Fusiones de discordia

Las fusiones de cajas de ahorros, uno de los pilares de la reestructuraci¨®n financiera que impulsan el Gobierno y el Banco de Espa?a, parec¨ªan discurrir sin conflictos aparentes despu¨¦s de que el Gobierno anunciara la creaci¨®n del Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) con dinero y avales p¨²blicos. Unicaja, Cajasur y Caja Ja¨¦n est¨¢n dispuestas a crear una gran caja andaluza, las de Sabadell, Terrassa y Manlleu quieren unir sus balances en Catalu?a, igual que las de Caja Espa?a y Caja Duero en Castilla y Le¨®n. Pero ha bastado que se sugiera una fusi¨®n interterritorial, como la de Caja Madrid con Caixa Galicia y la CAM valenciana, para desatar una tormenta. El Gobierno gallego ha rechazado la fusi¨®n y se avanza la hip¨®tesis de que Galicia y Catalu?a denunciar¨¢n al FROB ante el Tribunal Constitucional porque estipula que el Banco de Espa?a tiene la ¨²ltima palabra en la fusi¨®n de cajas que hayan recibido dinero p¨²blico para evitar la liquidaci¨®n y, en ese caso, la autonom¨ªa perder¨ªa el derecho de veto en las operaciones corporativas de su caja.

Hasta el momento, se han propuesto con ¨¦xito fusiones de cajas de la misma comunidad y ello se ha interpretado err¨®neamente como un deseo de los Gobiernos aut¨®nomos de asegurarse una banca regional para la financiaci¨®n de sus proyectos. Incluso se ha llegado a decir que las autonom¨ªas pretend¨ªan resucitar, con el pretexto de la reconversi¨®n obligada por la crisis, una especie de banca p¨²blica. Lo cierto es que las fusiones intrarregionales son racionales y rentables. En primer lugar, porque Andaluc¨ªa y Catalu?a cuentan con un elevado n¨²mero de entidades y parece prudente rebajar el minifundismo financiero. En segundo lugar, est¨¢ demostrado que las uniones entre grupos financieros de la misma comunidad ofrecen mejores oportunidades de recorte de costes.

Pero, dicho lo anterior, hay que insistir en que las fusiones entre cajas de distintas comunidades ser¨¢n necesarias, sobre todo, para ayudar a resolver los casos m¨¢s graves de insolvencia, aumento de morosidad y deterioro de los indicadores financieros b¨¢sicos. Por tanto, es imprescindible que los principales partidos pol¨ªticos se pongan de acuerdo para que en las autonom¨ªas que controlan no se pongan obst¨¢culos pol¨ªticos artificiales a la consolidaci¨®n bancaria. Nadie puede impedir que los Gobiernos regionales interpongan recursos, si lo desean, para defender su derecho de veto; pero deben saber que la intervenci¨®n del Banco de Espa?a est¨¢ avalada por la Ley de Disciplina Financiera y la excepcionalidad de una posible quiebra justifica las decisiones de emergencia.

Conviene recordar adem¨¢s que algunas comunidades aut¨®nomas han tenido mucho que ver con la exposici¨®n al riesgo inmobiliario de sus cajas, ra¨ªz de los males presentes, instando inversiones desaforadas en ladrillo por conveniencias pol¨ªticas. La sensatez debida exige a los Gobiernos aut¨®nomos que no conviertan un caso de intervenci¨®n racional r¨¢pida en un interminable contencioso pol¨ªtico y jur¨ªdico.