Una empresa pelea judicialmente para que el Gobierno de Ayuso le pague 4,5 millones por unas mascarillas de hace cinco a?os

Cada cierto tiempo aflora un nuevo conflicto originado durante el loco mercado de las mascarillas de 2020. Sus protagonistas no siempre corrieron la misma suerte: unos empresarios se quisieron enriquecer de forma il¨ªcita; otros arrastran un enorme agujero y litigios por impagos. Este ¨²ltimo es el caso de dos socios que reclaman judicialmente 4,5 millones de euros al Gobierno madrile?o de Isabel D¨ªaz Ayuso por un pedido de mascarillas y trajes de protecci¨®n. Alegan que el Ejecutivo auton¨®mico les contact¨® por su experiencia en el sector y que, despu¨¦s de firmar el contrato y comprar la mercanc¨ªa en China, los responsables madrile?os les dejaron ¡°en la estacada¡±, sin poder embarcar en uno de los aviones fletados por Ayuso, como se les hab¨ªa prometido. A pesar de esto, agregan, encontraron un transporte alternativo y entregaron el material. La Comunidad deb¨ªa haber pagado antes de 60 d¨ªas, pero no lo ha hecho hasta hoy.

La empresa demandante, Care Quality Service Health SL (CQSH), contact¨® al entonces consejero de Sanidad, Enrique-Ruiz Escudero, para averiguar qu¨¦ pasaba. ¡°Era conocedor del asunto, pero no hizo nada para resolver la situaci¨®n¡±, dicen fuentes de la compa?¨ªa. Escudero no ha contestado a una solicitud de EL PA?S para conocer su versi¨®n.

Aparentemente, estos impagos con origen en la pandemia no son comunes. Asepal, patronal que representa a m¨¢s de 100 empresas del sector de los equipos de protecci¨®n individual (Epis), dice que desconoce otros supuestos.

El pleito est¨¢ residenciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a¨²n debe fijar una fecha para deliberaci¨®n y fallo. Fuentes judiciales indican que la secci¨®n encargada, la tercera de la sala de lo contencioso-administrativo, sufre retrasos.

Este peri¨®dico ha tenido acceso al escrito de conclusiones de CQSH. La compa?¨ªa sostiene que fue contactada por un alto cargo del Gobierno de Ayuso, el director general del proceso integrado de salud, Manuel de la Puente, quien se encargaba de buscar proveedores en aquellos d¨ªas desesperantes de la primera ola. CQSH no era una desconocida para los responsables sanitarios de la Comunidad porque, seg¨²n el buscador de contratos auton¨®mico, desde 2017 hab¨ªa cerrado una veintena de suministros para el Hospital Ram¨®n y Cajal de Madrid. Contaba con esa credencial frente a empresas ajenas al sector sanitario que aquellos d¨ªas sal¨ªan aparentemente de la nada y a las que s¨ª se pag¨®.

Tras varios d¨ªas de negociaci¨®n, De la Puente les envi¨® un ¡°acuerdo de contrataci¨®n¡± el 26 de marzo de 2020. El pacto contaba con el respaldo de otra alto cargo, la subdirectora general de contrataci¨®n, Susana ?lvarez, y con el de otra empleada de ese departamento, Mercedes ?lvarez. El Servicio Madrile?o de Salud (Sermas) solicitaba el suministro de 204.000 mascarillas de tipo FFP2, 50.000 de tipo FFP3 y 100.000 trajes de protecci¨®n. En total, el pedido ascend¨ªa a 5,6 millones de euros y deb¨ªa ser entregado en la capital espa?ola el 6 de abril de 2020. El Sermas se compromet¨ªa a que el producto fuera ¡°transportado desde China a Espa?a con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid¡±. Seg¨²n se lee en el escrito de conclusiones, los responsables de CQSH se pusieron manos a la obra.

Pidieron un cr¨¦dito bancario para pagar al fabricante chino, ya que estos solo aceptaban desembolsos por adelantado, como era la norma por entonces. Los empresarios mantuvieron puntualmente informado a De la Puente sobre la evoluci¨®n de la producci¨®n, enviando informes el 1, 2 y 4 de abril. Este ¨²ltimo d¨ªa comunicaron que la mercanc¨ªa estaba lista para su env¨ªo a Madrid. De la Puente no contest¨® a ninguno de esos correos.

Cuando el fabricante chino quiso cargar la mercanc¨ªa en el avi¨®n auton¨®mico que se preparaba para despegar desde Shangh¨¢i, les dieron con la puerta en las narices. Seg¨²n se lee, la administraci¨®n no dio explicaciones a la empresa espa?ola, que tuvo que buscar de urgencia un almac¨¦n y un avi¨®n alternativo para transportar el material. Para los empresarios demandantes esto supuso un roto. Dada la ¡°precaria situaci¨®n¡± en la que se encontraban, vendieron a otros clientes 60.010 de los 100.000 trajes que hab¨ªan comprado.

El producto aterriz¨® finalmente a Barajas el 30 de abril y el 5 de mayo de 2020, y CQSH lo entreg¨® en el pabell¨®n 10 de Ifema, como hab¨ªa sido acordado, seg¨²n el escrito de conclusiones. Por entonces, el centro de convenciones hab¨ªa sido reconvertido en un gran espacio sanitario. Seg¨²n la versi¨®n de los demandantes, acreditada con albaranes, la Comunidad se qued¨® con la mercanc¨ªa y no puso objeci¨®n.

Pero el pago nunca lleg¨®. Tras ¡°m¨²ltiples intentos y requerimientos de cobro¡±, los empresarios presentaron su demanda en septiembre de 2021. Reclaman 4,5 millones, una cuant¨ªa que incluye 2,8 millones por el material, 1,3 millones por da?os y perjuicios y 288.286 euros por intereses de demora hasta la fecha de la demanda. Este ¨²ltimo concepto aumentar¨ªa si la sentencia es favorable para los empresarios, de modo que la cifra a cargo de las arcas madrile?as superar¨ªa previsiblemente los cinco millones de euros.

La Comunidad de Madrid se limita a decirle a este peri¨®dico que no tiene nada que comentar porque el asunto est¨¢ judicializado, pero EL PA?S ha podido averiguar cu¨¢l es su defensa gracias al escrito de la empresa demandante. El Ejecutivo de Ayuso alega que el acuerdo del 26 de marzo de 2020 era en realidad solo un ¡°prepedido¡± que posteriormente modific¨®, anulando lo solicitado en primer lugar. CQSH contrapone que no recibi¨® comunicaci¨®n alguna de esa supuesta sustituci¨®n de la orden. Se trata de ¡°un documento unilateral, ni siquiera fechado, tra¨ªdo al proceso para justificar un menor pedido¡±, dice CQSH.

Adem¨¢s, el Gobierno de Ayuso sostiene, sin pruebas, seg¨²n el escrito de conclusiones, que no se hab¨ªa comprometido a montar la mercanc¨ªa en uno de sus aviones. En cambio, los empresarios aportan al juzgado la resoluci¨®n de 26 de marzo, seg¨²n la cual el material ser¨ªa ¡°transportado desde China a Espa?a con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid¡±. Y otro argumento del Ejecutivo auton¨®mico es que el material finalmente entregado no era el que hab¨ªa pedido. Sobre esto, CQSH SL aduce que cuando entregaron la mercanc¨ªa, tampoco se les comunic¨® objeci¨®n alguna.

Los empresarios han optado por no hacer declaraciones a este peri¨®dico. Sus abogados, Antonio Ben¨ªtez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, y Mar¨ªa Jos¨¦ Amo Gago, directora de la citada firma, recalcan en conversaci¨®n con EL PA?S que la administraci¨®n madrile?a no puede desvincularse de un contrato despu¨¦s de haberlo suscrito y pretender que esto no tenga ninguna consecuencia. ¡°La Comunidad de Madrid contrat¨® con nuestro cliente y despu¨¦s lo dej¨® en la estacada¡±, dicen por escrito, ¡°se qued¨® con la mercanc¨ªa y no la pag¨®¡±.

Cinco a?os despu¨¦s, los empresarios est¨¢n inmersos en un proceso ralentizado por el atasco judicial. Los abogados explican que la secci¨®n encargada ¡°tiene mucho retraso por bajas continuadas de magistrados que no se cubren¡±, indican. ¡°Pero no debe tardar mucho¡±.

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