La Junta prepara una ley de punto final de la reforma agraria para 2011
Permitir¨¢ el acceso a la propiedad de 35.000 hect¨¢reas explotadas por colonos
La reforma agraria impulsada por la Junta de Andaluc¨ªa en la d¨¦cada de los ochenta, con el gobierno de Jos¨¦ Rodr¨ªguez de la Borbolla, quedar¨¢ muy pronto reducida a un episodio nost¨¢lgico de la historia m¨¢s reciente de la comunidad. El Gobierno auton¨®mico quiere aprobar antes del final de esta legislatura la Ley de Finalizaci¨®n de los Asentamientos Agrarios, con la que quiere cerrar el proceso iniciado con la puesta a disposici¨®n de los colonos de parcelas de tierra procedentes de los latifundios expropiados hace un cuarto de siglo. La intenci¨®n es racionalizar el uso de las 35.000 hect¨¢reas adquiridas en su d¨ªa por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y cedidas a los antiguos concesionarios, que ahora podr¨¢n acceder a la propiedad definitiva. Adem¨¢s, la ley requisar¨¢ las tierras que est¨¦n infrautilizadas y reservar¨¢ un peque?o porcentaje para tareas de investigaci¨®n y experimentaci¨®n de la Administraci¨®n.
"Queremos dar el punto final a la Ley de Reforma Agraria, que se plante¨® con unas necesidades y demandas del campo andaluz en los a?os ochenta que, afortunadamente, nada tienen que ver con la situaci¨®n actual", explica la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, que conf¨ªa en tener aprobado este proyecto de ley en 2011. Su departamento trabaja ahora en la actualizaci¨®n del inventario de asentamientos agrarios titularidad del IARA. La mayor parte de ellos est¨¢n ubicados en las provincias del Bajo Guadalquivir, donde se declararon miles de hect¨¢reas de inter¨¦s general y se transformaron en regad¨ªo cultivos de olivar, arroz, algod¨®n, trigo o remolacha. Eran parcelas de unas 10 hect¨¢reas cada una que explotaban cooperativas de colonos.
De alguna manera, Aguilera ha querido afrontar la proposici¨®n no de Ley presentada en junio de 2007 por el PSOE, y que fue apoyada por PP y PA, para dar por concluida la pol¨ªtica de asentamiento en las tierras p¨²blicas, recogidas en el T¨ªtulo III de la Ley de Reforma Agraria que apadrin¨® el que fuera consejero Miguel Manaute. De acuerdo con ese iniciativa legislativa, se debe contemplar la apertura de un per¨ªodo durante el cual se permita el acceso a la propiedad de todos aquellos concesionarios y adjudicatarios de tierras, propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), en cuyos t¨ªtulos de adjudicaci¨®n no est¨¦ prevista esta posibilidad. "Los que est¨¢n trabajando esas tierras tendr¨¢n prioridad para quedarse con ellas", apunta la consejera Clara Aguilera.
Otro asunto que deber¨¢ abordar la ley es actualizar el valor de esas tierras, un proceso que se abordar¨¢ por el sistema de capitalizaci¨®n del rendimiento atribuido a las mismas, corregido en funci¨®n de la antig¨¹edad de la adjudicaci¨®n, as¨ª como del esfuerzo inversor y de generaci¨®n de empleo acreditado por el adjudicatario durante el per¨ªodo de la concesi¨®n. A ello habr¨¢ que aplicar la deducci¨®n del precio final de las tierras, en el supuesto de acceso a la propiedad, de los importes abonados en concepto de canon por los adjudicatarios. "Queremos que la ley defina esos asentamientos y eval¨²e en qu¨¦ situaci¨®n se encuentran, pues muchos que eran antes terrenos r¨²sticos se enclavan ahora en zonas urbanas, y habr¨¢ que concretar las caracter¨ªsticas para que se puedan vender y que los colonos compren o, en su caso, arrienden", subraya Aguilera.
Con esta revisi¨®n, Agricultura pretende tambi¨¦n adquirir las tierras que ahora est¨¢n infrautilizadas y acabar con las situaciones de "picaresca" que se dan en la actualidad. Aunque no es la regla general, son muchos los colonos que no han pagado el canon establecido cuando recibieron las tierras para su explotaci¨®n. "Si unos pagan y otros no se produce una situaci¨®n de injusticia que debemos corregir", precisa la consejera. Aguilera espera que esta ley salga adelante con el mayor consenso pol¨ªtico posible, incluso con el del ala m¨¢s radical de IU, donde el parlamentario Juan Manuel S¨¢nchez Gordillo viene reclamando una nueva reforma agraria.
Las causas que inspiraron la reforma agraria de los a?os ochenta fue el aumento de los latifundios en Andaluc¨ªa y el descenso de la renta agraria. Sirva como ejemplo que, mientras que en 1955 la aportaci¨®n a la agricultura al PIB andaluz era del 29,4%, en 1981 se redujo al 10,9%. Algo similar ocurr¨ªa con el empleo, pues el sector agrario ocupaba en 1955 el 56,7% de la poblaci¨®n activa total, mientras que en 1983 era s¨®lo el 20,4%.
Seg¨²n el ¨²ltimo informe agrario elaborado por Analistas Econ¨®micos, sociedad de estudios del Grupo Unicaja, el precio medio de la tierra agraria en Andaluc¨ªa era en 2007 de 21.970 euros por hect¨¢rea frente a los 10.402 euros por hect¨¢rea en el ¨¢mbito nacional. Adem¨¢s, en el periodo 1999-2005 desaparecieron 113.414 explotaciones agrarias andaluzas, lo que supone un descenso en torno al 30%, mayor que el registrado en el conjunto de Espa?a.
Latifundios que se llevan los fondos de la UE
El campo andaluz est¨¢ cada vez m¨¢s atomizado pero sigue ofreciendo no pocas paradojas. M¨¢s de la mitad de las explotaciones agrarias de la comunidad no superan las cinco hect¨¢reas, pero llama la atenci¨®n que sean las grandes fincas mayores de 100 hect¨¢reas -que suponen s¨®lo el 3,24% del total- las que acaparan el 55,5% de la superficie total agraria. Este dato est¨¢ estrechamente relacionado con el hecho de que menos del 1% de los agricultores se lleven el 20% de las ayudas comunitarias que recibe Andaluc¨ªa. El tama?o medio de las fincas agr¨ªcolas utilizadas en Andaluc¨ªa se sit¨²a en 17,6 hect¨¢reas, frente a las 23,2 de la media espa?ola.
Seg¨²n el informe Andaluc¨ªa Datos B¨¢sicos 2009 del Instituto de Estad¨ªstica de Andaluc¨ªa (IEA), en Andaluc¨ªa hay 254.293 explotaciones agrarias. Las que m¨¢s predominan (el 30,91%) son las que tienen entre dos y cinco hect¨¢reas, seguidas de las que tienen de una a dos (el 22,84%) y las que est¨¢n comprendidas entre cinco y 10 (15,94%). El informe, elaborado a partir de la Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agr¨ªcolas de 2007, pone de relieve que las 8.234 fincas mayores de 100 hect¨¢reas concentran una superficie de m¨¢s de 3,3 millones de hect¨¢reas, con el a?adido de que s¨®lo 2,3 millones es superficie agr¨ªcola utilizada, es decir, tierras labradas.
El estudio es gen¨¦rico y no extrapola los datos por cultivos, por lo que conviene se?alar que no es lo mismo una finca de 100 hect¨¢reas de cereal -apenas da para vivir- que 100 hect¨¢reas de olivar -un privilegio de las rentas m¨¢s altas-. Tampoco tienen el mismo valor dos hect¨¢reas de invernaderos en Almer¨ªa que dos hect¨¢reas de algod¨®n en el Bajo Guadalquivir. "Hace falta otro modelo agr¨ªcola que se base en agricultores profesionales y que rechace a empresarios de otros sectores que tienen la agricultura como refugio e invierten s¨®lo por razones especulativas", se?ala Agust¨ªn Rodr¨ªguez, secretario regional de la Uni¨®n de la Peque?os Agricultores (UPA). En Andaluc¨ªa, el 0,93% de los agricultores recibieron en el periodo 2003-2005 el 20% del total de las subvenciones de Bruselas. La Consejer¨ªa de Agricultura ha sido una de las primeras del pa¨ªs en publicar la identidad de los perceptores de las ayudas agr¨ªcolas de la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n (PAC). Sin embargo, el grupo parlamentario socialista ha planteado, adem¨¢s, una nueva redistribuci¨®n de las ayudas para incentivar a los que verdaderamente viven de la agricultura.
Aunque en Andaluc¨ªa cada vez son menos los latifundios -extensiones de varios cientos de hect¨¢reas- tambi¨¦n es cierto que el peque?o tama?o de la mayor parte de las fincas tiene que ver con la existencia de muchos agricultores a tiempo parcial. "Las explotaciones agrarias andaluzas est¨¢n poco dimensionadas, primero por la dificultad de acceso a la tierra y segundo porque la PAC no incentiva suficientemente la incorporaci¨®n de j¨®venes a la agricultura, no existe relevo generacional", sostiene Agust¨ªn Rodr¨ªguez, de la UPA.
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