?Y ahora qu¨¦ hacemos con la prostituci¨®n?
Los grandes partidos esquivan el debate sobre regular o prohibir el sexo de pago - Existe acuerdo en perseguir el aspecto m¨¢s s¨®rdido del negocio, el tr¨¢fico ilegal de mujeres
?Prohibir la prostituci¨®n? ?Regularla? ?Castigar al cliente? ?Sancionar a los que consuman sexo si la mujer es v¨ªctima de trata? ?Impedir que est¨¦n en la calle por los problemas que ocasionan a los vecinos? ?Fomentar la apertura de burdeles? ?Hacer m¨¢s barrios chinoa? El viejo debate ha vuelto a ser noticia. Esta vez, por la publicaci¨®n de unas fotos, en este diario, que mostraban con crudeza la pr¨¢ctica habitual de sexo de pago en los aleda?os del c¨¦ntrico mercado barcelon¨¦s de La Boqueria. Las irreconciliables posturas de siempre asoman otra vez, con alguna novedad: en Barcelona, urgida a resolver lo que todo el mundo ha visto en s¨®rdidas im¨¢genes, los pol¨ªticos se estrujan las meninges para encontrar alguna soluci¨®n. Su alcalde, Jordi Hereu, quiere ahora que haya m¨¢s burdeles, facilitar la apertura de estos locales en El Raval. La prostituci¨®n seguir¨ªa, pero no en la calle ni ante nuestros ojos.
El alcalde de Barcelona quiere facilitar la apertura de burdeles
"Los recursos definen qu¨¦ importa en una sociedad. Y este tema no parece prioritario"
Las campa?as avisan a los clientes de que pueden hacerles el juego a las mafias
Esta v¨ªa es, en todo caso, una cuesti¨®n de pol¨ªtica municipal que se limita a tratar el problema desde el punto de vista del orden p¨²blico, la est¨¦tica de la ciudad y la seguridad ciudadana. Las prostitutas callejeras y sus clientes hacen feo en la moderna Barcelona y el submundo que las rodea crea una evidente inseguridad a los vecinos. Pero este problema lleva, invariablemente, a la pregunta b¨¢sica: ?Es aceptable ser puta? Si se considera que la prostituci¨®n es una forma de violencia sexual hacia la mujer, no cabe m¨¢s opci¨®n que prohibirla: no se puede regular sobre c¨®mo ser esclava, ni forzada ni voluntaria. Lo coherente ser¨ªa castigar como delito el consumo de sexo de pago. Si se considera que puede ser un trabajo m¨¢s, se puede aceptar la regulaci¨®n, permitir que sean asalariadas y perseguir s¨®lo la trata y explotaci¨®n sexual de las mujeres. Tambi¨¦n hay opciones intermedias, como la de los que creen que, sea o no esclavitud, erradicar la prostituci¨®n es imposible y lo mejor es regular condiciones laborales m¨ªnimas que protejan a estas mujeres. Los partidos pol¨ªticos se inclinan, en su mayor¨ªa, por considerar que el tema es tan complejo que es mejor concentrarse en la m¨¢s grave de sus manifestaciones: la trata de mujeres.
Esta ¨²ltima es, b¨¢sicamente, la opci¨®n del Gobierno. Frente a los que exigen regulaci¨®n o abolici¨®n, o al menos una prohibici¨®n estatal de la prostituci¨®n callejera, el Ejecutivo asegura que tiene su propio modelo.
"?Vamos a regular la prostituci¨®n como un empleo? No ?Ilegalizarla y convertirla en delito? Tampoco. Pero ¨¦sas no son las ¨²nicas opciones posibles", se?ala Isabel Mart¨ªnez, secretaria general de Pol¨ªticas de Igualdad. "Pocos pa¨ªses han elegido una de estas dos v¨ªas. En casi todos, las leyes son parecidas a la nuestra. No consideramos que la prostituci¨®n pueda ser un trabajo como otro cualquiera. Creemos que es una forma de explotaci¨®n de la mujer y no vamos a reconocerlo y normalizarlo como un empleo. Por otro lado, somos conscientes de que la sociedad espa?ola est¨¢ muy dividida sobre ese tema y tampoco entendemos que sea oportuno prohibir la prostituci¨®n. Conducir¨ªa a las mujeres a¨²n m¨¢s a la marginalidad. As¨ª que nuestro modelo es actuar all¨ª d¨®nde creemos que est¨¢ el verdadero problema, combatiendo la trata de mujeres y su explotaci¨®n. Por eso hemos aprobado un plan de actuaci¨®n en este sentido. Es el problema m¨¢s grave. Hay que actuar desde la sensibilizaci¨®n y concienciaci¨®n hasta la protecci¨®n y reconocimiento de la dignidad de estas mujeres y la lucha contra los que las explotan il¨ªcitamente".
Mart¨ªnez considera "irreal" que una prohibici¨®n estatal de la prostituci¨®n en la calle pueda solucionar nada. "La visibilidad no es lo que nos preocupa, sino el problema de fondo", se?ala.
La divisi¨®n social sobre este tema es tal que no hay acuerdo dentro de los partidos pol¨ªticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, ha defendido la regulaci¨®n -"lo contrario es una hipocres¨ªa", ha dicho-. Fue de inmediato aplaudida por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), principal defensora de la legalizaci¨®n, que tild¨® al presidente Zapatero de "fariseo" por esta cuesti¨®n. Pero el partido de Aguirre no comparte su punto de vista, sino que aboga por centrarse, sobre todo, en erradicar la trata. Mariano Rajoy habl¨® el jueves de prohibir la prostituci¨®n en la calle, pero aclar¨® de inmediato que no estaba proponiendo una ley estatal sino que se refer¨ªa a que lo hicieran los municipios.
El tema va mucho m¨¢s all¨¢ de izquierdas y derechas. Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, se?ala que su partido no est¨¢ a favor de la legalizaci¨®n. "Buena parte de la prostituci¨®n es explotaci¨®n, secuestro de personas, chantaje. Eso no se puede legitimar", explica. Pero admite que la falta de acuerdo interno provoca una cierta ambig¨¹edad en la postura del partido, que se queda a medio camino. "Lo m¨¢s urgente es luchar contra lo m¨¢s canalla. Hay que aplicar las leyes contra las mafias, garantizar los derechos de estas mujeres y que puedan tener f¨¢cil acceso a un permiso de residencia. En el ¨¢mbito local deber¨ªan tomarse medidas que no se queden en la represi¨®n y multa hacia las m¨¢s d¨¦biles. Hay que darles apoyo y salidas".
El Bloque Nacionalista Galego insiste en la necesidad de actuar contra las mafias -"y no s¨®lo a nivel estatal, sino de la UE", se?ala la portavoz Olaia Fern¨¢ndez- pero se muestra m¨¢s abierto a que haya una regulaci¨®n de la prostituci¨®n voluntaria. "Preferir¨ªa que la prostituci¨®n no existiera, pero est¨¢ ah¨ª y no podemos dejar sin protecci¨®n a estas mujeres. Deber¨ªan cotizar a la Seguridad Social y acceder a una pensi¨®n", se?ala. "Y se puede estudiar tambi¨¦n la sanci¨®n para los que usen estos servicios con mujeres traficadas", a?ade Fern¨¢ndez.
La ponencia del Congreso de los Diputados sobre prostituci¨®n de 2007, aprobada por todos los grupos salvo ERC, Iniciativa per Catalunya (ICV) y Eusko Alkartasuna, decidi¨® no meterse en camisa de once varas y ce?irse tambi¨¦n a la lucha contra la trata.
La l¨ªnea a favor de la regulaci¨®n la lidera, sobre todo, ERC. Lo pide tambi¨¦n ICV. Esquerra va a llevar el debate al Parlamento a trav¨¦s de una interpelaci¨®n urgente. El pr¨®ximo mi¨¦rcoles, la ministra de Igualdad, Bibiana A¨ªdo, dar¨¢ cuenta de los logros del Plan contra la Trata aprobado el pasado diciembre. ERC dice que el Gobierno tiene un "discurso abolicionista sin medidas abolicionistas" y pide un nuevo debate. Ellos quieren proteger los derechos de las que se dedican a ello voluntariamente, perseguir a sus explotadores y dar medios a las que deseen salir de este mundo.
Dentro de las asociaciones, la divisi¨®n es igualmente insalvalble. Pero, al margen del debate abolici¨®n o regulaci¨®n, coinciden en su queja por la falta de recursos p¨²blicos y planes integrales de atenci¨®n a las mujeres. "Hay cosas b¨¢sicas que no se hacen", se?ala un portavoz de M¨¦dicos del Mundo. "Por ejemplo, las nigerianas, las m¨¢s vulnerables, muchas veces no tienen pasaporte. En Madrid no pueden empadronarse, de forma que no pueden entrar en el sistema sanitario. En Andaluc¨ªa se elimin¨® este requisito y, al menos, tienen acceso a los m¨¦dicos. Si se piensa en ellas, hay muchas cosas que se pueden hacer para que quien quiera dejarlo pueda hacerlo con la ayuda del Estado. Pero falta dinero. Nosotros atendimos el a?o pasado a 1.500 mujeres en Madrid y no es nada comparado con lo que se podr¨ªa hacer. Los recursos definen qu¨¦ le importa a una sociedad, y este tema no parece prioritario".
La prostituci¨®n actual no tiene nada que ver con la de hace 20 a?os. El tr¨¢fico de mujeres ha dado un vuelco al problema. Pero hay grandes dificultades para distinguir una prostituta voluntaria de una v¨ªctima de trata. No hay cifras ni informes serios. Todo son estimaciones sobre un elevado n¨²mero de mujeres enga?adas, bien en cuanto al trabajo que ven¨ªan a hacer a Espa?a o en cuanto a sus condiciones de vida, de total sometimiento a los proxenetas. Pero, si est¨¢n amenazadas, es muy probable que no digan nada a la polic¨ªa ni al cliente, que es quien les permite ganar el dinero que les exige el chulo. Los clientes se arriesgan a hacer una trato econ¨®mico con una mujer que puede ser v¨ªctima de una mafia. Sobre esto tambi¨¦n hay que sensibilizar a la sociedad, y en ese punto coinciden todos, partidos y asociaciones: la prostituci¨®n ha cambiado, hay un riesgo real de explotaci¨®n y eso deben tenerlo en cuenta sus consumidores.
La legalizaci¨®n fracasa en Holanda
Convertida en una actividad laboral desde su despenalizaci¨®n en el a?o 2000, los problemas derivados de la prostituci¨®n no han mejorado en Holanda. Al contrario. El propio Gobierno califica de fracaso la aplicaci¨®n de una ley pionera en su momento, que legalizaba los burdeles y castigaba la explotaci¨®n de personas hasta con ocho a?os de c¨¢rcel. Las autoridades han decidido ponerle un parche a la normativa vigente. Para 2010 esperan tener a punto un sistema obligatorio de licencias de apertura destinado a casas de citas, salones de masajes, clubes y servicios de compa?¨ªa. Las prostitutas que operen por cuenta propia deber¨¢n inscribirse en un registro. De ese modo, se dispondr¨¢ de un inventario claro del negocio de la prostituci¨®n en el pa¨ªs. Los clientes que acudan a redes ilegales ser¨¢n m¨¢s visibles, e incurrir¨¢n en un delito.
"Hay un amplio consenso pol¨ªtico acerca de la necesidad de mejorar la situaci¨®n. La legalizaci¨®n no ha funcionado bien, y ha proliferado el tr¨¢fico de personas. Al tener que pagar impuestos, muchas prostitutas han optado adem¨¢s por ocultarse", se?alan fuentes del Ministerio de Justicia. Si legalizar la prostituci¨®n parec¨ªa la soluci¨®n, ?por qu¨¦ no ha surtido el efecto deseado en Holanda, patria de la tolerancia? La respuesta es desalentadora: por la desidia oficial.
Al principio, los ayuntamientos otorgaban los permisos de explotaci¨®n a los burdeles con demasiada lentitud. El hecho de que bancos y aseguradoras se hayan resistido a conceder a las mujeres cr¨¦ditos o p¨®lizas de vida, por el alto riesgo de la actividad para su salud, ha desarbolado a¨²n m¨¢s la norma. Los expedientes de apertura municipales se perd¨ªan o retrasaban. Un estudio publicado en 2007 mostr¨® mejoras en la red de burdeles. Pero con un dato negativo: los que s¨ª acataban la ley y cumpl¨ªan con las normas de higiene, seguridad y permisos de residencia de las empleadas acababan con escasez de personal.
Una vez calificadas de asalariadas o trabajadoras aut¨®nomas, los deberes de las prostitutas superan con creces sus derechos: deben pagar impuestos, pero no tienen seguro de paro; muchas abandonan los burdeles y pasan a la clandestinidad, con lo cual crece la amenaza de los proxenetas. Para el Hilo Rojo, el sindicato holand¨¦s del ramo, el legislador err¨® al suponer que solventar¨ªa el problema de las prostitutas ilegales y el del tr¨¢fico de personas. "El problema de los ilegales compete a Asuntos Exteriores. No mejora con una ley sobre burdeles", opina.
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