Se puede reeducar en lugar de encarcelar

Un ni?o se marcha a su casa, a pesar de haber participado presuntamente en una violaci¨®n m¨²ltiple, porque tiene menos de 14 a?os, la edad m¨ªnima de responsabilidad penal. La fuerza de esta imagen que queda, al menos durante un tiempo, en la retina de la sociedad oscurece el debate sobre qu¨¦ se debe hacer con estos chavales. Adem¨¢s, los casos de ni?os de 10, 11 o 12 a?os que comenten peque?os hurtos, una y otra vez, amparados por su edad y muchas veces dirigidos por adultos, preocupan cada vez m¨¢s.

?Qu¨¦ se hace con estos ni?os y ni?as? ?Se rebaja la edad penal, como proponen algunos, para poder encerrar a los que cometan delitos m¨¢s graves y, en definitiva, castigarles de alguna manera? "?sa es una actitud infantil; nosotros somos los adultos", dice el psic¨®logo, experto en educaci¨®n sexual en centros de menores, Santiago Agust¨ªn. Como ¨¦l, muchos otros expertos sostienen que rebajar la edad penal, adem¨¢s de ir contra la Convenci¨®n de los Derechos del Ni?o, no servir¨ªa de nada. Apuestan por la educaci¨®n, por ir a las causas del problema (que suelen ser muchas y terribles) y trabajar con los ni?os, sus familias y su entorno. "Todo lo que se haga de acuerdo con el menor y la familia tiene mejores resultados", sostiene Esther Gim¨¦nez-Salinas, rectora de la Universidad Ram¨®n Llull y catedr¨¢tica de Derecho Penal.

La dispersi¨®n legal crea "indefensi¨®n", dice la fiscal de Menores del Supremo

"Las comunidades tienen que asumir su responsabilidad", reclama un educador

En definitiva, unas medidas socioeducativas que, con la legislaci¨®n actual, ya se pueden tomar, e, incluso, pueden acabar con los menores infractores en centros cerrados en los casos m¨¢s graves, asegura el jurista, ex fiscal de menores de la Comunidad de Madrid, F¨¦lix Pantoja.

Otra cosa bien distinta es c¨®mo se utilizan, c¨®mo funcionan, con qu¨¦ medios y con qu¨¦ limitaciones se encuentran esos mecanismos, que en la pr¨¢ctica totalidad de los casos son gestionados por los servicios sociales de las comunidades. Las distintas posibilidades, la dispersi¨®n normativa y de medios en autonom¨ªas, diputaciones e, incluso, ayuntamientos muchas veces conforman una mara?a de recursos inconexos que ralentizan la toma de unas medidas que deben ser muy r¨¢pidas. "Las comunidades tienen que asumir su responsabilidad y crear los mecanismos especializados para responder adecuadamente lo m¨¢s r¨¢pido que se pueda", a?ade Pascual Jim¨¦nez de Bag¨¹¨¦s, educador del Equipo de Menores de Catorce A?os, organismo creado por los servicios sociales en la provincia de Zaragoza para los chavales que cometen delitos por debajo de esa edad.

Empezaron a trabajar en 2002 porque los profesionales de protecci¨®n de menores no especializados dejaban desatendidos el 95% de los casos de infractores menores de 14 a?os. La raz¨®n es que suelen trabajar con casos claros de abandono o desamparo, es decir, que el ni?o est¨¦ solo o desatendido por sus padres, algo a lo que no responde ese alto porcentaje de los infractores.

La fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, explica q ue cada comunidad ha ido desarrollando sus propias normativas desde la aprobaci¨®n de la ley del menor de 2000, que se han ido adaptando, dice, a estas situaciones, pero con una dispersi¨®n tal que se crea mucha "inseguridad jur¨ªdica". En cuanto a la eficacia de esas medidas socioeducativas dice, a la gallega: "Depende de las comunidades aut¨®nomas y de los medios".

Por ejemplo, el equipo zaragozano al que pertenece Jim¨¦nez es pionero en Espa?a; luego han ido llegando otros en Guadalajara, Cuenca y Granada. "Y funciona; s¨®lo el 6% vuelve a cometer alguna infracci¨®n despu¨¦s de que trabajemos con ellos", asegura el educador. Pero, por regla general, con un ni?o infractor de 13 a?os o menos, "si es por peque?os delitos, como hurtos o peleas, no se suele hacer nada", explica Madrigal. Si hay reincidencia, contin¨²a, o si el delito es muy grave -"algo que ocurre muy poco, lo cual no significa que no haya que intervenir"-, la fiscal¨ªa emite un informe que manda a los servicios sociales de la comunidad para que ellos eval¨²en la situaci¨®n y tomen las medidas. Para Jos¨¦ Antonio Luengo, secretario general del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el hecho de que las medidas a tomar dependan de los servicios sociales de cada comunidad las convierte en "insignificantes". "Probablemente no sea necesario rebajar la edad penal, pero s¨ª hacer un protocolo estable y planificado de actuaci¨®n", sostiene Luengo.

En cualquier caso, para otros el gran problema radica en que las medidas que se toman desde los servicios sociales no son obligatorias, y tienen que contar con la aceptaci¨®n de las familias. Algunos fiscales, cuando piden la rebaja de la edad penal no es para encerrar a los ni?os, sino para poder imponerles esos programas educativos. Por ahora el margen m¨¢s claro que existe para poder hacerlo es que los chavales est¨¦n en una clara situaci¨®n de abandono o desamparo, con lo que la comunidad asumir¨¢ su tutela. En muchos casos, ese menor ir¨¢ a un centro de acogida, sin embargo, esos centros no tienen grandes medidas de seguridad y los chicos y chicas se pueden escapar, recuerda Teresa Gisbert, fiscal jefe de la Audiencia de Valencia y especialista en menores.

Por eso, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, propon¨ªa hace unos meses desde las p¨¢ginas de este diario que se impongan "medidas de contenci¨®n obligatorias" para estos casos. Los jueces de primera instancia, de hecho, pueden tomar las decisiones que consideren necesarias para apartar al menor de una situaci¨®n de riesgo para s¨ª o para los dem¨¢s. Sin embargo, no se suele recurrir a esta posibilidad salvo en casos muy extremos y, de nuevo, es mucho m¨¢s dif¨ªcil si el menor tiene una familia que se ocupa, aunque s¨®lo sea m¨¢s o menos, de ¨¦l.

El problema, para el psic¨®logo Santiago Agust¨ªn, es que "se acaba castigando la situaci¨®n social del chaval". En Andaluc¨ªa, por regla general, no hay protocolos especiales para estos chavales y, en concreto, en M¨¢laga, cuando alguno llega desde la fiscal¨ªa y su "situaci¨®n personal y familiar no es grave, la apertura de expediente suele llevar aparejada una carta de informaci¨®n a los padres o la solicitud de una entrevista con los mismos", seg¨²n un estudio de 2007 de las profesoras de derecho Mar¨ªa Jos¨¦ Bernuz Beneitez, Esther Fern¨¢ndez Molina y F¨¢tima P¨¦rez Jim¨¦nez. Y cuando se interviene porque su situaci¨®n social y familiar es grave, se hace "sin atender particularmente a la comisi¨®n de la infracci¨®n".

Titulado Menores de 14 a?os que cometen delitos, el texto conclu¨ªa que existe esa dispersi¨®n de pol¨ªticas y planteaba: "Si la soluci¨®n a estas conductas est¨¢ en una reforma legislativa o m¨¢s bien en una adaptaci¨®n de las pr¨¢cticas administrativas y sociales a una situaci¨®n que, en cualquiera de los casos, reclama urgentemente una respuesta. Dada la importancia que tiene una intervenci¨®n educativa realizada a tiempo en la prevenci¨®n de la reincidencia, sobre todo de comportamientos violentos, habr¨ªa que apostar por respuestas que, como la justicia reparadora, favorezcan la responsabilizaci¨®n y la concienciaci¨®n del menor sobre las consecuencias de sus actos".

Porque, de hecho, la inc¨®gnita que se abre es si sirven de algo los internamientos por s¨ª solos. El Defensor del Pueblo public¨® hace unos meses un informe en el que se quejaba de las enormes carencias de estos centros de menores donde en muchas ocasiones se olvida completamente la funci¨®n educadora o reeducadora. Adem¨¢s, pon¨ªa de manifiesto que la mayor¨ªa de ellos son de gesti¨®n privada, por lo que se produce lo que el psic¨®logo Javier Urra calific¨® como una "desresponsabilizac¨®n" de las administraciones, algo que planea sobre todos los mecanismos, judiciales y extrajudiciales, de protecci¨®n y reforma del menor -el 70% de los centros de reforma tambi¨¦n son de gesti¨®n privada, algo que seguramente provocar¨ªa grandes aspavientos sociales si se tratara de c¨¢rceles para mayores de edad-.

De hecho, el Poder Judicial emiti¨® un informe el a?o pasado en el que no s¨®lo puso de manifiesto que 6.000 sentencias de menores no se ejecutan por falta de medios, sino que, en concreto, la falta de centros, educadores y recursos terap¨¦uticos hace "que los objetivos educadores y resocializadores de la jurisdicci¨®n de menores no pueden ser alcanzados".

En el caso concreto de los infractores menores de 14, la fragmentaci¨®n ya se?alada hace muy dif¨ªcil hacer una valoraci¨®n general de este tipo, aunque todo apunta tambi¨¦n a una escasez de medios. Sin embargo, el psic¨®logo madrile?o Santiago Agust¨ªn considera "que hay recursos, s¨®lo hay que ordenarlo y usarlos bien".

En el equipo zaragozano de menores de 14 a?os, lo primero que se hace es trabajar en apoyo de la v¨ªctima. Despu¨¦s con el agresor y su familia. "Es cierto que no tienen que aceptar la ayuda, pero aunque sean reacios, y aun en ese 10% en el que los menores no reconocen haber cometido el delito, se acaba aceptando el apoyo", asegura Pascual Jim¨¦nez. Y si finalmente los padres y el menor se cerraran en banda en un caso grave, Jim¨¦nez asegura que el caso ir¨ªa al juez alert¨¢ndole de la clara situaci¨®n de riesgo del menor.

S¨®lo han tenido un caso grave de abuso sexual en los siete a?os del equipo, y hoy, agresor y v¨ªctima tienen una vida normal, asegura. En su actuaci¨®n, lo primero es que el infractor entienda que lo que ha hecho est¨¢ mal y asuma las consecuencias. Se intenta que compense a la v¨ªctima de alguna manera y tambi¨¦n a la sociedad, por ejemplo, con programas educativos que tengan que ver con el delito cometido. Tambi¨¦n ofrecen talleres (de soluci¨®n de problemas, habilidades sociales o control emocional) e incluso programas de orientaci¨®n familiar para padres e hijos. "Se les puede tratar en abierto y con garant¨ªas", dice Jim¨¦nez, pero tambi¨¦n han llegado a sacar a dos chavales de su entorno para llevarles a centros en zonas rurales.

A menudo, a estas intervenciones se les acusa de buenistas, sin embargo, una larga lista de expertos y trabajadores las defienden, no s¨®lo como las mejores, sino como las eficaces para la sociedad.