Absuelto un etarra que alquil¨® un piso a un comando terrorista
Una juez suspende cautelarmente el preg¨®n de un ex miembro de la banda
La Audiencia Nacional absolvi¨® ayer al etarra Gorka Mart¨ªnez del delito de colaboraci¨®n en el atentado cometido por ETA en 2002 en Portugalete contra la edil del PSE Esther Cabezudo. La Sala no ve pruebas, ni siquiera indiciarias, de su participaci¨®n en el atentado ejecutado por el comando Olaia, entonces integrado por el posterior jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki. La Secci¨®n Primera de la Sala Penal concluye que el acusado no puede ser condenado como c¨®mplice por haber alquilado su piso al comando que lo perpetr¨®, ya que para que exista "cooperaci¨®n necesaria" tiene que haber una colaboraci¨®n directa con el ejecutor.
Aunque el acusado era "plenamente consciente" de que utilizaban su casa para atentar, los etarras pudieron cometer este atentado, "a¨²n sin disponer del piso que proporciona el acusado o de su garaje". "Su aportaci¨®n no fue esencial" y tampoco se da la "existencia del elemento subjetivo": no conoce los hechos concretos que planifican y "llevan a cabo" los etarras.
Por otra parte, la juez de lo contencioso administrativo n¨²mero 1 de Bilbao ha convocado hoy a las partes para levantar, mantener o ratificar la decisi¨®n de suspender cautelarmente el acuerdo del Ayuntamiento de Igorre (Vizcaya), de ANV, por el que se nombraba a un ex etarra pregonero de las fiestas.
El juez estimaba as¨ª en un tiempo r¨¦cord, el recurso de la Delegaci¨®n del Gobierno en Euskadi para evitar que el ex etarra difundiera el preg¨®n. El ex miembro de ETA Guillermo Mara?¨®n, Txiki, fue condenado en 1998 a 24 a?os de c¨¢rcel por participar en el comando de soplones que intent¨® asesinar en cinco ocasiones al entonces consejero de Interior, Juan Mar¨ªa Atutxa.
El recurso del abogado del Estado apuntaba que la decisi¨®n supone un "esc¨¢ndalo pol¨ªtico, provoca alarma social y el descr¨¦dito de la democracia municipal". Se basa en la Ley de V¨ªctimas del Terrorismo, que establece que "los poderes p¨²blicos adoptar¨¢n medidas (...) para prevenir la realizaci¨®n de actos en p¨²blico que entra?en descr¨¦dito, menosprecio o humillaci¨®n de las v¨ªctimas".
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