El consejero insumiso

El Tribunal Supremo acaba de dictar una ¨²ltima sentencia que obliga a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n a reconocer la titulaci¨®n de Filolog¨ªa Catalana en las pr¨®ximas convocatorias de oposiciones para acceder al cuerpo docente. No es la ¨²nica. Todas las sentencias emitidas respecto a la unidad ling¨¹¨ªstica del valenciano y el catal¨¢n son muy claras. Y van ya 21 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, 3 del Tribunal Supremo y una del Constitucional. La desproporcionada jurisprudencia consolidada al respecto -desde que el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del Pa¨ªs Valenci¨¤ (STEPV) gan¨® en 1997 el primer recurso en el Constitucional contra la organizaci¨®n ultraderechista Alternativa Universitaria- ha sido ratificada con creces en sucesivos fallos a favor de CC OO, Acci¨® Cultural y las Universidades de Valencia, Alicante y Castell¨®n, que llevan casi dos d¨¦cadas de lucha en los tribunales por la homologaci¨®n de un t¨ªtulo estatal que la Generalitat no reconoce a¨²n. Y han ganado la batalla. Pero su aplicaci¨®n no.

Dos argumentos son reiterados en pr¨¢cticamente todas las sentencias, incluida la del Constitucional. Primero, que "hay campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una com¨²n tradici¨®n hist¨®rica y la existencia de comunidades de investigadores, nacionales o internacionales". Y segundo, que "la licenciatura de Lengua o Filolog¨ªa Catalana avala sobradamente el conocimiento de la lengua de esta Comunidad, denominada oficialmente valenciana en su Estatuto de Autonom¨ªa y, en el ¨¢mbito acad¨¦mico, catalana".

Pero la ¨²ltima novedad, a ra¨ªz de la reciente sentencia del TSJ ganada por CC OO, es que el juez ponente Rafael Manzana Laguarda condena a la Generalitat a pagar las costas (al igual que hace el Supremo) porque imputa una conducta de desobediencia a la Administraci¨®n valenciana. Lo que, en este caso, se singulariza en el consejero Alejandro Font de Mora, que la dirige pol¨ªticamente, y en el director general de Personal, David Barelles, que firma la orden recurrida. "Es a ellos a quienes hay que imputar una conducta que el juez califica de "temeraria" y de "faltar, reiteradamente, a su obligaci¨®n de respetar y cumplir las sentencias firmes (art¨ªculos 118 de la Constituci¨®n espa?ola y el 17.2 de la Ley del Poder Judicial", afirma el sindicato.

"?sta es una acusaci¨®n lo suficientemente grave", concluye el especialista del Servei de Normalitzaci¨® Ling¨¹¨ªstica de la Universitat de Val¨¨ncia y asesor del STEPV, Alfons Esteve.

Desde que los tribunales han optado por condenar a la Administraci¨®n a pagar los costes, entre noviembre de 2008 y junio de 2009, el incumplimiento de la consejer¨ªa acumula 6.000 euros a cargo de las arcas p¨²blicas. "En tiempos de crisis, ?c¨®mo explicas a un ciudadano en paro que estos desacatos del consejero cuestan 1.000 euros al mes?", se pregunta.

"Una Administraci¨®n no puede recortar los derechos de un titulado, porque no se trata de un t¨ªtulo propio de la Consejer¨ªa. Filolog¨ªa Catalana es el ¨²nico t¨ªtulo reconocido a nivel internacional. Si un profesor quiere trabajar en el departamento de Filolog¨ªa Catalana de la Universidad de Colonia (Alemania), necesita el reconocimiento oficial del t¨ªtulo", concluye Esteve.