Del escolta a la infamia

Decididamente, no hay duda de que existe un peculiar modo de razonar, com¨²n a los presidentes de Diputaci¨®n de las provincias del sur de Galicia. Si en mi ¨²ltima columna alud¨ªa a Pontevedra, ahora le toca el turno a Ourense. Y es que ese peculiar modo de razonar se ha puesto de manifiesto en el episodio del ch¨®fer-escolta de esta Diputaci¨®n, que es utilizado en horario laboral para llevar a los nietos de su presidente al colegio. Ante las cr¨ªticas que ha suscitado el uso de empleados p¨²blicos para fines particulares, Baltar ha recurrido a un argumento sorprendente, a saber: que ¨¦l nunca oblig¨® al escolta a realizar las labores de transportista escolar y que el escolta lo hace porque quiere; consiguientemente, "mientras ¨¦l quiera, seguir¨¢ haci¨¦ndolo".

Donde s¨ª hay claros indicios de delito es en las acusaciones de Baltar contra Quintana

Frente a semejante argumentaci¨®n hay que responder que el hecho de que el escolta realice voluntariamente dicha labor no elimina de ning¨²n modo la responsabilidad que, en su caso, pudiese corresponder a Baltar por permitir que el escolta la lleve a cabo. Como presidente de la Diputaci¨®n, es ¨¦l precisamente quien tiene atribuida la competencia administrativa originaria para gestionar los recursos p¨²blicos asignados a su cargo. De ah¨ª que, si conoce una actividad il¨ªcita y est¨¢ en condiciones de impedirla, tiene el deber jur¨ªdico de actuar, y si permite que dicha actividad contin¨²e, ser¨¢ responsable de ella por omisi¨®n, del mismo modo que, si un funcionario tiene a su disposici¨®n caudales p¨²blicos y consiente que otra persona los sustraiga, es tan responsable de la sustracci¨®n como si ¨¦l mismo se hubiese apropiado directamente de tales caudales.

En suma, la licitud jur¨ªdica de la actividad de llevar a los nietos al colegio no puede depender de que el escolta la realice voluntariamente, sino ¨²nicamente de que no infrinja una norma que proh¨ªba tal actividad. Eso s¨ª, en lo que tiene raz¨®n Jos¨¦ Luis Baltar es en que esa actividad no constituye un delito ("que me lleven al juzgado", ha afirmado en su defensa); no obstante, que no sea delito no implica que sea jur¨ªdicamente correcta, puesto que puede infringir una norma administrativa, que, si no existe en este caso, desde luego deber¨ªa existir.

Por el contrario, donde s¨ª hay claros indicios de delito es en la intervenci¨®n de Baltar en un mitin de la pasada campa?a electoral gallega, en el que dio p¨¢bulo a la infamia de que Quintana hab¨ªa maltratado a su mujer; y aqu¨ª s¨ª va a tener que acudir al juzgado, puesto que Quintana y su ex pareja acaban de presentar una querella criminal. En su respuesta a la querella surge de nuevo el peculiar modo de razonar de Baltar: de un lado, no cree que "sea material penal lo que se dice en un mitin"; de otro lado, asegura que las imputaciones a Quintana "eran vox p¨®puli".

Frente a estos baltariles argumentos, hay que oponer que, si bien los personajes p¨²blicos como Quintana est¨¢n obligados a soportar ataques a su honor m¨¢s intensos que los restantes ciudadanos, lo que nunca est¨¢ permitido es la "imputaci¨®n de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad", porque esto es lo que nuestro C¨®digo Penal define como calumnia. Y su responsabilidad por calumnia en forma alguna puede quedar eliminada por ser proferida en un mitin en un pabell¨®n de deportes (que, por ahora, no es todav¨ªa un Parlamento), o por invocar esa sedicente e ignota "vox p¨®puli", que, en versi¨®n latina, variante galaica, facci¨®n boina, nos recuerda el "sano sentimiento del pueblo alem¨¢n" que el C¨®digo Penal nazi utilizaba para definir lo que deb¨ªa ser delito. Por lo dem¨¢s, ¨¦l mismo nos aporta la prueba definitiva de la calumnia, cuando ahora asegura: "Si lo que afirm¨¦ en el mitin no es cierto, me retracto". Es una prueba evidente de que en el momento de la imputaci¨®n del delito de malos tratos actu¨® con temerario desprecio hacia la verdad.

Con todo, antes de esta marcha atr¨¢s (a su manera), Baltar todav¨ªa tuvo oportunidad de ahondar en la infamia, cuando, ante el anuncio de la querella de Quintana, respondi¨®: "Lo tiene claro si quiere resucitar meti¨¦ndose ahora conmigo". De ah¨ª que haya que respaldar a Quintana en una querella que s¨®lo ¨¦l est¨¢ legitimado para presentar, al tratarse de un delito que ¨²nicamente es perseguible a instancia de la persona ofendida. Y es que no s¨®lo est¨¢ en juego la defensa del honor de Quintana, sino adem¨¢s el inter¨¦s de la comunidad en erradicar la infamia que envilece la vida p¨²blica.