa. "No es veros¨ªmil que dos generales del Ej¨¦rcito espa?ol con amplia experiencia firmen un documento" de esa trascendencia "sin conocer el contenido de lo que est¨¢n firmando", se?ala la sentencia, que deja as¨ª por perjuro al general Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n, quien testific¨® en el juicio.
En definitiva, Navarro no se equivoc¨® sino que "actu¨® con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad". Por eso el tribunal le considera culpable de un delito de falsedad de documento oficial, cometido al emitir los certificados de defunci¨®n, y le castiga con tres a?os de c¨¢rcel -la pena m¨ªnima, pues rechaza la calificaci¨®n de delito continuado que ped¨ªan las acusaciones-, seis meses de multa (1.800 euros) y dos a?os de inhabilitaci¨®n.
El tribunal no cree que el comandante Ram¨ªrez y el entonces capit¨¢n S¨¢ez incurrieran en otro delito de falsedad documental al firmar las necropsias de los cad¨¢veres, ya en Torrej¨®n de Ardoz (Madrid). Pero les considera c¨®mplices del delito de Navarro. Y lo razona as¨ª: los dos pat¨®logos omitieron en sus necropsias que muchos de los cuerpos estaban calcinados, pero no lo hicieron para evitar dolor a las familias, como ellos dijeron, sino porque, si hubieran descrito el estado real de los cad¨¢veres, nadie habr¨ªa cre¨ªdo que era posible identificarlos sin pruebas de ADN.
"Con la excusa de dulcificar la descripci¨®n de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que pod¨ªan f¨¢cilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificaci¨®n", explica la sentencia. "Que estas omisiones no trataban de evitar a las familias mayor dolor queda probado", a juicio del tribunal, por el hecho de que no omitan otro tipo de lesiones y porque las necropsias no se dieron a las familias hasta mucho despu¨¦s, cuando ya no hac¨ªa falta dulcificar nada. En consecuencia, les condena a un a?o y medio de prisi¨®n a cada uno, tres meses de multa (900 euros) y un a?o de inhabilitaci¨®n.
Los condenados deber¨¢n indemnizar a los herederos de cada uno de los 30 militares cuyos cuerpos fueron mal identificados con 10.000 euros.
El fallo declara responsable civil subsidiario al Ministerio de Defensa y exonera a las compa?¨ªas de seguros. Defensa expres¨® ayer su respeto por la sentencia y record¨® que a¨²n no es firme, pues los condenados y alguna acusaci¨®n estudian recurrirla. Si el Supremo la confirma, Navarro, que est¨¢ en la reserva, y los dos comandantes, en activo, ser¨¢n expulsados del Ej¨¦rcito en aplicaci¨®n de la Ley de la Carrera Militar, al haber sido condenados a pena de inhabilitaci¨®n.
La gran inc¨®gnita es por qu¨¦ los condenados actuaron como lo hicieron. El tribunal se limita a se?alar que habr¨ªan cometido delito aunque "no obtuvieran beneficio alguno" de su actuaci¨®n. No menciona las prisas por llegar a tiempo al funeral de Estado previsto en Torrej¨®n, a las que aludieron varios testigos en el juicio, y s¨®lo recoge la explicaci¨®n que dio Navarro para firmar el acta: "Firmo porque si no los turcos no me dejan llevarme los cuerpos".
Y ello porque, como aclara el propio tribunal, su objetivo se limita a "declarar o excluir la responsabilidad criminal de los acusados, no pudiendo extenderse a [...] la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicci¨®n alguna el tribunal".
Es decir, que aunque Trillo estuviera a unos pocos metros de la Audiencia Nacional, para el tribunal estaba fuera del proceso y, por tanto, en otra galaxia.
Seis a?os de obst¨¢culos hasta llegar a la sentencia
- 31 de octubre de 2003. Los familiares denuncian el caso. Cuatro meses despu¨¦s del siniestro, los familiares presentan una denuncia en la Audiencia para "conocer la verdad" sobre el accidente del Yak-42.
- 2 de marzo de 2004. Errores en la identificaci¨®n. EL PA?S y El Heraldo de Arag¨®n publican el acta turca, firmada por los generales Vicente Navarro y Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n, que recoge que 30 cad¨¢veres no fueron identificados.
- 25 de marzo de 2004. La juez Teresa Palacios ordena el primer archivo. La juez archiva la causa al considerar que de la documentaci¨®n aportada "no se desprende la comisi¨®n de ning¨²n delito".
- 15 de junio de 2004. La Sala Penal obliga a la juez a reabrir el caso. Con el apoyo del fiscal, la Audiencia ordena a Palacios que reabra el caso e investigue la "dejaci¨®n de sus obligaciones" de quienes contrataron el avi¨®n y la posible responsabilidad penal de los generales en la identificaci¨®n de los fallecidos.
- 23 de noviembre de 2007. Grande-Marlaska archiva la causa por segunda vez. El juez considera que la atribuci¨®n aleatoria y err¨®nea de identidades a los cad¨¢veres es una conducta "grave", pero irrelevante e inocua desde el punto de vista penal.
- 29 de abril de 2008. La Sala vuelve a ordenar la reapertura. El tribunal da un serio varapalo al juez al considerar que los m¨¦dicos militares responsables de las autopsias pudieron cometer un delito de falsedad.
- 19 de mayo de 2009. La Audiencia condena a Navarro y dos subordinados. El tribunal sentencia a Navarro a tres a?os de prisi¨®n por falsedad en documento oficial. El comandante Jos¨¦ Ram¨®n Ram¨ªrez y el capit¨¢n Miguel S¨¢ez son condenados a un a?o y medio de c¨¢rcel.
El fallo de la Audiencia Nacional
- General de divisi¨®n Vicente Navarro. Tres a?os de prisi¨®n, multa de seis meses (10 euros diarios) y dos a?os de inhabilitaci¨®n especial para cargos o empleos p¨²blicos. Indemnizar con 10.000 euros a los herederos de cada uno
de los 30 militares mal identificados.
- Comandantes Jos¨¦ Ram¨®n Ram¨ªrez y Miguel ?ngel S¨¢ez. Un a?o y medio de prisi¨®n, tres meses de multa y un a?o de inhabilitaci¨®n. Indemnizar a los herederos si no lo hace Navarro.
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