Usted mismo puede juzgar a Camps

?Qui¨¦nes juzgar¨¢n al president Camps? ?Podr¨¢ un jurado ser imparcial? ?C¨®mo se garantizar¨¢ la imparcialidad? La primera pregunta tiene respuesta clara: nueve ciudadanos de la provincia de Valencia ser¨¢n seleccionados tras un complejo proceso de descarte de los 4.000 candidatos que ya est¨¢n designados a partir del censo electoral desde oto?o de 2008. Es una especie de bolsa de miembros del jurado en la reserva, ya disponible. Y, a partir del caso concreto, empieza la selecci¨®n. Volveremos a ello m¨¢s tarde.

Las otras dos preguntas suscitan un encendido debate. El procedimiento de selecci¨®n de jurado tiene para unos suficientes filtros como para garantizar la mayor imparcialidad posible. Para otros, esa imparcialidad pasar¨ªa por conocer informaci¨®n de los aspirantes a jurado que dif¨ªcilmente puede ser admitido que se les pregunte: por ejemplo, a qui¨¦n vota.

Pedro Viguer: "No creo procedente averiguar el voto de un candidato"

El PP valenciano no quiere opinar, y el PSOE-PSPV defiende la f¨®rmula de jurado

Fiscal Cussac: "Los ciudadanos son mucho m¨¢s serios de lo que parece"

Para ser jurado hay que ser mayor de edad, espa?ol y saber leer y escribir

Un jurado absolvi¨® a Mikel Otegi Unanue, juzgado por asesinar a dos 'ertzainas'

La madurez de los ciudadanos est¨¢ en duda por veredictos que sorprenden

En el debate est¨¢n tambi¨¦n los casos de Mari Luz y de Marta del Castillo

Pi?eiro Rial fue absuelto del asesinato de una pareja homosexual

En la parte valenciana del caso G¨¹rtel son cuatro los imputados: Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; V¨ªctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo y actual asesor en la Diputaci¨®n Provincial de Valencia. Y, si no hay cambios en la imputaci¨®n por supuesto delito de cohecho que pesa sobre ellos, ser¨¢n juzgados por un jurado siempre que el magistrado decida abrir juicio oral y no prosperen las impugnaciones y alegaciones que la ley prev¨¦ que puedan realizarse.

"El jurado no le gusta a casi nadie. Pero, cuando los ciudadanos se sientan en la sala, conocen sus responsabilidades, son mucho m¨¢s serios de lo que nos puede parecer. ?sa es mi experiencia. Saben que su nombre va a aparecer en un fallo judicial. Creo en la madurez de los ciudadanos para afrontar ¨¦ste y cualquier otro jurado en lo que a la imparcialidad se refiere. Siempre valoramos el fracaso del jurado por algunos fallos, absoluciones, que no han cumplido las expectativas. Pero ¨¦sa no es la constante", afirma Jaime Cussac, fiscal coordinador de la secci¨®n de jurado de Valencia.

?l es uno de los que defiende que se podr¨¢ llegar a conformar un jurado con la mayor imparcialidad posible para el caso Camps. Eso s¨ª, cree que ning¨²n magistrado admitir¨ªa que se preguntase abiertamente a qui¨¦n vota un ciudadano, ni siquiera respecto a la militancia. "Entiendo que esas cuestiones son absolutamente privadas. A¨²n no hay nada escrito, lo que s¨ª est¨¢ claro es que ninguna pregunta puede atentar contra derecho alguno. Va a ser fundamental la estrategia de las partes en los interrogatorios, pero tienen l¨ªmites". Sus dudas est¨¢n en la complejidad del delito. "Es discutible el cat¨¢logo de delitos que se incluyen en el jurado. Tienen que ser delitos sencillos, con acciones que cualquier ciudadano pueda representarse. El paradigma es el homicidio. Pero, ?por qu¨¦ no violaci¨®n, los delitos contra la libertad sexual, las injurias o las detenciones ilegales? Y sin embargo, ?por qu¨¦ s¨ª el cohecho o la malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, que a veces a los propios t¨¦cnicos nos cuesta entender?".

Cussac, que abiertamente ha criticado el "boicot que desde los jueces de instrucci¨®n se ha hecho al jurado por miedo, por reticencia y desconfianza", considera que el cohecho es un delito complejo de probar, y que el auto del magistrado-juez Jos¨¦ Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, demuestra lo importante de una prueba documental que es abundante y compleja, quiz¨¢ demasiado para un jurado.

Jos¨¦ Manuel Ortega, titular del Juzgado de lo Penal n¨²mero 10 de Valencia y anterior juez instructor -suya fue la investigaci¨®n del caso Maeso-, admite la reticencia al jurado y considera que la imparcialidad de un jurado como el que puede juzgar a Camps es la misma que podr¨ªa asistir a un tribunal profesional.

"Todo es pol¨ªtica", dice Ortega. "La proximidad o no de los imputados en este caso no es distinta para los ciudadanos que formen un jurado de la de un tribunal profesional. Es cierto que el procedimiento es muy encorsetado, pero lo es tambi¨¦n que la ley establece una especial intervenci¨®n de los ciudadanos en unos delitos, el cohecho incluido, y que hay cosas no previstas que se suscitar¨¢n en los cuestionarios a los jurados".

La Ley del Jurado, aprobada en 1995, establece un sorteo cada a?o par para que se extraiga a los candidatos a jurado de cada provincia. Despu¨¦s, cuando se presenta un asunto, por sorteo tambi¨¦n, se comunica a 36 ciudadanos que han sido elegidos. En la comunicaci¨®n va un cuestionario que debe ser devuelto cumplimentado y que sirve como una primera criba.

Para ser jurado hay que ser mayor de edad, espa?ol, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia en la que se ha cometido el delito que se va a juzgar y no estar afectado de una discapacidad f¨ªsica o ps¨ªquica que impida esa funci¨®n. No pueden ser jurado quienes han sido condenados por un delito doloso y no se han rehabilitado, quienes est¨¦n procesados con juicio oral ya determinado, cumpliendo pena o en prisi¨®n provisional. Y tampoco los que est¨¦n suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo p¨²blico, mientras dure esa suspensi¨®n.

Es incompatible el ejercicio como jurado para cualquier miembro de la Casa Real, de la carrera judicial, del Gobierno, de los funcionarios relacionados con la justicia, de las fuerzas y cuerpos de la seguridad en activo, de instituciones penitenciarias. Podr¨¢n excusarse los mayores de 65 a?os, los que hayan sido jurado en menos de cuatro a?os, los que tengan una carga familiar para la que el juicio es un trastorno, los que tengan un trabajo en el que sea perjudicial su ausencia, los que residan en el extranjero, los militares en activo que tengan servicio y los que aleguen una causa que les dificulte el desempe?o de la funci¨®n. Evidentemente, no pueden ser jurado quienes act¨²an como acusador o son testigos de la causa o tienen una relaci¨®n o inter¨¦s con alguna de las partes.

Una vez devueltos los cuestionarios, y siempre que quede un n¨²mero m¨ªnimo de 20, ser¨¢n convocados para formar jurado los que no cumplan ninguna de las excepciones mencionadas. Y ser¨¢ justo antes de que empiece el juicio cuando las partes podr¨¢n hablar con ellos y recusar a un m¨¢ximo de ocho (cuatro por las acusaciones y cuatro por las defensas).

?Ser militante, afiliado, simpatizante o votante es tener alg¨²n inter¨¦s con alguna de las partes? El abogado Manuel Mata considera que en el caso Camps s¨ª deber¨ªa el magistrado presidente del tribunal de jurado permitir saber si el aspirante es o no militante. "No importa de qu¨¦ partido. En este caso, el PSOE-PSPV est¨¢ personado como acusaci¨®n popular. Por tanto, es importante. Lo que no creo es que se les pueda preguntar en ning¨²n caso a qui¨¦n vota. Es cierto que puede parecer que por el hecho de tener en el banquillo a un presidente auton¨®mico, al propio, al de la comunidad de uno, a una persona que es pr¨®xima porque todos los d¨ªas de uno y otro modo lo ves, parece que complica la distancia sobre lo ocurrido. Creo que, en este caso, no es tanto un juicio en el que sea importante la ideolog¨ªa. Son importantes los valores de honestidad, de respeto, el concepto de lo p¨²blico. ?sas ser¨¢n las claves. Uno puede tener cualquier ideolog¨ªa, incluso simpatizar con un determinado partido, pero eso no le hace ciego a los deberes y obligaciones como responsable p¨²blico. La estrategia en los interrogatorios ser¨¢ apasionante". Seg¨²n ¨¦l, "¨¦ste es el momento en el que tenemos precisamente que poner en valor el jurado".

En la misma l¨ªnea se muestra el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer. "No creo que sea procedente averiguar el voto de un candidato a jurado. Eso pertenece a su estricta intimidad. Y tengo dudas respecto de la militancia", dice. "Tal vez, en t¨¦rminos gen¨¦ricos, sin precisar. Creo que la imparcialidad no est¨¢ en duda porque se trate de pol¨ªticos. Precisamente, la ley quiere que sean los ciudadanos, con su ideolog¨ªa, con su visi¨®n de la pol¨ªtica, los que participen en el enjuiciamiento del cohecho. ?Hasta d¨®nde deber¨ªamos depurar? ?Ser¨ªan m¨¢s imparciales ciudadanos de otra provincia, de otra autonom¨ªa? ?Qui¨¦n no sabe en Espa?a de este asunto? ?Qui¨¦n no tiene una opini¨®n? No tiene sentido. Ser¨¢ tan imparcial como lo son en otros jurados de otras materias".

El PP valenciano no ha querido opinar y desde el PSOE-PSPV se defiende la f¨®rmula del jurado, pero consideran que deber¨ªa permitirse preguntar a los aspirantes a jurado sobre su militancia y rechazar a aquellos que est¨¢n afiliados a cualquier partido.

La madurez de los ciudadanos y su capacidad para distanciarse de presiones, simpat¨ªas, antipat¨ªas e ideas preconcebidas est¨¢ en duda por veredictos que han sorprendido. No en el caso del cohecho, donde el ¨²nico aforado juzgado por un jurado en Espa?a por ese delito fue el fiscal vallisoletano Antonio del Hoyo, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n. De ¨¦l recibi¨®, y as¨ª lo reconoci¨®, 50.000 pesetas (300,5 euros) del abogado Jes¨²s Verdugo en 1996, contra el que ten¨ªa un juicio por haberse negado a que le practicaran la prueba de alcoholemia en un control. Fue condenado a dos a?os de suspensi¨®n del cargo y a una multa de 200.000 pesetas de entonces (1.202 euros, casi 55.000 seg¨²n el aumento del IPC). Sin embargo, en otros casos, la experiencia ha sido bien distinta (aunque en la estad¨ªstica, de unos 600 juicios por jurado de media en Espa?a desde 1996, son una minor¨ªa).

El 6 de marzo de 1997 un jurado popular absolv¨ªa a Mikel Otegi Unanue, juzgado por asesinar a dos ertzainas en Itsasondo, Guip¨²zcoa, en 1995. Incluso el Tribunal Constitucional respald¨® esa absoluci¨®n, pese a que tanto el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco como el Tribunal Supremo ordenaron repetir el juicio porque el veredicto que estimaba un trastorno mental transitorio no estuvo suficientemente motivado. El miedo y las amenazas fueron los elementos clave del debate suscitado. ?Deber¨ªa permitirse que en casos de excepcional vinculaci¨®n y riesgo que el jurado se celebrara en una provincia distinta de la que ocurrieron los hechos? Seg¨²n Cussac, s¨ª. ?ste es probablemente el paradigma de que algunas cosas deben reformarse en la ley.

En Galicia, Jacobo Pi?eiro Rial fue absuelto recientemente del asesinato a pu?aladas, 57, de una pareja homosexual en Vigo, en julio de 2006. La fiscal¨ªa y la acusaci¨®n particular han recurrido la sentencia. La versi¨®n del procesado cal¨® en el jurado: cometi¨® el doble crimen "con el ¨²nico prop¨®sito de defenderse de ser muerto o violado". El jurado estim¨® que no qued¨® probada su intenci¨®n de acabar con la vida de las dos v¨ªctimas y s¨ª que actu¨® bajo los efectos del alcohol y la coca¨ªna. Para Manuel Mata el fallo no es del jurado, es de las partes. El fiscal coordinado de Valencia considera que es muy importante ser claro, preciso, focalizar en los aspectos m¨¢s importantes, insistir en los aspectos determinantes, hacer buenos interrogatorios y construir un adecuado objeto de veredicto.

No son los ¨²nicos casos. Ahora, en el debate est¨¢n las pr¨®ximas y m¨¢s inmediatas citas, adem¨¢s de la de Francisco Camps: las de los casos de Mari Luz y de Marta del Castillo.

El caso de Mari Luz Cort¨¦s, la ni?a de Huelva que desapareci¨® el 13 de enero de 2008 y por cuyo asesinato e intento de abuso sexual est¨¢ procesado Santiago del Valle, tambi¨¦n podr¨ªa ser juzgado por un tribunal popular. Lo ha solicitado Manuel Dom¨ªnguez, abogado de Rosa del Valle, hermana del pederasta, tambi¨¦n acusada de asesinato por ayudarle, supuestamente, a deshacerse del cuerpo de la peque?a, informa Lidia Jim¨¦nez.

La resoluci¨®n, seg¨²n Dom¨ªnguez, podr¨ªa conocerse sobre el d¨ªa 20 de este mes. Si la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Huelva aceptara el procedimiento del tribunal popular, el juicio podr¨ªa retrasarse a¨²n m¨¢s tiempo.