El rechazo del olvido

S¨¢bado, 18 de julio de 2009. Un ciudadano quiz¨¢ con nostalgia de su condici¨®n de s¨²bdito, caminaba por el Paseo Mar¨ªtimo de San Pedro de Alc¨¢ntara luciendo orgulloso una camisa azul con el escudo del ¨¢guila sobre el yugo y las flechas. En el momento de cruzarnos, pasaban, pedaleando lentamente, dos polic¨ªas municipales charlando de sus cosas. Nada ni nadie se alter¨® ante el paseante exhibicionista. Esta Espa?a nuestra se resiste a reconocer su pasado. No creo equivocarme si les digo que si un an¨®nimo ciudadano hubiera enarbolado la bandera de la Rep¨²blica, su paseo no hubiera sido tan pl¨¢cido. El osado, al menos, hubiera sido trasladado a comisar¨ªa por los cansinos municipales.

Debemos dejar que las v¨ªctimas administren su pasado y que la ley de Memoria Hist¨®rica cumpla sus funciones

Hemos tenido que llegar a diciembre de 2007 para que la pervivencia y la resistencia a retirar los s¨ªmbolos de la dictadura fascista de nuestras calles y plazas se haya convertido en un acto contrario a la ley. La ley, que pretende ahondar en el esp¨ªritu de reconciliaci¨®n y concordia, se envuelve en un incomprensible galimat¨ªas para cualquier lector ajeno a nuestro conflicto hist¨®rico. Se elude cualquier referencia a la Rep¨²blica aludiendo, de forma as¨¦ptica, al reconocimiento y ampliaci¨®n de los derechos y al establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecuci¨®n o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ni siquiera el art¨ªculo que concede la nacionalidad espa?ola a los voluntarios de las Brigadas Internacionales, menciona cu¨¢l fue el objetivo de su movilizaci¨®n. La ley consigui¨® salir adelante con demasiadas dificultades, el voto en contra del PP y las concesiones a CiU para que los hermanos benedictinos del convento de Montserrat siguieran al frente de la Fundaci¨®n gestora del Valle de los Ca¨ªdos, constituida y presidida por Franco en 1957, hasta que por un Real Decreto de 1984 se sustituye la composici¨®n creando una Comisi¨®n en la que las funciones del anterior jefe del Estado se atribuyen al Consejo de Administraci¨®n del Patrimonio Nacional.

La ley de 2007 ordena que incluyan, entre sus objetivos, honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil y de la represi¨®n pol¨ªtica que la sigui¨®. ?Qu¨¦ hab¨ªan hecho hasta este momento? Creo que nadie puede sentirse orgulloso de una ley que por sus art¨ªculos se puede denominar, con toda propiedad, ley de Punto Final. Me remito a su contenido, su interpretaci¨®n por la Fiscal¨ªa General del Estado y a los decretos que la desarrollan.

Ning¨²n historiador sensato ha negado la brutal represi¨®n sufrida por los vencidos en forma de ejecuciones en juicios sumar¨ªsimos, paseos extrajudiciales y campos de concentraci¨®n cuyos vestigios se quieren eliminar. Los vencedores se encargaron de escribir su historia oficial en unos tomos bajo el t¨ªtulo de Historia de la Cruzada, t¨ªtulo al que la Iglesia Cat¨®lica, Apost¨®lica y Romana nada tuvo que objetar. Rememorando a Benedicto XVI en su visita a Auschwitz podemos preguntarnos leg¨ªtimamente: ?d¨®nde estaba Dios cuando suced¨ªa esto?

Sorprende que los herederos del Partido Socialista, que form¨® parte de Frente Popular, pasen la p¨¢gina de la represi¨®n que sufrieron muchos de sus militantes con tanta frialdad. En este pa¨ªs los pol¨ªticos son verdaderos expertos en ense?arnos o se?alarnos lo que nos conviene y lo que no merece la pena. La existencia de fosas con cerca de 175.000 personas desperdigadas por toda la faz de nuestro pa¨ªs tiene un origen inequ¨ªvocamente delictivo. Su esclarecimiento, seg¨²n impone la ley de Enjuiciamiento criminal est¨¢ siendo vedado. Su incumplimiento puede ser delictivo. De los escasos protagonistas y sus familiares, si no hubiera sido porque les condenaron por auxilio a la rebeli¨®n, hay muchos que no consentir¨ªan que sus antecedentes fuesen anulados. Est¨¢n orgullosos de haber sido socialistas, comunistas, anarquistas, de izquierdas, republicanos o haber pertenecido a la masoner¨ªa. Ellos y otros que les siguieron durante el largo silencio de la dictadura nunca han renegado de su estirpe pol¨ªtica.

La Rep¨²blica que, por primera vez en nuestra historia constitucional otorg¨® la soberan¨ªa al pueblo, es para alguno de sus herederos una hipoteca del pasado de la que quieren librarse vergonzantemente eludiendo cualquier menci¨®n a su existencia como si hubiera sido un mal sue?o que les impedir¨ªa gobernar el presente.

Es cierto que la ley condena toda exaltaci¨®n de la sublevaci¨®n militar, de la Guerra Civil y de la represi¨®n de la dictadura pero obstinadamente evita cualquier alusi¨®n a la condena internacional de la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Europa y del Parlamento Europeo. Para estos organismos el r¨¦gimen de Franco era un sistema fascista organizado e implantado, en gran parte, merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

Estoy de acuerdo con Manuel Cruz cuando dice (EL PA?S, 17 de julio de 2009) que la memoria no es el territorio de lo nuevo. Pienso que debemos dejar que las v¨ªctimas administren su pasado y que la ley cumpla sus funciones. ?lvarez Junco (EL PA?S, 19 de julio de 2009) mantiene que recordar a las v¨ªctimas de la dictadura es un acto democr¨¢tico. Nadie pretende reescribir la historia ni tomarse la revancha, s¨®lo recordar a Marcuse: "Contra la rendici¨®n del tiempo, la restauraci¨®n de los derechos de la memoria es un veh¨ªculo de liberaci¨®n, es una de las m¨¢s notables tareas del pensamiento humano".

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn es magistrado del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas.