Am¨¦rica Latina, la democracia abre fuego

La v¨ªctima de un asesinato vuelve de la muerte para culpar al presidente de su pa¨ªs. Un grupo de militares armados saca a otro presidente de su cama y lo mete en un avi¨®n en pijama. Las fuerzas del orden se enfrentan a un grupo de campesinos pobres y matan a decenas de ellos. No, esto no es la pel¨ªcula de James Bond contra un temible dictador aliado del terrorismo. Es s¨®lo la actualidad pol¨ªtica de Am¨¦rica Latina.

El primer caso se registr¨® en mayo, cuando un v¨ªdeo del abogado Rodrigo Rosenberg acus¨® desde la tumba al presidente de Guatemala ?lvaro Colom y a su entorno de haber planeado su asesinato. Semanas despu¨¦s, en la localidad peruana de Bagua, las protestas de los ind¨ªgenas contra la aprobaci¨®n de leyes que permit¨ªan privatizar sus tierras se sald¨® con una decena de muertos, seg¨²n el Gobierno -los l¨ªderes ind¨ªgenas cuentan m¨¢s de 30-, y la renuncia del ministro del Interior. Y a comienzos de julio, en Honduras, los enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios y los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya se cobraron la vida de un joven manifestante.

La imagen hondure?a de un batall¨®n evitando unos comicios a balazos no resulta digerible

El argumento del Ej¨¦rcito y de la polic¨ªa da la raz¨®n a caudillos como el venezolano

Las consecuencias pol¨ªticas y judiciales de estos casos est¨¢n por determinar. Pero en t¨¦rminos de opini¨®n p¨²blica, marcan un giro crucial en el discurso pol¨ªtico de la regi¨®n. Durante a?os, las mayores alarmas de la gobernabilidad democr¨¢tica en Am¨¦rica Latina hab¨ªan saltado en Venezuela, Bolivia y Ecuador, contra cuyos gobernantes se suceden peri¨®dicamente denuncias por manipulaci¨®n de instituciones judiciales, legislativas, ejecutivas e incluso electorales. Y sin embargo, en los tres casos se?alados, son esas instituciones las involucradas. Es la democracia la que ha abierto fuego contra la poblaci¨®n civil.

Sin duda, el caso de Guatemala tiene matices distintos. En su v¨ªdeo p¨®stumo, Rosenberg no acusa de su muerte a la instituci¨®n del poder ejecutivo sino al presidente, y el caso a¨²n est¨¢ en investigaci¨®n. Pero a¨²n as¨ª, la autoridad de un cad¨¢ver para se?alar a su ejecutor tiene una potencia medi¨¢tica descomunal. Ninguna sentencia judicial podr¨¢ borrar el mensaje que ha transmitido el abogado desde las pantallas de televisi¨®n o Internet: el poder se ejerce a balazos. Sea quien sea el asesino de Rosenberg, el sistema pol¨ªtico ha perdido ante la poblaci¨®n -si a¨²n lo ten¨ªa- el cr¨¦dito de la transparencia y el imperio de la ley. Para muchos guatemaltecos, el sistema democr¨¢tico no sirve para combatir a las mafias, s¨®lo para darles puestos p¨²blicos.

Por su parte, el caso de Bagua pone de relieve las limitaciones de una democracia para garantizar justicia. La mayor¨ªa de las constituciones vigentes en la regi¨®n garantizan la propiedad privada y remiten a los tribunales en caso de conflicto. Ahora bien, uno de los conflictos sociales m¨¢s delicados es el que enfrenta a las comunidades nativas con las grandes empresas que desean explotar los recursos naturales de sus tierras. Con el actual ordenamiento jur¨ªdico, cuando una empresa da?a el medio ambiente o incumple la legislaci¨®n laboral tiene muchas posibilidades de salir impune por una raz¨®n muy sencilla: los costes del proceso legal. Incluso un poder judicial confiable -lo que no siempre est¨¢ disponible- enfrentar¨¢ al estudio de abogados de una multinacional contra los delegados de un caser¨ªo de campesinos sin luz el¨¦ctrica. El litigio puede extenderse durante a?os, y si hay apelaciones, se resolver¨¢n en tribunales de la capital, a d¨ªas de camino de las comunidades campesinas. El resultado no suele tener mucho misterio. Una institucionalidad impecable deja en indefensi¨®n legal a millones de personas.

Esta paradoja explica la popularidad de Evo Morales y Hugo Ch¨¢vez entre los sectores m¨¢s pobres de muchos pa¨ªses. Para sus detractores, los proyectos constitucionales que estos gobernantes impulsan s¨®lo son un camino hacia su reelecci¨®n indefinida. Pero sus defensores los consideran herramientas imprescindibles para la protecci¨®n legal de los sectores m¨¢s indefensos de la poblaci¨®n. Sus textos establecen nuevos modelos de propiedad p¨²blica, refuerzan el papel del Estado ante los operadores econ¨®micos privados y defienden el derecho de los ind¨ªgenas a decidir sobre sus tierras. Por contraste, los enfrentamientos de Bagua declaran que en un Estado democr¨¢tico los campesinos tienen que morir y matar para defender ese derecho.

Pero si un caso ha dotado de legitimidad al discurso caudillista latinoamericano, ha sido el de Honduras. El nuevo gobernante, Roberto Micheletti, se ha esmerado en calificar su toma de mando como una "sucesi¨®n constitucional", basado en una sentencia del poder judicial contra el presidente electo, Manuel Zelaya. El motivo de esa sentencia fue la convocatoria de un refer¨¦ndum. En efecto, el encaje constitucional de ese refer¨¦ndum era bastante dudoso. Pero la imagen de un batall¨®n evitando unos comicios a balazos no resulta mucho m¨¢s digerible.

Al expulsar al presidente electo, las instituciones ponen en cuesti¨®n la definici¨®n misma de la democracia: el gobierno del pueblo, el sistema en que los ciudadanos pueden participar en las decisiones que les afectan, algunas de ellas tan elementales como qui¨¦n es su presidente.

Si Micheletti tem¨ªa que Hugo Ch¨¢vez ganase poder en Honduras, puede estar tranquilo. Gracias a ¨¦l, Ch¨¢vez ha ganado legitimidad en toda la regi¨®n. El presidente venezolano fue el primero en imponer sanciones econ¨®micas a Honduras, y ha exigido una actitud m¨¢s resuelta de los tibios Estados Unidos, con lo cual ha invertido los papeles habituales. Como si fuera poco, sus advertencias de asesinatos y conjuras, que hasta junio se pod¨ªan descartar como paranoias, se han vuelto realidad. Nadie podr¨ªa haberle hecho un favor tan grande y tan bolivariano como el de Micheletti.

El discurso de Ch¨¢vez es el principal beneficiario de los hechos de Guatemala, Per¨² y Honduras porque todos ellos restan credibilidad a las instituciones democr¨¢ticas. El sistema de equilibrio de poderes y sufragio universal es deseable porque permite que los cambios sociales se realicen sin sangre. Por eso, cuando necesita derramar sangre para defenderse es se?al de que algo funciona muy mal. La aplastante victoria del PRI en los ¨²ltimos comicios mexicanos parece confirmar el agotamiento ciudadano ante las promesas incumplidas de un sistema que a comienzos de los noventa se present¨® como la v¨ªa directa al desarrollo y la prosperidad.

En su acta de nacimiento de la Revoluci¨®n Francesa, la democracia naci¨® con un lema triple: "Libertad, Igualdad, Fraternidad". La fraternidad ya era demasiado pedir, pero el conflicto entre la libertad y la igualdad, entre liberalismo y socialismo, defini¨® el siglo XX, y sigue dividiendo hoy a la regi¨®n con la mayor desigualdad social del planeta. El proyecto pol¨ªtico de Hugo Ch¨¢vez es crear un sistema igualitario aun a costa de las instituciones que garantizan las libertades individuales. En cambio, el proyecto pol¨ªtico liberal se ha concentrado en garantizar las libertades individuales -crucialmente, la propiedad privada- incluso a costa de la igualdad social.

Ambos valores podr¨ªan conciliarse, entre otras cosas, con reformas fiscales que distribuyesen m¨¢s equitativamente la riqueza. No es imposible. Lo ha hecho Lula en Brasil, donde la clase media aumenta sin comprometer el crecimiento econ¨®mico, equilibrando estabilidad institucional con justicia social. Sin embargo, en los pa¨ªses andinos y centroamericanos, los defensores de la democracia no han defendido justo esa parte de la democracia. Para masas de ciudadanos pobres, tengan raz¨®n o no, el proyecto de Ch¨¢vez cristaliza una serie de aspiraciones concretas que las instituciones democr¨¢ticas les niegan.

Quienes creemos que la democracia liberal es el sistema de gobierno m¨¢s eficaz, tenemos que incorporar a esas masas en el proyecto de Estado que defendemos. Para retirarlas de la ¨®rbita de los caudillos, hace falta demostrarles que la democracia puede ofrecer justicia social, es decir, derechos b¨¢sicos y una distribuci¨®n m¨¢s justa de la riqueza. Tendremos que demostrarles que pueden vivir mejor en una democracia liberal que con un caudillo socialista. Pero si nuestro argumento para ello son las fuerzas antidisturbios, todo lo que hagamos s¨®lo servir¨¢ para darle la raz¨®n a esos caudillos. Al fin y al cabo, si eso es lo mejor que se nos ocurre, tampoco hace falta dispararle a nadie m¨¢s: podemos dar esta batalla por perdida desde el principio.

Santiago Roncagliolo es escritor peruano.