La juez investiga ocho tel¨¦fonos de 'agentes' de la Comunidad de Madrid por el espionaje

La juez que investiga un supuesto delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos en el espionaje supuestamente ejecutado desde la Consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, se ha fijado en ocho personas para buscar al culpable de los seguimientos y localizar a la persona que los orden¨®.

Un auto judicial de hace m¨¢s de una semana requiere a la compa?¨ªa MoviStar, de Telef¨®nica, que facilite informaci¨®n sobre "el posicionamiento" de ocho n¨²meros de tel¨¦fono durante marzo, abril y mayo de 2008. Durante este periodo, los supuestos esp¨ªas de la Consejer¨ªa de Interior, dirigida por Francisco Granados, habr¨ªan hecho seguimientos a Manuel Cobo (durante semana y media) y a Alfredo Prada (durante varios meses). Prada fue destituido por Aguirre como consejero de Justicia mes y medio despu¨¦s de que finalizara el espionaje.

La juez quiere saber d¨®nde estaban esos m¨®viles los d¨ªas de los seguimientos

Dos de los aparatos pertenecen a Pinto y Palomo, que son empleados p¨²blicos

Los seguimientos al vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y a Prada, entonces consejero de Justicia (lleg¨® a ser vicepresidente segundo), se desarrollaron en los meses previos al congreso que el PP celebr¨® en Valencia en junio de 2008, y que supuso la confirmaci¨®n de Mariano Rajoy al frente del partido. En dicho congreso, la presidenta madrile?a amag¨® con disputar a Rajoy el tim¨®n del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno madrile?o y ahora es responsable del PP en el exterior.

Cuando el asunto del espionaje fue revelado por este diario, la presidenta regional se enfrent¨® a una investigaci¨®n interna de su partido, que no confiaba en los m¨¦todos del Ejecutivo de la dirigente popular para esclarecer el asunto. Tras unas semanas de tira y afloja con la direcci¨®n nacional del PP, Aguirre accedi¨® a que se celebrase una comisi¨®n de investigaci¨®n en la Asamblea de Madrid para aclarar los hechos. Pero la comisi¨®n result¨® un fiasco: la mitad de los comparecientes no declar¨®, por las prisas del Grupo Popular en la Asamblea de dar cerrojazo al asunto. La conclusi¨®n oficial fue que no hubo espiados ni esp¨ªas, y por tanto no pudo haber espionaje. El PP sac¨® adelante esta conclusi¨®n con su mayor¨ªa absoluta.

El auto de la juez tambi¨¦n pide que se investigue en especial el posicionamiento de esos ocho tel¨¦fonos entre las doce de la ma?ana y las seis de la tarde del 13 de mayo de 2008. Ese d¨ªa, en el parte de los esp¨ªas figura un seguimiento a Prada hasta el Parador Nacional de Chinch¨®n, donde estuvo entre las 12.20 y las 18.00, seg¨²n reflejan por escrito los esp¨ªas.

Los ocho n¨²meros de tel¨¦fono de los que tendr¨¢ que informar Telef¨®nica a la Polic¨ªa Judicial pertenecen a personal de confianza de la Direcci¨®n General de Seguridad Ciudadana de la Consejer¨ªa de Interior. De las ocho personas, s¨®lo dos son empleados p¨²blicos, los agentes Pinto y Palomo. Curiosamente, son los ¨²nicos de todo el personal fijo del departamento que no ten¨ªan a diario una funci¨®n de seguridad asignada a una consejer¨ªa determinada, sino que depend¨ªan directamente de Sergio Gam¨®n, el director de Seguridad Ciudadana, hombre de confianza de Aguirre. La presidenta le mantuvo a sueldo incluso despu¨¦s de ser destituido por entrar con alguno de sus hombres en el despacho de un alto cargo de la Consejer¨ªa de Justicia y, supuestamente, robar un ordenador.

Cuando Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, le destituy¨® como director general, Aguirre le orden¨® que le mantuviese en un puesto de responsabilidad con un sueldo muy elevado. Eso ocurri¨® hace casi un a?o, y Gam¨®n sigue con su sueldo pr¨®ximo a los 100.000 euros anuales.

IU y PSOE denunciaron en su d¨ªa que la presidenta auton¨®mica hab¨ªa "comprado" de esta manera "el silencio de Gam¨®n".

De los otros seis tel¨¦fonos que investiga la juez, tres corresponden a agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa que Gam¨®n fich¨® cuando le nombraron director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad, que son personal de su absoluta confianza y que s¨®lo trabajaban para ¨¦l. Los tres restantes los usan tres guardias civiles que fueron fichados personalmente por Granados, que los conoc¨ªa de Valdemoro, el municipio madrile?o del que fue alcalde. Estos tres guardias trabajaron un tiempo a las ¨®rdenes de Gam¨®n hasta que lleg¨® a la Consejer¨ªa de Interior, algunos meses despu¨¦s de acabados los espionajes de Prada y Cobo, el ex polic¨ªa Marcos Pe?a, un colaborador de la direcci¨®n nacional del PP en tareas de informaci¨®n sobre la teor¨ªa de la conspiraci¨®n del 11-M y similares.

Pe?a se encargaba de espiar por su cuenta asuntos relacionados con tramas corruptas en pueblos madrile?os dirigidos por socialistas, y en alg¨²n caso inform¨® al consejero de Interior madrile?o que, seg¨²n las fuentes a las que acud¨ªa, se hab¨ªa hallado la tarjeta de visita del ahora director general de Seguridad, Enrique Bar¨®n, en el bolsillo de una persona asesinada a las puertas de una discoteca de Madrid.