El vac¨ªo legal permite grandes infraestructuras en suelo protegido

Islas C¨ªes, 2015. Un enorme parque e¨®lico se apodera de las monta?as del Parque Nacional. ?Ciencia-ficci¨®n? "Con la actual reglamentaci¨®n, no", contesta con determinaci¨®n Marti?o Fiz, coordinador de la organizaci¨®n ecologista Adega. La raz¨®n es un vac¨ªo legal, el mismo que permitir¨¢ a Pescanova ocupar 360.000 metros cuadrados de Red Natura en Cabo Touri?¨¢n o a Iberdrola desecar este verano con reiteraci¨®n el r¨ªo Sil, a la altura de sus imponentes ca?ones. No hay espacio protegido en Galicia que cuente con el necesario reglamento que lo desarrolle. As¨ª las cosas, la instalaci¨®n de infraestructuras agresivas queda a la libre interpretaci¨®n del Gobierno de turno. "Y ya sabemos c¨®mo interpreta Feij¨®o".

Ning¨²n suelo sensible cuenta con un plan de uso que lo desarrolle

Las actividades en zonas protegidas s¨®lo dependen del criterio de la Xunta

Un dato revela el desinter¨¦s de las autoridades gallegas por la protecci¨®n ambiental: s¨®lo el 11,6% del territorio de Galicia est¨¢ integrado en la Red Natura 2000, lejos del 40% de comunidades como Madrid o del 26% de media estatal, y ¨²nicamente por delante de Melilla. Pero si la superficie protegida es poca, las garant¨ªas de amparo son menores. S¨®lo as¨ª se explica que en territorios sujetos a la Directiva del H¨¢bitat de la UE se hayan instalado de parques e¨®licos a centrales el¨¦ctricas, pasando por rellenos portuarios, minas a cielo abierto, parques industriales y hasta un vertedero a un par de millas de S¨¢lvora, en aguas del Parque Illas Atl¨¢nticas.

La legislaci¨®n ambiental exige a las comunidades aut¨®nomas que desarrollen la protecci¨®n de los espacios naturales. En el caso de Galicia, la Lei de Conservaci¨®n da Natureza, de 2001, establece los instrumentos obligatorios de planificaci¨®n. El determinante es el Plan Rector de Uso e Xesti¨®n (PRUX). "Se aprobar¨¢n en el plazo m¨¢ximo de dos a?os desde la entrada en vigor de la declaraci¨®n del espacio natural protegido", resuelve la ley. Ocho a?os despu¨¦s de su entrada en vigor, los PRUX en vigor son cero. As¨ª, ni Illas Atl¨¢nticas, ni los seis parques naturales gallegos, ni un s¨®lo metro cuadrado de la Red Natura est¨¢ bajo su paraguas.

El caso de Iberdrola en el Sil ilustra mejor que ning¨²n otro la importancia del citado plan, en el que se deben detallar -y justificar- las actividades permitidas, las zonas autorizadas y las medidas compensatorias. De no existir, toda obra queda a expensas de una simple autorizaci¨®n administrativa. En respuesta a las protestas que provoc¨® el vaciado de la cuenca, el Ministerio de Medio Ambiente explic¨® que la ausencia del PRUX dej¨® el r¨ªo desamparado. Otras 13 centrales el¨¦ctricas m¨¢s est¨¢n en lista de espera en el Sil.

La declaraci¨®n de Red Natura y su posterior planificaci¨®n ponen a Galicia a la cola de la cola. Andaluc¨ªa, una comunidad con un potencial e¨®lico similar al gallego, ronda el 30% de superficie declarada. S¨®lo los molinos m¨¢s pr¨®ximos al Estrecho han suscitado pol¨¦mica con los ecologistas. Cient¨ªficos espa?oles y portugueses han revisado las normativas relativas a la protecci¨®n de espacios de la Red Natura en Espa?a. El estudio, publicado este a?o en una revista cient¨ªfica, revela que el 50% de la superficie estatal no est¨¢ del todo protegida, un porcentaje que ya quisieran los ecologistas gallegos.

Lejos de proteger el territorio, la Administraci¨®n de Fraga se cuid¨® de blindar el negocio. En la reforma de la Lei do Solo de 2004, "de tapadillo", seg¨²n la socialista Carmen Gallego, la Xunta autoriz¨® la instalaci¨®n de plantas acu¨ªcolas en suelo r¨²stico protegido. Un a?o m¨¢s tarde, un Consello del Ejecutivo en funciones daba luz verde entre otras a la de Touri?¨¢n, despu¨¦s anulada por el bipartito. El Gobierno gallego ya ven¨ªa autorizando granjas acu¨ªcolas en Red Natura, pero quer¨ªa "allanar el terreno a la de Touri?¨¢n", acusa Gallego, ex conselleira de Pesca. En virtud de la misma modificaci¨®n, Pescanova podr¨¢ edificar sobre el 40% de la superficie de su finca, en lugar del 20% que rige para el resto de construcciones en suelo protegido. El conselleiro de Pol¨ªtica Territorial se llamaba Alberto N¨²?ez Feij¨®o.

Uno de los objetivos del bipartito consisti¨® en elevar ese deshonroso 11,6% de superficie de Red Natura. No lo logr¨®. El entonces conselleiro de Medio Ambiente, Manuel V¨¢zquez, present¨® un proyecto para incrementarla en un 50% que result¨® fallido. S¨ª prohibi¨® las piscifactor¨ªas en los ¨¢mbitos acogidos a la Directiva H¨¢bitat de la Uni¨®n Europea, una decisi¨®n que el PP ha convertido en papel mojado. Tambi¨¦n aprob¨® el anterior Gobierno un decreto e¨®lico que imped¨ªa instalar nuevos parques e¨®licos en Red Natura. Su suspensi¨®n por el nuevo Gobierno gallego hace que, en la actualidad, cualquier empresa pueda proponer la ubicaci¨®n de molinos donde le convenga. Por ejemplo, en las islas C¨ªes.

E¨®licos al margen, el Gobierno de Feij¨®o ha empezado por segregar las competencias sobre espacios protegidos del ¨¢rea de Medio Ambiente. Su gesti¨®n pertenece ahora a la Conseller¨ªa de Medio Rural, que ya no se atreve a prometer porcentajes de ampliaci¨®n de la Red Natura como hicieran sus antecesores. En todo caso, el departamento de Samuel Ju¨¢rez prev¨¦ incrementar los espacios de la red europea en dos fases. En una primera, para cumplir "las exigencias de la UE". La segunda, m¨¢s compleja, consistente en buscar nuevos ¨¢mbitos de protecci¨®n, "requerir¨¢ m¨¢s tiempo", advierte una portavoz de la conseller¨ªa. "Sobre un a?o", avanza.

Mientras Medio Rural pide tiempo, Medio Ambiente explica sus criterios de actuaci¨®n. Las piscifactor¨ªas, por ejemplo, son un uso "autorizable" en Red Natura, como lo son las autov¨ªas o las depuradoras, "pero con criterios restrictivos". "Se puede construir una planta de acuicultura en Red Natura, pero no de cualquier manera; eso es lo que la conseller¨ªa va a promover", explica un portavoz de la conseller¨ªa. Contra el revuelo que esa pol¨ªtica pueda ocasionar, el departamento de Agust¨ªn Hern¨¢ndez parece vacunado. "Las cr¨ªticas ecologistas son inevitables, pero la Administraci¨®n debe velar por el bien com¨²n".