Donde acaba el derecho y empieza la ideolog¨ªa
Los jueces son reacios a admitir que los prejuicios a menudo condicionan las sentencias - El sistema de acceso ha favorecido que la judicatura sea mayoritariamente de signo conservador
Al iniciarse este a?o hab¨ªa en Espa?a 4.439 jueces en activo. El 74% tiene menos de 50 a?os. Es decir, que estudiaron la carrera en democracia y con la Constituci¨®n ya vigente, pero a diario imparten justicia de manera muy distinta sobre cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos: desde una demanda por un accidente de tr¨¢fico, una reclamaci¨®n econ¨®mica de un banco, un desahucio, las medidas derivadas de una separaci¨®n matrimonial, un conflicto laboral en una empresa o a la hora de condenar o absolver a un acusado, entre otros muchos ejemplos.
La extendida creencia instalada en la ciudadan¨ªa de que la resoluci¨®n de un pleito puede depender en buena parte del juez que a uno le toque en suerte -aunque no menos decisivo resulta el abogado que le defienda- es un hecho que pocos jueces admiten sin reparos. Ninguno duda de que todas las leyes son interpretables, pero son reacios a admitir que eso y no otra cosa es impartir justicia.
"El modelo de juez que aplica una t¨¦cnica es una ficci¨®n, es el vac¨ªo"
S¨®lo 28 de los 127 de la ¨²ltima promoci¨®n son "hijos del cuerpo"
Los m¨¢s j¨®venes parecen m¨¢s esc¨¦pticos con el poder pol¨ªtico
"Independencia" es el vocablo que m¨¢s agrada a los futuros magistrados
Son casos minoritarios, pero existen actuaciones de jueces que amparados en esa discrecionalidad se niegan a aplicarla porque es contraria a sus convicciones personales, como ocurri¨® con el juez de familia de Murcia Fernando Ferr¨ªn Calamita, que ha acabado inhabilitado porque, como ¨¦l es contrario al matrimonio homosexual, bloque¨® una adopci¨®n a una pareja de lesbianas.
Algunas de las deliberaciones y votaciones que se producen en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la votaci¨®n prevista para hoy sobre la ley del aborto, ilustran tambi¨¦n esa diferente manera de interpretar la ley, con dos bloques de juristas, conservadores frente a progresistas, que votan en bloque sobre una misma cuesti¨®n.
?Condiciona la ideolog¨ªa a los jueces? "Las normas se interpretar¨¢n seg¨²n el sentido propio de sus palabras, en relaci¨®n con el contexto, los antecedentes hist¨®ricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al esp¨ªritu y finalidad de aqu¨¦llas", se dice en el art¨ªculo 3.1 del C¨®digo Civil.
"Si la sociedad piensa que los jueces dictan sentencia movidos por su ideolog¨ªa es que algo estamos haciendo mal entre todos y que no somos capaces de ganarnos la confianza de los ciudadanos", explica Margarita Robles, magistrada en excedencia del Tribunal Supremo y en la actualidad vocal del CGPJ a propuesta del PSOE.
En su opini¨®n la ley s¨®lo es interpretable, "desde un punto de vista jur¨ªdico, que no ideol¨®gico". En ese razonamiento coincide Pablo Llarena, magistrado de la Audiencia de Barcelona y miembro del comit¨¦ ejecutivo de la mayoritaria y conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, a la que est¨¢n afiliados una cuarta parte de los jueces de Espa?a. "Que se juegue con la ideolog¨ªa de los jueces para establecer un pron¨®stico de la resoluci¨®n hace que la ciudadan¨ªa pierda la confianza en la justicia", asegura.
Menos equidistante que sus compa?eros se expresa el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ram¨®n S¨¢ez. "Lo que hay que preguntarse es porqu¨¦ en casos similares se dictan sentencias distintas. El derecho es d¨¦bil y no hay duda de que a la hora de aplicarlo influyen la ideolog¨ªa, los perjuicios y los posicionamientos personales del juez. Hay que asumir sin complejos que tenemos un poder y que al dictar sentencia lo imponemos a las partes".
S¨¢ez, como Robles, pertenece a la asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia, a algunos de cuyos integrantes les han colgado sus compa?eros conservadores la etiqueta de practicar, en ocasiones, lo que se denomina el uso alternativo del derecho. Es decir, la desmitificaci¨®n del car¨¢cter cient¨ªfico que tiene la interpretaci¨®n y aplicaci¨®n de la ley y la necesidad de apostar por las clases m¨¢s desfavorecidas.
Son muy pocos los jueces que reconocen abiertamente que interpretan la ley desde su ideolog¨ªa y abundan los que suscriben las tesis de Pablo Llarena, en el sentido de que su funci¨®n consiste en asegurar "una justicia imparcial, t¨¦cnicamente formada, equidistante y alejada de la pol¨ªtica". Sin embargo, el mismo Llarena reconoce que "la resoluci¨®n judicial puede variar seg¨²n el juez que la dicte. Eso no es ninguna perversi¨®n, es que es as¨ª. Cada juez puede visualizar una realidad en un mismo procedimiento", explica.
"?Claro que los jueces tenemos ideolog¨ªa, porque somos personas! Pero no somos ni m¨¢s ni menos conservadores que cualquier colectivo profesional de alto nivel", explica el magistrado Sebasti¨¢n Moralo, miembro del comit¨¦ nacional de la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria, la segunda organizaci¨®n judicial de Espa?a, con 600 afiliados. "La seguridad jur¨ªdica que ofrecemos los jueces es igual o superior a la que pueda tener el dictamen de un ingeniero, de un m¨¦dico o un abogado, pero con la diferencia de que las sentencias est¨¢n sometidas a un sistema de revisi¨®n de recursos", explica Moralo. Ram¨®n S¨¢ez discrepa abiertamente de esa posici¨®n. "Ese modelo del juez t¨¦cnico, distante, neutral y que s¨®lo aplica una t¨¦cnica como un fontanero o un m¨¦dico es una ficci¨®n, es el vac¨ªo, es la nada. Pasa en todas las jurisdicciones y cuanto m¨¢s arriba se est¨¦ m¨¢s consolidadas est¨¢n las certezas y los jueces operamos con m¨¢s automatismos", asegura.
"Si la carrera judicial en Espa?a es mayoritariamente conservadora es porque el actual sistema de oposici¨®n facilita esa tendencia y porque los preparadores que buscan esos opositores tambi¨¦n son casi siempre conservadores", explica Alejandro S¨¢inz, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y es que no todas las familias pueden mantener a un aspirante a juez, que, tras los a?os de carrera universitaria, tarda otros cinco a?os y tres meses de media en superar una oposici¨®n.
Con todo, cada vez existe mayor permeabilidad social en la judicatura. Hace 30 a?os, por ejemplo, s¨®lo eran hijos de obreros el 8% de los alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona y ¨²nicamente una tercera parte de los estudiantes eran mujeres. S¨®lo dos de esa minor¨ªa de alumnos de clases populares acabaron la carrera.
Ahora las mujeres representan ya m¨¢s del 47% de los jueces de Espa?a, son mayor¨ªa entre los 20 y los 40 a?os y suponen desde hace a?os m¨¢s del 60% de cada promoci¨®n. Pero s¨®lo representan el 8,11% en el Tribunal Supremo, por ejemplo, porque para llegar hasta all¨ª hacen falta muchos a?os de experiencia, al margen del aval de las asociaciones judiciales y del Poder Judicial.
La ¨²ltima hornada que ha salido de la Escuela Judicial con sede en Barcelona y que desde hace unos d¨ªas ya imparte justicia en todos los rincones de Espa?a est¨¢ formada por 127 jueces y s¨®lo 28 son "hijos del cuerpo". Es decir, tienen alg¨²n familiar en profesiones jur¨ªdicas. Cada vez escasean m¨¢s los nuevos jueces que representan la tercera o cuarta generaci¨®n de una de esas sagas de abolengo jur¨ªdico que hay en Espa?a.
Los nuevos jueces tienen una media de edad de 29 a?os y el perfil mayoritario de esa promoci¨®n, como de las anteriores y seguramente de las pr¨®ximas, es el de un profesional muy esc¨¦ptico con el poder pol¨ªtico, absolutamente distanciado de cualquier posible injerencia en su funci¨®n y muy cr¨ªtico con la actuaci¨®n de las asociaciones judiciales que les representan. Todos proclaman su "independencia", el vocablo que m¨¢s les gusta pronunciar cuando a¨²n no visten toga y que tanto repetir¨¢n a lo largo su carrera, que finaliza a los 70 a?os.
"La independencia es lo que es y nada m¨¢s: que el juez est¨¦ libre de presiones al impartir justicia. Pero una cosa es la independencia y otra el condicionamiento ideol¨®gico que tienen jueces y fiscales en su trabajo diario", precisa Carlos Jim¨¦nez Villarejo, Fiscal Anticorrupci¨®n entre 1995 y 2003. "?Alguien puede negar que los jueces del Tribunal Supremo que han admitido la querella contra Garz¨®n por prevaricaci¨®n por su actuaci¨®n en el caso de las fosas de la Guerra Civil no han actuado con una fuerte carga ideol¨®gica? ?Alguien duda que la actuaci¨®n del Fiscal General del Estado y del Tribunal Supremo reclamando la ilegalizaci¨®n de Iniciativa Internacionalista que despu¨¦s anul¨® el Tribunal Constitucional no estaba condicionada por los intereses del Gobierno en el asunto?", se pregunta Villarejo. "Y con el poder econ¨®mico la lista de asuntos es muy larga: desde las cesiones de cr¨¦ditos del Banco de Santander, que ni siquiera lleg¨® a juicio, a las cuentas de los directivos del BBV, que acabaron absueltos. La carrera judicial y fiscal es mayoritariamente condescendiente con quien ostenta cargos, se les tiene un poder reverencial por ser quienes son", dice Villarejo.
Las sentencias a las que se refiere el ex fiscal son una minor¨ªa en el conjunto de la actividad judicial en Espa?a, pero configuran en la ciudadan¨ªa una determinada imagen de la judicatura. "El 95% de los jueces de Espa?a no est¨¢n ideologizados", sentencia Margarita Robles, quien considera que "no hay nada peor que un juez que se abstraiga de la realidad social, que sea capaz de decir que no lee los diarios para no contaminarse".
"La manera de entrar en la judicatura, con casi 10 a?os de estudio entre la carrera y la oposici¨®n, es lo que marca el modelo de juez que hay en Espa?a y lo que habr¨ªa que revisar", explica Carlos G¨®mez, director de la Escuela Judicial entre junio de 1999 y abril de 2002 y en la actualidad presidente de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Durante ese tiempo vio pasar a casi 600 futuros jueces e intent¨® aplicar un plan de estudios para que recibieran "una formaci¨®n adecuada a los tiempos que corren", explica. "Despu¨¦s de tantos a?os de estudio, los futuros jueces llegan a la Escuela escasamente motivados y con ganas de tocar bal¨®n de una vez y de impartir justicia", explica Alejandro S¨¢inz.
"Pero acaban resignados. Han de pasar de la memoria a la raz¨®n. Por lo menos se intentar¨¢ que aprendan a escribir resoluciones razonadas y con un lenguaje inteligible", a?ade. Y es que ese modelo de Escuela Judicial que ense?a a los futuros jueces conocimientos muy diversos que no est¨¢n en las leyes ni en los c¨®digos tampoco acaba de ser del agrado de buena parte de la judicatura, hasta el punto de que la mayor¨ªa conservadora del anterior Consejo General del Poder Judicial estuvo a punto de desmantelarla.
El fin de un sistema de acceso basado en la memoria
Espa?a es uno de los pocos pa¨ªses europeos en el que la oposici¨®n de acceso a la judicatura se basa en dos ex¨¢menes memor¨ªsticos: uno escrito y otro oral. Desde que un estudiante empieza derecho hasta que aprueba la oposici¨®n transcurre una media superior a los nueve a?os. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere cambiar ese marco legal aprovechando la reforma universitaria del plan Bolonia de reforma universitaria, que obligar¨¢ a retocar la ley org¨¢nica.
El borrador que se baraja y que ser¨¢ com¨²n a jueces y fiscales pasa por cuatro a?os de estudios para obtener el grado (la actual licenciatura), al que seguir¨ªan dos a?os de posgrado con un grupo de profesores en el que los jueces y fiscales ser¨ªan mayoritarios. Esos estudios contar¨ªan con becas para facilitar la permeabilizaci¨®n social de los estudiantes.
Tras los estudios de posgrado (lo que ahora es el doctorado) se volver¨ªan a evaluar con otro examen, como sucede en Alemania. Despu¨¦s habr¨ªa de superarse una oposici¨®n con menos temas (ahora son 360) en la que bastar¨ªan una media de dos a?os de intenso estudio. La estancia en la Escuela Judicial se mantendr¨ªa en dos a?os, pero fomentando los "Erasmus judiciales", tal y como recomienda la Comisi¨®n Europea y la Red Europea de Formaci¨®n Judicial.
"Cualquier propuesta de cambio deber¨ªa tener el apoyo de los compa?eros y las asociaciones antes de que la aprobase el poder legislativo. Yo creo que lo lograremos tras el necesario debate", explica F¨¦lix Az¨®n, vocal del Poder Judicial encargado de la reforma y que tras el verano llevar¨¢ su propuesta a una comisi¨®n creada para ese fin. Seg¨²n Az¨®n, la "reforma es una necesidad urgente y la oposici¨®n no puede basarse s¨®lo en un sistema memor¨ªstico". En este sentido, recuerda que cada a?o hay en Espa?a menos aspirantes a juez: en 2000 fueron 5.640 y en 2008 se redujeron a 3.548.
Al mismo tiempo, el CGPJ se propone revitalizar el llamado cuarto turno, un sistema de acceso a la judicatura con la categor¨ªa de magistrado a juristas con m¨¢s 10 a?os de experiencia que hibern¨® el anterior Consejo. La entrada a la carrera al margen de la oposici¨®n pura y dura siempre ha provocado recelos en parte de la judicatura. Son los llamados patas negras, que, con cierto tono despectivo, califican a esos compa?eros de turneros.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.