Londres reconoce que la liberaci¨®n del terrorista de Lockerbie benefici¨® a BP
El Gobierno brit¨¢nico admite que el inter¨¦s por el crudo libio pes¨® en la decisi¨®n
El ministro de Justicia brit¨¢nico, Jack Straw, ha reconocido finalmente que los intereses econ¨®micos, y principalmente petroleros, estuvieron en el trasfondo de la reciente liberaci¨®n del preso libio acusado por el atentado de Lockerbie. En una entrevista publicada ayer por el diario The Daily Telegraph, el pol¨ªtico laborista no s¨®lo admite que la promoci¨®n de los intercambios comerciales propici¨® hace dos a?os un pacto con Tr¨ªpoli sobre el intercambio de prisioneros, sino que lo liga "sin ning¨²n sentimiento de culpa" a la firma de un acuerdo millonario entre British Petroleum (BP) y la Libia del coronel Muammar el Gaddafi.
Abdelbaset Ali Mohamed al Megrahi, condenado a cadena perpetua por la explosi¨®n de un avi¨®n de la PanAm que caus¨® 270 muertos en 1988, abandonaba la c¨¢rcel escocesa de Greenock el pasado 20 de agosto con rumbo hacia la capital libia. En lugar de recurrir al acuerdo Londres-Tr¨ªpoli, que hubiera supuesto su ingreso en una prisi¨®n libia para cumplir el resto de la pena, el Gobierno aut¨®nomo escoc¨¦s decidi¨® liberarlo de forma incondicional esgrimiendo motivos humanitarios. El ya ex reo, de 57 a?os, padece un c¨¢ncer terminal.
"El primer ministro Brown no estuvo informado del pacto", dice Straw
Su traslado a Libia y el triunfal recibimiento que le fue dispensado propiciaron la indignaci¨®n de los familiares de las v¨ªctimas de Lockerbie, y la en¨¦rgica protesta del presidente Barack Obama (189 de las v¨ªctimas mortales del atentado eran de nacionalidad estadounidense). Desde entonces, Downing Street se ha visto forzado a desmentir en reiteradas ocasiones que presionara al Ejecutivo de Edimburgo para evitar que Al Megrahi acabara falleciendo en territorio brit¨¢nico. El propio jefe de Gobierno, Gordon Brown, declaraba el pasado mi¨¦rcoles que en aquella liberaci¨®n no mediaron "ninguna conspiraci¨®n" ni supuestos intereses comerciales.
Straw, uno de los pesos pesados de la Administraci¨®n, intenta proteger la posici¨®n de Brown. "Desde luego no habl¨¦ de la cuesti¨®n [el pacto bilateral sobre el intercambio de prisioneros] con el primer ministro", alega. Incluso apostilla que "no existe ning¨²n documento que sugiera que ¨¦l estuviera implicado en absoluto". En enero de 2008, tan s¨®lo semanas despu¨¦s de que las autoridades brit¨¢nicas y libias cerraran aquel pacto, el r¨¦gimen de Gaddafi ratificaba un acuerdo de explotaci¨®n petrol¨ªfera con BP por valor de 550 millones de libras. Un portavoz de esta compa?¨ªa, citado por el diario The Times, negaba haber hecho campa?a para la liberaci¨®n del reo libio, aunque tambi¨¦n reconoc¨ªa: "Sab¨ªamos que un retraso podr¨ªa tener consecuencias nefastas". A pesar de admitir aquella secuencia de los acontecimientos, Straw apunta al The Daily Telegraph que las intenciones ¨²ltimas de su Gobierno pasaban por reintegrar a Libia -etiquetada entonces como Estado canalla- en la comunidad internacional, utilizando como acicate los intercambios comerciales.
Su aseveraci¨®n de que no intent¨® influir en la decisi¨®n ¨²ltima de Edimburgo se contradice con la propia admisi¨®n de que en su momento viaj¨® a Escocia para tratar con el Gobierno aut¨®nomo sobre el asunto.
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