Estado no confesional

El Gobierno de Zapatero trabaja en algunas reformas legales que sin conocer todav¨ªa su alcance, pero por afectar al tema siempre sensible de la religi¨®n, comienzan a suscitar reticencias en sectores sociales y pol¨ªticos influenciados por la Iglesia cat¨®lica. Son reformas que en la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europa fueron abordadas en su momento incluso por partidos conservadores y que podr¨ªan serlo en Espa?a por el PP si este partido no se hubiera revelado en su pr¨¢ctica de gobierno escasamente aut¨®nomo y en exceso depediente de las posiciones de la Iglesia, en especial en materia educativa y en temas de moral y costumbres.

La reforma de mayor alcance es la que afecta a la Ley de Libertad Religiosa que rige en Espa?a desde 1980. El Gobierno se ha inclinado, de manera poco justificada, por modificar esta norma y mantener intactos, en cambio, los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que son los que han ofrecido hasta ahora una base jur¨ªdica a las posiciones confesionales. Desde la entrada en vigor de la ley, y gracias a esos acuerdos, el modelo de relaciones ha estado escorado de manera ostensible, y a veces jactanciosa, a favor de la Iglesia cat¨®lica, hasta consolidarla en una situaci¨®n de privilegio que no se justifica dada la presencia de otros credos.

La otra reforma afecta al Reglamento de Honores Militares y pretende que los miembros de las Fuerzas Armadas que formen parte de comisiones, escoltas o piquetes de acompa?amiento de procesiones y otros actos religiosos lo hagan de forma voluntaria y no en contra de su voluntad. Esta reforma era un paso indispensable, y lo que sorprende es que haya tardado tanto, pues esa constricci¨®n de la libertad de conciencia de sus miembros no ten¨ªa encaje en las Fuerzas Armadas espa?olas, plenamente adaptadas desde hace tiempo, tanto en su organizaci¨®n interna como en sus objetivos y misiones, a lo que establece la Constituci¨®n.

No hace falta entrar en el debate un tanto absurdo e interesado de si el Estado aconfesional es o no tambi¨¦n laico para convenir en que el actual Estado espa?ol no tiene religi¨®n oficial y que, por tanto, debe ser religiosamente neutral. Y aunque pueda aceptarse, como ha dicho el cardenal Rouco Varela, que "el crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de Espa?a", sin olvidar su imposici¨®n en largos periodos por la fuerza e incluso la persecuci¨®n, ello no autoriza a convertirlo de manera encubierta en s¨ªmbolo confesional de un Estado que, constitucionalmente, est¨¢ obligado a respetar todas las simbolog¨ªas religiosas y a no tener ninguna. Tampoco pueden utilizarse los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 como coartada para pasar por encima de la Constituci¨®n y las leyes que la desarrollan, como una vez m¨¢s han hecho algunos obispos ante la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. La Iglesia persiste en blandir esos acuerdos en contra de la Constituci¨®n, consciente de que el Gobierno ha limitado su capacidad de respuesta al comprometerse a no denunciarlos.