"Espa?a era un modelo para el mundo. ?Por qu¨¦ nos abandonan ahora?"

Un hombre que siendo ni?o presenci¨® 177 asesinatos, entre ellos, los de su familia, antes de abandonar su aldea de la mano del asesino. Una mujer cuya larga melena negra se volvi¨® blanca el d¨ªa que supo que su marido hab¨ªa sido torturado, asesinado y arrojado a un vertedero. Un barrio que perdi¨® a 14 vecinos, la mayor¨ªa ni?os, en la explosi¨®n de una bomba lanzada para matar a una sola persona. Son algunas de las historias de la justicia universal en Espa?a. Los supervivientes lloraron de gratitud el d¨ªa que atravesaron la puerta de la Audiencia Nacional para poder cont¨¢rselas a un juez. Hoy temen que todo quede en nada.

De salir adelante el pacto entre PP y PSOE para restringir la jurisdicci¨®n universal a los casos donde haya implicados espa?oles, dejar¨ªan de investigarse en Espa?a los supuestos genocidios maya, chino, tibetano y saharaui o la matanza de Gaza. Jueces, abogados, fiscales y ONG presentaron ayer un manifiesto con 329 firmas oponi¨¦ndose al pacto. Varias v¨ªctimas relataron a EL PA?S los motivos por los que acudieron a la justicia espa?ola. Ya no viven bajo el Estado al que acusan de genocidio y torturas, pero insisten en que hablan en nombre de muchos que siguen en el pa¨ªs del que huyeron.

Jueces, sindicatos y ONG firman un manifiesto contra el cambio de la ley

Limitar la justicia universal es aceptar chantajes, seg¨²n los abogados

Campos de reeducaci¨®n

Zhao Ming, practicante de Falun Gong, un movimiento espiritual prohibido por el Partido Comunista Chino, fue enviado a un campo de reeducaci¨®n y trabajos forzados durante 22 meses. Desde Dubl¨ªn, relata las torturas que en julio de 2007 describi¨®, ayudado de unos dibujos, al juez Ismael Moreno. "Me sentaron en un barre?o, con la cabeza entre las rodillas, y me empujaron debajo de una cama muy baja. Luego se sentaron encima para hacer presi¨®n. Despu¨¦s me dieron pu?etazos y golpes en las rodillas. Fui incapaz de andar durante dos semanas..." Ming asegura que fue liberado gracias al primer ministro irland¨¦s, el alto comisionado para los derechos humanos y Amnist¨ªa Internacional. Pero cuenta que dos semanas antes, cinco polic¨ªas le dieron, a modo de despedida, descargas el¨¦ctricas con seis porras simult¨¢neamente que le han dejado secuelas irreversibles.

Explica que en su pa¨ªs era imposible denunciar. Tampoco pod¨ªa acudir a la Corte Penal Internacional porque China no ha firmado el Estatuto que reconoce este tribunal. Si prospera el acuerdo entre el PP y el PSOE, la ¨²nica alternativa para las v¨ªctimas que dice representar ser¨¢ "sufrir y morir en silencio" en los 36 campos de reeducaci¨®n chinos.

Dai Zizhen, otra de las querellantes, asegura que viaj¨® a muchos pa¨ªses buscando justicia para su marido, torturado y asesinado en uno de esos campos. "Me agarr¨¦ al principio de justicia universal en Espa?a como el n¨¢ufrago a la ¨²nica tabla de salvaci¨®n. Llor¨¦ todo el rato mientras le contaba al juez el sufrimiento de mi marido, mi hija y m¨ªo. Ahora veo que nos abandona a nuestra suerte. El pueblo espa?ol era admirado en todo el mundo por perseguir a los genocidas y torturadores. ?Por qu¨¦ nos abandona ahora? ?Podr¨¢n dormir con el coraz¨®n sereno si llevan a cabo este cambio de ley?".

Tambi¨¦n se querell¨® contra el Gobierno chino Ngarang Sandrol, de 31 a?os. Asegura que la arrestaron por gritar dos frases: "?Larga vida al Dalai Lama!" y "?T¨ªbet libre!". Acudi¨® a la justicia espa?ola por una raz¨®n: "No quiero que nadie en T¨ªbet ni en el mundo sufra como lo hice yo".

Entre las querellantes del T¨ªbet hay varias mujeres que se ganaron el apodo de Las Monjas Cantantes de la Prisi¨®n de Draphchi por unas canciones al Dalai Lama que grabaron en prisi¨®n. Lograron sacar la cinta del penal, pero les cost¨® m¨¢s a?os de c¨¢rcel. Rinzin Choenyi, de 38 a?os, detenida en una manifestaci¨®n, vio subir su castigo de 7 a 12 a?os y sufri¨® torturas. "Un guardia me golpe¨® hasta paralizar mis brazos. Ni siquiera era capaz de lavarme la cara". Pide a PP y PSOE que reflexionen: "Espa?a debe seguir defendiendo su independencia, incluso si la presi¨®n china es muy fuerte. Los valores democr¨¢ticos espa?oles no tienen precio".

Sukeina Yed Ahlu, de 52 a?os, relat¨® al juez Garz¨®n la historia de su desaparici¨®n. "Las fuerzas de ocupaci¨®n marroqu¨ªes me secuestraron en 1981, me enviaron a c¨¢rceles de El Aioun, Galeat, Meguna, Agdez y me liberaron en 1991. En 1992, me detuvieron de nuevo". Acudi¨® a Espa?a porque piensa que "tiene una gran responsabilidad en la cuesti¨®n del S¨¢hara. Sigue siendo la potencia administradora del territorio, seg¨²n el derecho internacional". Y suplica: "Que la justicia est¨¦ por encima de decisiones pol¨ªticas e intereses estrat¨¦gicos".

Raj¨ª Sourani lleg¨® al barrio m¨¢s poblado de Gaza 15 minutos despu¨¦s de que Israel lanzara una bomba de una tonelada para matar a un terrorista de Ham¨¢s. "Llegu¨¦ a tiempo para oler de cerca la muerte. Vi c¨®mo sacaban los cuerpos, 14. Muchos ni?os". El director del Centro Palestino de Derechos Humanos explica que acudi¨® a Espa?a porque "demostr¨® con Pinochet que all¨ª no imperaba la ley de la selva, que hab¨ªa jueces independientes que pod¨ªan resistir la presi¨®n pol¨ªtica, algo que nunca hemos subestimado". "Si cambia la ley perderemos el ¨²ltimo lugar en la Tierra donde se pod¨ªa alcanzar justicia por cr¨ªmenes internacionales. Las v¨ªctimas ser¨¢n dobles v¨ªctimas".

Sus abogados achacan a intereses econ¨®micos y presiones diplom¨¢ticas la voluntad de cambiar la ley. Gonzalo Boye, autor de la querella contra Israel, recuerda que la ministra de Exteriores israel¨ª, Tzipi Livni, afirm¨® que Miguel ?ngel Moratinos le prometi¨®, poco despu¨¦s de que la querella se admitiera a tr¨¢mite, que cambiar¨ªa la ley. Alan Cantos, representante de las v¨ªctimas tibetanas, considera que el pacto entre PP y PSOE supone "limitar a la carta, seg¨²n conviene pol¨ªtica y econ¨®micamente, los compromisos internacionales adquiridos por Espa?a".