La fiscal¨ªa sufre un rev¨¦s en su plan contra los delitos urban¨ªsticos

La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de C¨¢diz ha sufrido un rev¨¦s en su particular batalla contra los delitos urban¨ªsticos. Su petici¨®n de que los arquitectos implicados en la falsificaci¨®n de certificados de obra para dar apariencia de legalidad a viviendas irregulares sean considerados funcionarios p¨²blicos, con lo que se ampl¨ªan las penas y el tiempo en el que prescriben los hechos, acaba de ser rechazada por la Audiencia Provincial de C¨¢diz. Es un cambio de criterio porque el mismo ¨®rgano judicial hab¨ªa aceptado a principios de a?o esta consideraci¨®n.

El rechazo ha quedado reflejado en un auto de la secci¨®n tercera de la Audiencia Provincial gaditana. Los jueces se han opuesto a un recurso de la Fiscal¨ªa contra un auto de un juzgado de instrucci¨®n de C¨¢diz que hab¨ªa archivado una causa contra un arquitecto t¨¦cnico por haber prescrito los delitos que se le imputaban (el de falsedad de documento p¨²blico cometido por particulares y el de ordenaci¨®n del territorio). Se superaban los cuatro a?os transcurridos entre los hechos y la denuncia y esos hechos no est¨¢n tipificados con m¨¢s tres a?os de prisi¨®n.

El fiscal recurri¨®, al igual que ha hecho con otros casos similares. Reclam¨® que sobre el arquitecto recayese la tipificaci¨®n aplicada a funcionario p¨²blico. El Ministerio P¨²blico cree que estos profesionales act¨²an como tal al realizar funciones espec¨ªficas recogidas en el reglamento hipotecario. En enero la secci¨®n primera de la Audiencia Provincial levant¨® el archivo dictado sobre un caso al aceptar este razonamiento. Pero la secci¨®n tercera acaba de tumbarlo. "La funci¨®n del arquitecto era expedir por encargo de otros particulares una certificaci¨®n sobre la existencia o no de una edificaci¨®n, pero ello no le convierte en funcionario p¨²blico a efectos penales", dice el auto conocido ayer. "No est¨¢ vinculado ni directa ni indirectamente a ninguna administraci¨®n p¨²blica o institucional", a?ade.

Los jueces de la Audiencia de C¨¢diz utilizan jurisprudencia del Tribunal Supremo para argumentar su resoluci¨®n.

Esta decisi¨®n deja en el aire el logro que gener¨® la satisfacci¨®n del entonces coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andaluc¨ªa, ?ngel N¨²?ez. Este fiscal cre¨ªa que el auto de la secci¨®n primaria establecer¨ªa un criterio ¨²nico en todos los casos similares. Pero no ha sido as¨ª. La secci¨®n tercera reconoce que su decisi¨®n puede favorecer la prescripci¨®n de los delitos.

"A¨²n lamentando que los presuntos delitos investigados pueden quedar impunes por el escaso lapso prescriptivo (...), lo cierto es que a fecha de hoy la legislaci¨®n referida no otorga otra soluci¨®n", justifica el juez.

Con la consideraci¨®n de funcionario p¨²blico el tiempo en que el delito prescribe es de diez a?os y permite mantener la causa abierta contra el resto de implicados.