Traballo reclama a Madrid que deniegue el ERE de Pascual

El ERE de extinci¨®n de contratos que pretende el grupo Leche Pascual para los 155 trabajadores de la planta lucense de Outeiro de Rei "no se justifica" en ninguna de las tres argumentaciones (econ¨®micas, organizativas y tecnol¨®gicas) que se requieren para su planteamiento. As¨ª se lo comunic¨® ayer oficialmente la Xunta al Ministerio de Trabajo, en quien recae la responsabilidad ¨²ltima sobre la resoluci¨®n de este expediente. Fue justo en el d¨ªa en que la empresa traslad¨® al comit¨¦ una modificaci¨®n de sus pretensiones iniciales, sobre las que hoy se pronunciar¨¢n los trabajadores en asamblea.

La Conseller¨ªa de Traballo ha sido la encargada de realizar el informe negativo a las pretensiones de la empresa burgalesa para deshacerse de los 155 trabajadores. La Xunta afirma que "no existe justificaci¨®n objetiva" para el ERE y pide al ministro de Trabajo que exija a la empresa las cuentas auditadas de los tres ¨²ltimos ejercicios, "una documentaci¨®n que hasta el momento no se ha presentado", seg¨²n la conseller¨ªa. El departamento de Beatriz Mato remiti¨® al ministerio un informe sobre las ayudas de ocho millones de euros otorgadas por la Xunta a Pascual para modernizar la factor¨ªa de Lugo.Aunque la empresa alega causas econ¨®micas, Traballo advierte que los ¨²nicos datos aportados son los correspondientes a 2007, ejercicio en el que se reflejan unas ganancias superiores a los dos millones de euros.

La Xunta tambi¨¦n matiza la argumentaci¨®n empresarial que se fundamenta en la ca¨ªda de ventas en 2008. En este punto, la Administraci¨®n auton¨®mica alega que parte de esa reducci¨®n vino motivada por el "rechazo" del mercado a la gama de yogures, concretamente de los PMI, lo que "no avala" un ERE, ya que estos productos se elaboraron en la planta de Aranda, donde el expediente afecta s¨®lo a un 10% de la plantilla.

Traballo recuerda que la factor¨ªa de Lugo recibi¨® de la UE, a trav¨¦s de la Conseller¨ªa de Medio Rural, ayudas por un importe de casi ocho millones de euros, cifra a la que hay que a?adir 735.000 euros del Igape. La Xunta concluye que es "l¨®gico" mantener una planta en el norte de Espa?a y sostiene que la decisi¨®n de Pascual es "una deslocalizaci¨®n que nada tiene que ver con causas justificativas para un ERE".