?De qui¨¦n es el negocio nuclear?

La reciente pol¨¦mica que ha originado la prolongaci¨®n por cuatro a?os de la vida de la central de Garo?a ha estado marcada y polarizada por actitudes pro o antinucleares, que suelen tener un gran componente visceral pero, como indicaba Natalia Fabra en un art¨ªculo del pasado 2 de julio en Cinco D¨ªas, ha servido para poner de manifiesto otros aspectos de gran trascendencia que van m¨¢s all¨¢ de la cuesti¨®n nuclear y que conviene que sean tambi¨¦n examinados y debatidos.

Detr¨¢s del debate nuclear hay intereses econ¨®micos muy importantes, aunque hay que distinguir claramente entre las posibles nuevas centrales nucleares a instalar y las ya existentes. Las primeras est¨¢n sometidas a muchos riesgos e incertidumbres econ¨®micas, por lo que s¨®lo podr¨¢n ser abordadas si cuentan con un elevado apoyo institucional y social. Sin embargo, las nucleares existentes tienen altos beneficios, al vender toda su producci¨®n a un elevado precio.

Las centrales existentes tienen altos beneficios, al vender toda su producci¨®n a precio elevado

Se paga al precio m¨¢s alto una energ¨ªa cuyos costes ya han sido amortizados

?ste viene establecido por el precio de mercado que la Ley El¨¦ctrica de 1997 establece como el coste que tienen que satisfacer los consumidores, pero esto no significa que ¨¦se sea el coste en el que incurre la empresa que produce la electricidad. En el caso de las centrales hidr¨¢ulicas y nucleares existentes, que generan un 40% de la electricidad total, dicho coste es muy inferior al de la central m¨¢s cara de gas o carb¨®n que determina el precio de mercado, como ha puesto de manifiesto la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa.

El precio de mercado es un indicador relevante para decidir hacer nuevas inversiones en centrales, pero no tendr¨ªa que aplicarse como precio de venta de la energ¨ªa producida por las centrales que ya exist¨ªan al aprobarse la ley de 1997, cuya decisi¨®n de inversi¨®n se tom¨® en base a la ley anterior, que les reconoc¨ªa la recuperaci¨®n de los costes, que les fueron luego asegurados por los CTC (Costes de Transici¨®n a la Competencia) que cobraron ¨ªntegramente.

La regulaci¨®n vigente se ha desarrollado adem¨¢s admitiendo que si las tarifas el¨¦ctricas, establecidas por el Gobierno, no se igualan al precio de mercado se genera una diferencia que el Estado reconoce y avala a las empresas, que es el artificiosamente denominado d¨¦ficit tarifario que no implica, en modo alguno, un d¨¦ficit entre tarifas y costes de producci¨®n.

Por otro lado, el sistema regulatorio vigente es intr¨ªnsecamente amenazante para los consumidores, porque incentiva a que las empresas traten de equilibrar la demanda con la oferta de la central m¨¢s cara, que marcar¨¢ el precio al que les tendr¨¢n que remunerar toda su producci¨®n, incluida la de las centraleshidr¨¢ulicas y nucleares. Este incentivo hace que tambi¨¦n puedan tratar de aumentar sus beneficios incrementando puntualmente la demanda con exportaciones o con bombeo, para casarla con una oferta marginal m¨¢s cara que determinar¨¢ un precio m¨¢s alto para toda su producci¨®n.

Todo ello genera un sobrecoste el¨¦ctrico que es gravoso para todos los consumidores, que dificulta la competitividad de las empresas espa?olas y genera desconfianza en el precio de mercado.

?C¨®mo puede liberarse a los consumidores el¨¦ctricos de esta especie de nuevo impuesto feudal? Al eliminarse -como est¨¢ previsto- las tarifas, desaparece el concepto de d¨¦ficit tarifario, pero los consumidores permanecen inermes ante unos comercializadores que les suministran una energ¨ªa que tienen que seguir adquiriendo a los generadores al precio de mercado. Para liberar a los consumidores hay que ir al fondo y solucionar el problema de inequidad entre generadores y consumidores el¨¦ctricos, modificando la regulaci¨®n para que estos ¨²ltimos puedan obtener la energ¨ªa de las centrales hidr¨¢ulicas y nucleares a un precio relacionado con su coste.

Hay que se?alar al respecto la enorme cuant¨ªa de la diferencia entre los costes de producir la electricidad en las centrales existentes, tanto nucleares como hidr¨¢ulicas, y el precio de venta de mercado. En el caso de Garo?a, esta diferencia puede alcanzar en 10 a?os de prolongaci¨®n de vida un orden de magnitud de 1.500 millones de euros. Para la totalidad del parque nuclear, podr¨ªa suponer en 10 a?os entre 15.000 y 25.000 millones de euros; para el conjunto de hidr¨¢ulicas y nucleares, unas cifras dobles de las anteriores.

El diagn¨®stico de dicha falta de equidad y su soluci¨®n son conocidos y ya han sido recomendados por el Libro Blanco sobre la reforma de la regulaci¨®n de la generaci¨®n el¨¦ctrica en Espa?a, de 2005, y por la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE); pero adem¨¢s, como el problema no es s¨®lo espa?ol, pues se deriva de una regulaci¨®n de la UE, tambi¨¦n la ha propuesto recientemente en Francia la Comisi¨®n sobre la Organizaci¨®n del Mercado El¨¦ctrico (Champsaur), creada por los ministros de Econom¨ªa, Industria y Energ¨ªa.

El Libro Blanco propon¨ªa "mantener el equilibrio econ¨®mico equitativo entre generadores y consumidores" y consideraba "gravoso para los consumidores el continuar pagando a precio de mercado la electricidad producida por instalaciones cuyos costes de inversi¨®n han sido ya totalmente garantizados (hoy pagados) por estos mismos consumidores". En sus recomendaciones consideraba diferentes alternativas, entre ellas la de liquidar la energ¨ªa producida en dichas centrales por diferencias entre el precio de mercado y el aceptado por las empresas en la promulgaci¨®n de la ley de 1997, con las actualizaciones correspondientes, de forma que se minorara el precio a los consumidores

La CNE ha puesto de manifiesto en su Informe Complementario sobre precios y costes de la generaci¨®n el¨¦ctrica de mayo de 2008 "su preocupaci¨®n en relaci¨®n con los altos precios del mercado que est¨¢n poniendo de manifiesto una importante y sostenida divergencia con los costes de generaci¨®n". Indica asimismo que "los cambios producidos en el modelo regulatorio retributivo han desconfigurado su coherencia interna y disminuido su capacidad para revelar los costes de generaci¨®n, poniendo de manifiesto la apertura de una importante brecha entre los precios que determina el mercado para la generaci¨®n de la electricidad y los costes de generar esa misma electricidad".

En Francia se da la paradoja que con un 90% de la electricidad producida por centrales hidr¨¢ulicas y nucleares, la mayor parte de los consumidores pagan la electricidad al precio m¨¢s elevado de las centrales de gas y aunque esto se equipara m¨¢s con un verdadero impuesto, en la medida en que ?lectricit¨¦ de France (EDF) es propiedad del Estado, la Comisi¨®n Champsaur ha diagnosticado, el pasado abril, la situaci¨®n como insostenible desde el punto de vista de equidad y econ¨®mico. Para solucionarla considera posible tanto el establecimiento de un impuesto a EDF para redistribuir el beneficio a los clientes finales, como el acceso regulado de todos los comercializadores a la producci¨®n de bajo coste de EDF, recomendando finalmente esta ¨²ltima v¨ªa.

Las el¨¦ctricas espa?olas consiguieron que el Gobierno de Aznar les aprobara un alargamiento de vida a 65 a?os de las concesiones hidroel¨¦ctricas, sin subastarlas y sin ninguna elevaci¨®n del canon para compensar el sobre beneficio regulatorio por pasar, con la ley de 1997, de vender la electricidad a un coste de "barril de agua" a un precio de "barril de petr¨®leo". Ello implic¨® una apropiaci¨®n privada de un beneficio generado por una decisi¨®n normativa, con manifiesto perjuicio del inter¨¦s general.

La petici¨®n de alargamiento de vida de Garo?a ha supuesto, bajo el camuflaje de una mera autorizaci¨®n t¨¦cnica, un intento similar en relaci¨®n con las nucleares, pero -en este caso- no lo han conseguido.

En beneficio de todos y para no prolongar la incertidumbre generada en parte por su intenci¨®n de maximizar sus beneficios a costa de los consumidores, las el¨¦ctricas deben salir del b¨²nker seudorregulatorio y hacer un pacto con la realidad econ¨®mica, o sea, con los costes de generaci¨®n. El mercado el¨¦ctrico debe seguir funcionando y hacerse m¨¢s competitivo, pero la renovaci¨®n de las autorizaciones de funcionamiento de las nucleares debe establecer su remuneraci¨®n a un nivel que reconcilie los precios que deban pagar los consumidores con sus costes de generaci¨®n.

Mart¨ªn Gallego M¨¢laga ha sido secretario general de la Energ¨ªa.