Prostituci¨®n: la hora de la responsabilidad

Basta. Basta de la irresponsabilidad de esos dirigentes pol¨ªticos que miran hacia otro lado porque no reciben la presi¨®n ciudadana directa. Basta de las soluciones est¨¦ticas que aportan los planteamientos abolicionistas y de las posturas maximalistas de quienes se resisten a hacer algo ante la imposibilidad de resolverlo todo. Basta de la hipocres¨ªa y la doble moral de algunos a los que s¨®lo preocupa barrer la prostituci¨®n de las calles. Inicio este art¨ªculo desde el hast¨ªo de llevar a?os dando vueltas infructuosamente al debate sobre la prostituci¨®n, y asistiendo, mientras no actuamos, a la degradaci¨®n de algunos entornos en los que se practica y al desamparo en los que centenares de mujeres ejercen cada d¨ªa esta actividad en cualquiera de nuestras ciudades.

La regulaci¨®n es el mejor modo de proteger la libertad y la seguridad de las trabajadoras del sexo

La alegalidad de ahora fragiliza a las mujeres y s¨®lo beneficia a las mafias del proxenetismo

El dilema no es si estamos a favor o en contra de un fen¨®meno que repugna a la pr¨¢ctica totalidad de las mujeres, entre las que me incluyo, como tambi¨¦n a muchos hombres. No s¨®lo desde el feminismo, sino desde amplios sectores de la sociedad, existe un rechazo a una pr¨¢ctica que convierte las relaciones sexuales en un intercambio mercantil con componentes de dominio y vejaci¨®n, en el mejor de los casos, y de abuso, agresi¨®n o riesgo para la salud, la seguridad y la libertad de quienes la ejercen, en el peor. Es mezquino atribuir a quienes defendemos la regulaci¨®n de la prostituci¨®n cualquier pretensi¨®n de avalarla o bendecirla. Como tambi¨¦n es hip¨®crita -o incomprensiblemente ingenuo- pensar que si la prohibimos o la escondemos dejar¨¢ de existir.

Por mi trayectoria profesional, conozco el debate que, con tintes similares, se produce en torno a la legalizaci¨®n o no del consumo de drogas. Defender su regulaci¨®n no implica en absoluto apoyar el consumo indiscriminado de sustancias, por parte de cualquiera y en cualquier circunstancia, ni abonar el terreno para la generalizaci¨®n de un problema de salud p¨²blica tan grave como son las drogodependencias. Se trata, en cambio, de buscar el marco jur¨ªdico m¨¢s apropiado, superando un escenario de alegalidad que arroja al consumidor a una situaci¨®n de fragilidad, mientras ofrece a las mafias del narcotr¨¢fico una posici¨®n m¨¢s que ventajosa.

Id¨¦ntico escenario se nos presenta con la prostituci¨®n. El debate que urge afrontar, que ya no podemos demorar, gira en torno a qu¨¦ situaci¨®n legal ofrece mayores garant¨ªas y libertades a las personas que, por los motivos que sea -que a m¨ª me cuesta comprender-, deciden ejercer esta actividad. Debemos dotarnos de un marco jur¨ªdico que refuerce a su vez las herramientas con las que las administraciones puedan combatir con total contundencia el tr¨¢fico y la explotaci¨®n de personas abocadas a la prostituci¨®n forzosa.

El enfrentamiento est¨¦ril entre las tesis abolicionistas y las partidarias de la legalizaci¨®n deber¨ªa dar paso a un debate en el que, compartiendo objetivos, analiz¨¢ramos los mecanismos que permiten, de forma objetiva y no meramente est¨¦tica, garantizar los derechos de las mujeres y ser m¨¢s eficaces en la lucha contra las mafias. Bajo este planteamiento, la no regulaci¨®n es la peor de las salidas: perpet¨²a la extrema vulnerabilidad de quienes se dedican a la prostituci¨®n, a la vez que priva a las administraciones p¨²blicas de cualquier instrumento para intervenir y gestionar el impacto que esta actividad tiene sobre las personas y sobre el entorno en el que ejercen.

Frente a la alegalidad, los gobiernos locales se ven impotentes, sin herramientas para gestionar su territorio, y tentados a veces de tomar atajos normativos que ofrecen una falsa ilusi¨®n de autoridad y s¨®lo consiguen generar m¨¢s problemas de los que pretenden resolver. Tres a?os despu¨¦s de su aprobaci¨®n, asistimos estos d¨ªas a la evidencia de que la ordenanza del civismo impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona no ha resultado ser un instrumento ¨²til para abordar la prostituci¨®n. Lo dijimos ya entonces, expresando con nuestro voto contrario la convicci¨®n de que los problemas de ra¨ªz social no pueden resolverse desde una ¨®ptica policial o estrictamente reguladora del espacio p¨²blico. Sin haber desplegado previamente un marco legal que ofrezca garant¨ªas y alternativas reales a las personas que ejercen la prostituci¨®n, cualquier intento de buscar soluciones al impacto de esta actividad en el espacio p¨²blico actuar¨¢ s¨®lo de parche que, por muy efectista y medi¨¢tico que resulte a corto plazo, acabar¨¢ siendo in¨²til para avanzar hacia una soluci¨®n real.

Y lo digo con pesar, desde la impotencia de saber, como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que por m¨¢s esfuerzos que realicemos por dignificar el espacio p¨²blico, por atender las necesidades de los vecinos y vecinas, por mejorar las condiciones en las que ejercen las trabajadoras sexuales, siempre estaremos poniendo parches, ya que no disponemos como ciudad de todos los instrumentos necesarios para hacer frente a este fen¨®meno.

No quiero desaprovechar, sin embargo, esta oportunidad para poner en valor todos estos esfuerzos. Desde la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (ABITS) se realiza una incansable labor para contactar con las mujeres que ejercen la prostituci¨®n en la calle, prestarles atenci¨®n social, sanitaria, psicol¨®gica, y ofrecerles alternativas. En los ¨²ltimos dos a?os, hemos incrementado en un 68,5% los recursos destinados a este programa que, pese a todo, seguir¨¢ siendo insuficiente.

Y quiero hacer tambi¨¦n una firme defensa, frente a las visiones apocal¨ªpticas que algunos reproducen estos d¨ªas sobre nuestra ciudad, de la apuesta que Barcelona y su Gobierno progresista han hecho por dignificar su centro hist¨®rico y, muy especialmente, El Raval, salvando espacios de la voracidad inmobiliaria, ahuyentando el fantasma de la desertificaci¨®n o la conversi¨®n en escaparate tur¨ªstico. No negamos la existencia de problemas, ni la complejidad que supone la colisi¨®n de usos e intereses en un espacio p¨²blico sometido a una intens¨ªsima ocupaci¨®n, pero pocas ciudades pueden decir como Barcelona que conservan un barrio central habitado, con espacios de convivencia vecinal, con equipamientos y comercios de proximidad, como en cualquier otro rinc¨®n de la ciudad.

Volviendo al debate sobre la prostituci¨®n: respeto las tesis de quienes defienden su abolici¨®n, pero no las comparto en absoluto, pues parten, a mi entender, de la inmadurez de pretender que no exista aquello que no nos gusta, cuando todos aprendemos a muy pronta edad que las cosas no desaparecen porque cerremos los ojos. Tenemos el m¨¢s claro ejemplo en Suecia, donde la prohibici¨®n ha abocado a las personas que ejercen la prostituci¨®n a practicarla en barcos anclados a unas millas de la costa, en condiciones de absoluta desprotecci¨®n. Tampoco es momento ahora de debatir sobre las zonas de tolerancia, ser¨ªa un instrumento absolutamente inadecuado en las actuales condiciones sociales y sin un marco regulador previo.

Debemos aparcar las iniciativas parciales o las soluciones est¨¦ticas. La funci¨®n de la pol¨ªtica es ofrecer a cualquier colectivo las mejores condiciones para garantizar la salvaguarda de sus derechos, y esto pasa hoy por afrontar de una vez por todas la regulaci¨®n de la prostituci¨®n, promoviendo la existencia de espacios autogestionados, sin amos, que despojen al proxeneta de la funcionalidad que le otorgan las precarias condiciones en las que se desenvuelven actualmente las trabajadoras del sexo. Un marco regulador har¨¢ aflorar la econom¨ªa sumergida vinculada a esta actividad, de la que se lucran impunemente numerosos empresarios del sexo, nos posicionar¨¢ mejor para combatir la delincuencia que a menudo la rodea, y nos permitir¨¢ abordar el dise?o de estrategias para aquellas mujeres que quieran abandonar esta pr¨¢ctica.

Una regulaci¨®n que debe tener car¨¢cter transversal y ¨¢mbito estatal, pues ata?e a competencias relacionadas con el reconocimiento de esta pr¨¢ctica como actividad laboral. El Gobierno de Zapatero no puede rehuir por m¨¢s tiempo esta cuesti¨®n, ni hacer o¨ªdos sordos escud¨¢ndose en debates internos del movimiento feminista. Yo le animo a escuchar a todo el espectro de este movimiento, m¨¢s all¨¢ de las voces que se alcen dentro de su propio partido. Hoy, la urgencia de las personas que se dedican a la prostituci¨®n por ver reconocidos sus derechos, y la necesidad de las ciudades y de quienes viven en ellas de abordar con decisi¨®n este fen¨®meno, es un clamor que, por responsabilidad, no puede desatender.

Imma Mayol es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y concejal de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA).