Debate est¨¦ril

En la Constituci¨®n no existe el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. Por no existir no existe ni siquiera la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) tal como definitivamente se ha acabado insertando en nuestro ordenamiento, ya que no queda nada claro del tenor literal del art¨ªculo 157.3 de la Constituci¨®n que la Ley Org¨¢nica que en dicho apartado de la Constituci¨®n se menciona tuviera que tener el contenido que la LOFCA ha acabado teniendo. Pero la LOFCA y el Consejo existen y se han convertido en piezas clave de nuestra Constituci¨®n territorial, de las que no pueden prescindir los agentes pol¨ªticos, gobierno y parlamento estatal y gobiernos y parlamentos auton¨®micos, cuando de definir la financiaci¨®n del Estado auton¨®mico, esto es, tanto del Estado como de las comunidades aut¨®nomas, se trata.

Esto lo sabe el presidente del Gobierno, el presidente de la Generalitat, el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, el presidente de la Xunta de Galicia, as¨ª como cualquier ciudadano razonablemente informado. El presidente del Gobierno no puede, ni en solitario ni mediante una relaci¨®n bilateral con un presidente de una comunidad aut¨®noma, definir la financiaci¨®n del Estado auton¨®mico. No hay pacto que pueda ser cerrado entre ambos. El ¨²nico pacto que es posible es el pacto multilateral, que, eso s¨ª, no tiene por qu¨¦ cerrarse por unanimidad, sino que puede cerrarse por mayor¨ªa. Pero tiene que ser un pacto multilateral y en el seno del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. Dicho pacto es el que posteriormente las Cortes Generales tienen que hacer suyo mediante la reforma de la LOFCA.

Justamente por eso, no se entiende que llevemos varias semanas con declaraciones p¨²blicas del presidente del Gobierno, del de la Generalitat, del de la Junta de Andaluc¨ªa y del de la Xunta sobre si el nuevo modelo de financiaci¨®n va a ser aceptable para ellos o no, como si de un problema bilateral se tratara. El proyecto del modelo de financiaci¨®n del Estado auton¨®mico tendr¨¢ que ser presentado por el Gobierno de la Naci¨®n ante el Consejo y, tras el debate correspondiente, tendr¨¢ que ser bien aprobado en los mismos t¨¦rminos en que ha sido remitido, bien aprobado con las modificaciones que resulten de las enmiendas que sean presentadas y resulten aprobadas o bien rechazado. Nada de lo que se diga fuera del Consejo va a tener la m¨¢s m¨ªnima relevancia, porque dada su composici¨®n resulta inimaginable que no sea sino en la confrontaci¨®n en el interior del Consejo como pueda definirse la financiaci¨®n del Estado y de las comunidades aut¨®nomas.

El debate al que estamos asistiendo es completamente est¨¦ril. Me imagino que, a estas alturas del gui¨®n, la vicepresidenta econ¨®mica y los distintos consejeros de econom¨ªa de las comunidades aut¨®nomas han contemplado ya todas las posibilidades y tienen fijados los l¨ªmites de lo que entender¨ªan que ser¨ªa aceptable o inaceptable, tanto en t¨¦rminos absolutos como relativos. Todos, adem¨¢s, m¨¢s o menos saben lo que es aceptable o inaceptable para los dem¨¢s. Entre esos l¨ªmites hay que moverse para intentar llegar a un acuerdo. As¨ª se ha hecho en el pasado y as¨ª se va a seguir haciendo en la pr¨®xima reuni¨®n del Consejo. Ni el presidente del Gobierno ni nadie puede impedir que as¨ª vaya a suceder.

Por eso no se entiende la catarata de declaraciones sobre la financiaci¨®n auton¨®mica que se han producido y se siguen produciendo. No alcanzo a ver qu¨¦ beneficio piensan que pueden obtener quienes est¨¢n haciendo esas declaraciones. Mi impresi¨®n es que est¨¢n tirando piedras contra el tejado com¨²n, lo que al final viene a ser lo mismo que tirar piedras contra el propio tejado.