La segunda querella del PP contra Chaves excluye a su hija y a la empresa Matsa

La estrategia del PP de judicializar la vida pol¨ªtica ha subido un nuevo escal¨®n. Tras una larga e intensa campa?a de cerco pol¨ªtico, present¨® ayer una querella ante el Tribunal Supremo contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al que acusa de delitos de prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias, a ra¨ªz de la concesi¨®n, cuando era presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, de una subvenci¨®n a una empresa en la que trabaja su hija Paula como letrada. Los populares ya formularon otra querella el pasado 22 de junio a nombre del PP andaluz sin que ¨¦ste lo supiera. De hecho, la organizaci¨®n andaluza neg¨® tajantemente tal iniciativa y fue G¨¦nova quien tuvo que anunciar su retirada con la excusa de que se iba a completar con nuevos datos.

Si el primer escrito inclu¨ªa tambi¨¦n a Paula Chaves y a la multinacional canadiense que recibi¨® la ayuda de 10 millones de euros -Minas de Aguas Te?idas (Matsa)-, el presentado ayer va dirigido s¨®lo contra el vicepresidente, y "cualesquiera otras personas que en fase de instrucci¨®n aparezcan como coautoras, c¨®mplices o encubridoras". No obstante, pide que Paula Chaves declare como testigo.

La querella sostiene, en cuanto al delito de prevaricaci¨®n, que Chaves no se abstuvo en el tr¨¢mite de la subvenci¨®n y presidi¨® el Consejo de Gobierno de la Junta que la aprob¨®, "a pesar de conocer de modo indubitado que su hija (...) era nada menos que la responsable del departamento jur¨ªdico de la empresa favorecida". Tambi¨¦n asegura que el ex presidente sab¨ªa que la propuesta no se ajustaba a derecho y no concurr¨ªan los requisitos legales para acceder a "tan importante incentivo". Respecto al tr¨¢fico de influencias, la querella dice que Chaves intervino ante los ¨®rganos rectores de la Agencia IDEA, que otorg¨® la subvenci¨®n, para que se librara.

El ahora vicepresidente ha afirmado en repetidas ocasiones que el Consejo de Gobierno andaluz presidido por ¨¦l no aprob¨® la subvenci¨®n, que se limit¨® a ratificarla "por imperativo legal y en raz¨®n de la cuant¨ªa del incentivo". En cuanto a su hija, ha asegurado que no intervino en el expediente. "No exist¨ªa pues, en ese momento, causa, motivo o justificaci¨®n de la inhibici¨®n".

Los populares han seguido tambi¨¦n la v¨ªa administrativa, con una denuncia ante la Junta para que se incoe un expediente por una supuesta violaci¨®n de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de Andaluc¨ªa.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, anunci¨® ayer que si la Fiscal¨ªa no investiga el posible uso de fondos p¨²blicos para fines privados por parte del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, su partido ir¨¢ directamente a los tribunales.