Justicia gratuita comprometida

La percepci¨®n ciudadana de nuestra justicia no es buena y se agrava ante la suma de dilaciones, ineficiencias, falta de medios y, sobre todo, de organizaci¨®n. Ha sufrido una desatenci¨®n hist¨®rica y existe hoy un desorden competencial con funciones dudosamente repartidas entre comunidades aut¨®nomas, Administraci¨®n del Estado, Consejo General del Poder Judicial y los propios juzgados y tribunales, que lastra las soluciones consistentes en poner m¨¢s dinero sin poder asegurar su aprovechamiento racional.

Hay, sin embargo, un espacio dentro del sistema, esencial para la tutela de los m¨¢s necesitados, que funciona eficazmente: la justicia gratuita.

El derecho a la justicia gratuita de quienes carecen de recursos est¨¢ reconocido en el art¨ªculo 119 de la Constituci¨®n. Su regulaci¨®n legal establece un modelo en el que los colegios de abogados cumplimos la funci¨®n social de organizar el servicio y garantizar su calidad e independencia a trav¨¦s de la actuaci¨®n de miles de abogados (unos 4.400 en Madrid) a quienes formamos, designamos, controlamos deontol¨®gicamente y, cuando las administraciones tienen a bien proveer los fondos debidos, pagamos.

Algo funciona bien en la justicia espa?ola: la asistencia gratuita del turno de oficio

En el a?o 2008, s¨®lo el Colegio de Abogados de Madrid, un tercio de la abogac¨ªa espa?ola, hizo 147.659 designaciones de abogados del turno de oficio, un 19,80% m¨¢s que en el a?o 2007, registr¨¢ndose los mayores incrementos en la jurisdicci¨®n laboral (32,92%), extranjer¨ªa (31,29%) y orden penal (16,12%), que acoge la mitad del total de designaciones.

A esas cifras habr¨ªa que a?adir las intervenciones inmediatas de abogados en el servicio de guardia de la asistencia letrada al detenido: 115.910 designaciones en 2008, un 8,6% m¨¢s que el a?o anterior, concentradas nuevamente en procedimientos penales (77.973 designaciones, de ellas, 8.670 para violencia de g¨¦nero) y extranjer¨ªa (37.676). Las designaciones se hacen los 365 d¨ªas al a?o, 24 horas al d¨ªa, mediante un servicio ininterrumpido en comunicaci¨®n permanente con comisar¨ªas, juzgados y centros de detenci¨®n.

Sumadas a las del turno de oficio, dan una media de 722 designaciones de abogados al d¨ªa. No contamos las m¨¢s de 150.000 prestaciones anuales de asesoramiento primario, no contencioso, que se hacen a trav¨¦s de los servicios de orientaci¨®n jur¨ªdica, puerta de entrada de la justicia gratuita, con o sin subvenci¨®n p¨²blica, como las que realizamos para los reclusos en las prisiones de nuestra Comunidad, o para menores internados, con cargo a las cuotas de todos los colegiados.

Esta asistencia masiva a los ciudadanos sin recursos no tiene en su deber grandes quejas de sus beneficiarios; entre otras cosas, por el rigor que aplicamos sobre conductas profesionales inapro

piadas. Con semejantes n¨²meros, no es dif¨ªcil imaginar el esc¨¢ndalo que supondr¨ªa un funcionamiento an¨®malo del servicio.

En el haber est¨¢n muchas actuaciones mod¨¦licas como las del proceso del 11-M, con abogados del turno de oficio en la defensa y en la acusaci¨®n, admiradas por los representantes de la abogac¨ªa institucional de otros pa¨ªses, y tantas m¨¢s desconocidas, d¨ªa a d¨ªa.

Por eso son injustas la falta de atenci¨®n de los poderes p¨²blicos y las cr¨ªticas hacia los abogados del turno de oficio. Como si ellos -que tienen la obligaci¨®n de la defensa al l¨ªmite- fueran los culpables de los desajustes presupuestarios que generan las actuales insuficiencias del dise?o legal. Tambi¨¦n por el incremento de una demanda de justicia gratuita, con ra¨ªces en la propia sociedad y en su situaci¨®n de crisis; por el extraordinario aumento de la inmigraci¨®n, o por modificaciones legislativas que han extendido el sistema, como la penalizaci¨®n de las infracciones contra la seguridad vial que, antes, en el orden administrativo, no acced¨ªan a la justicia gratuita.

Los abogados no podemos contemporizar con la defensa y adecuar nuestra actuaci¨®n al estado de las cuentas p¨²blicas, aunque en esta situaci¨®n dif¨ªcil para todos, le duela a nuestro sentido de la solidaridad recordar que las remuneraciones fijadas por la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Justicia llevan sin ninguna revisi¨®n desde el a?o 2003. Y no es admisible dilatar durante meses los pagos legalmente debidos por el empe?o en no ajustar los presupuestos de cada a?o a las m¨¢s elementales previsiones sobre la demanda de justicia.

Nuestro compromiso de abogados es con las v¨ªctimas, de cualquier lado; con quienes tienen necesidad de asistencia y defensa letradas y est¨¢n en situaci¨®n de desventaja social. Preocupa pensar qu¨¦ podr¨ªa ser de la justicia gratuita si, en tiempos de tensi¨®n, las administraciones cedieran a la tentaci¨®n de recabar para s¨ª su gesti¨®n como titulares del servicio p¨²blico, para privatizarlo o para funcionarizarlo.

Con las grandes cifras de asuntos que se procesan, tal vez una organizaci¨®n ad hoc de abogados dedicados en exclusiva al turno de oficio fuera "empresarialmente" m¨¢s "eficiente", y el "coste por asunto", menor. Pero, ?d¨®nde quedar¨ªa la independencia, tambi¨¦n respecto a la Administraci¨®n enfrentada al ciudadano, con un abogado de oficio? ?D¨®nde el valor de la libertad y la garant¨ªa de una calidad a ponderar con la econom¨ªa?

Poner en riesgo los valores esenciales de la defensa (libertad, independencia, calidad) es un precio que no se puede pagar. Por eso, los abogados exigimos el mantenimiento del actual modelo de justicia gratuita como pieza esencial para la realizaci¨®n del derecho a la tutela judicial efectiva, v¨¢lvula de seguridad de los dem¨¢s derechos fundamentales. Dentro de ese modelo, la Ley de Asistencia Jur¨ªdica Gratuita, que data de 1996, es sin duda mejorable. Puede ser, por ejemplo, m¨¢s justo un reconocimiento gradual del derecho a la justicia gratuita que no trace una raya absoluta entre los que tienen derecho total a la gratuidad y los que no tienen derecho alguno.

Y ser¨¢ razonable que los abogados cuenten con mejores alternativas que la de optar entre recurrir las resoluciones contrarias a sus defendidos y plantear incidentes de insostenibilidad de los recursos para dejar de interponerlos sin riesgo de consecuencias disciplinarias. Y que las administraciones que han pagado el coste del servicio, lo recuperen del ciudadano que se haya beneficiado de ¨¦l abusivamente. Los abogados apoyamos las reformas necesarias y colaboraremos en la b¨²squeda de soluciones que hagan el sistema m¨¢s eficiente, siempre con la mirada puesta en el derecho de defensa.

En ¨¦pocas de crisis, la atenci¨®n a la justicia, incluida su "atenci¨®n" presupuestaria, debe ser mayor: no s¨®lo porque tienda a aumentar la "demanda" (concursos, procesos laborales, m¨¢s delitos, mal que nos pese), sino porque ante el infortunio generalizado -suponiendo que las desigualdades no deban llamarse por otro nombre- es imprescindible mayor confianza en las instituciones, mayor cohesi¨®n social.

La justicia gratuita, igual que la justicia sin adjetivos, es tarea de todos y un elemental sentido de responsabilidad social debe hacer al sistema m¨¢s fuerte, independiente y eficaz en tiempos dif¨ªciles. Todos los poderes p¨²blicos, al margen de divisiones competenciales, deben corresponsabilizarse para que as¨ª sea, como ahora propone el Ministerio de Justicia, con un amplio apoyo parlamentario, para crear un dep¨®sito a constituir por quienes recurran una resoluci¨®n judicial, destinado en una parte importante, en caso de desestimaci¨®n, a financiar la justicia gratuita.

Tambi¨¦n los abogados tenemos que corresponsabilizarnos, m¨¢s all¨¢ del ejercicio diario de la defensa, mediante la cr¨ªtica: denunciando las disfunciones administrativas o judiciales que comprometan el acceso a la justicia; y mediante la autocr¨ªtica: cuando no sea el inter¨¦s del ciudadano la raz¨®n de una intervenci¨®n profesional que en ¨²ltima instancia pagamos todos. Pero las prestaciones deben tener una remuneraci¨®n justa en un tiempo razonable, adem¨¢s del reconocimiento de que, sin cada intervenci¨®n profesional en concreto, igual que sin la suma de las intervenciones de todos los abogados, no habr¨ªa Estado de derecho. El valor de la justicia no admite soluciones de compromiso.

Antonio Hern¨¢ndez-Gil ?lvarez-Cienfuegos es decano del Colegio de Abogados de Madrid.