Los 31 alcaldes de La Axarqu¨ªa exigen cambiar la ley urban¨ªstica

La soluci¨®n a las m¨¢s de 10.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en La Axarqu¨ªa puede resultar tan sencilla como cambiar la ley. Es decir, en lugar de sancionar o modificar lo que es ilegal, variar la norma para que deje de serlo. As¨ª lo piensan los 31 alcaldes de la comarca, sin distinci¨®n de color pol¨ªtico, que el pasado mi¨¦rcoles aprobaron por unanimidad una moci¨®n en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental en la que se insta a la Junta a la modificaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa (LOUA). Los alcaldes quieren un reglamento que contemple la particularidad de la zona y permita en ciertos casos viviendas diseminadas en el suelo no urbanizable y modificar tambi¨¦n el Plan de Ordenaci¨®n del Territorio.

Es la misma batalla que los alcaldes de la zona ya plantearon durante la elaboraci¨®n de la LOUA, que entr¨® en vigor en enero de 2003. Los alcaldes justifican su petici¨®n ahora en dar "garant¨ªa jur¨ªdica a los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenaci¨®n y para establecer un marco jur¨ªdico unitario de aplicaci¨®n por parte de los responsables municipales".

Y es que los alcaldes ax¨¢rquicos se quejan de que ha habido un marco normativo "disperso y cambiante", que reprochan a la Junta, y que ha obstaculizado la planificaci¨®n urban¨ªstica del los municipios, cuando no ha habido directrices contradictorias.

El portavoz del PSOE en la Mancomunidad, Francisco Mu?oz, explica que con la propuesta "no se trata de querer eludir ninguna responsabilidad", sino de paliar una situaci¨®n de "desconcierto social" por la incertidumbre de muchos ciudadanos sobre el futuro de sus viviendas y la par¨¢lisis total de la actividad de la construcci¨®n en la comarca. Para propiciar el reimpulso, la mancomunidad ha instado a instituciones p¨²blicas y agentes sociales a firmar un pacto social por el urbanismo en la Axarqu¨ªa.Los alcaldes de La Axarqu¨ªa buscan casi a la desesperada soluciones al embrollo jur¨ªdico por la proliferaci¨®n de viviendas en el suelo r¨²stico no urbanizable. Una de sus pretensiones es que la cuesti¨®n de la legalidad de las licencias de obras para este tipo de construcciones se sustancien exclusivamente en el ¨¢mbito de lo contencioso-administrativo, y no en la v¨ªa penal, es decir, que se anulen en todo caso las licencias pero que no se consideren una prevaricaci¨®n, como tipifica el C¨®digo Penal.

Al menos 19 mun¨ªcipes de la comarca est¨¢n implicados en procedimientos penales por concesi¨®n de permisos para construir en suelo no urbanizable o por no haber actuado para impedirlo. Otra cosa son los casos de corrupci¨®n en los que un responsable municipal haya podido incurrir en cohecho. En el escrito que los alcaldes del PSOE entregaron hace dos meses al ministro de Justicia, Francisco Caama?o, con esta petici¨®n de no aplicar la acci¨®n penal se exclu¨ªa expl¨ªcitamente el caso de Alcauc¨ªn, donde la Guardia Civil ha destapado una trama de cobro de comisiones y favores urban¨ªsticos presuntamente tejida por Jos¨¦ Manuel Mart¨ªn Alba, que dimiti¨® como alcalde tras ser detenido el 27 de febrero y fue expulsado del PSOE.

En el acuerdo adoptado por la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental se propone la creaci¨®n de una mesa de di¨¢logo entre ayuntamientos, Junta y Diputaci¨®n para "buscar soluciones factibles y aplicables con el objeto de solucionar esta situaci¨®n de desajuste urban¨ªstico, normativo y legal". Lo curioso del asunto es que esta mesa ya se cre¨® en junio de 2008, justamente pocos d¨ªas despu¨¦s de que los alcaldes firmaran otro acuerdo rechazando la actuaci¨®n penal y pidiendo el mismo di¨¢logo.

El consejero de Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio, Juan Espadas, se ha reunido dos veces con los alcaldes, en junio y noviembre de 2008 para abordar el asunto y en ambas dej¨® claro que no habr¨¢ una legalizaci¨®n masiva ni una amnist¨ªa. La Junta ha ofrecido a los ayuntamientos un plan de inspecci¨®n y normalizaci¨®n para identificar caso a caso cada una de las viviendas en suelo no urbanizable y su situaci¨®n jur¨ªdica y urban¨ªstica; y abordar las que sean posibles de normalizar y en qu¨¦ condiciones dentro de los planes de ordenaci¨®n urban¨ªstica que se han de elaborar -ning¨²n municipio del interior tiene plan general-. En principio s¨®lo quedar¨ªan fuera de ordenaci¨®n las que ocupen suelo especialmente protegido. Apenas una decena de municipios ha pedido pedido acogerse a este plan.