Justicia adeuda a los dep¨®sitos judiciales m¨¢s de 60 millones

"Es un desprop¨®sito mantener un Seat 127 durante 15 a?os y pagar por ¨¦l 20.000 euros". La paradoja expuesta por Pedro Izquierdo, secretario general para la Justicia, resume la asombrosa situaci¨®n de miles de veh¨ªculos que acumulan polvo al aire libre en los dep¨®sitos judiciales. El cr¨®nico retraso de la Justicia y los procesos que se eternizan producen un bloqueo que inmoviliza los bienes intervenidos (coches, barcos, avionetas y ciclomotores) y generan a la administraci¨®n una factura que crece y crece. Esta deuda de la Consejer¨ªa de Justicia supera ya los 60 millones de euros, aunque a¨²n se cuantifica debido a las dificultades para calcularla.

En las ¨²ltimas semanas a la consejer¨ªa le crecen los enanos en forma de reclamaciones monetarias. Con la crisis muchas empresas atraviesan dificultades y reclaman impagos que superan ya una d¨¦cada. Del gremio del taxi, pero sobre todo empresas que custodian los veh¨ªculos intervenidos judicialmente. Entre ellas figuran el dep¨®sito judicial de Sevilla y los cuatro del Campo de Gibraltar, que han cerrado sus puertas y se han negado a recibir m¨¢s veh¨ªculos. La consecuencia es clara: el ¨²ltimo ejemplo se vivi¨® el viernes, cuando la Guardia Civil dej¨® abandonado un veh¨ªculo intervenido en la cuneta de la A-7 en San Roque (C¨¢diz).

El valor de los cohes acaba siendo muy inferior al de su custodia

Justicia debe por cada d¨ªa y coche 3,6 euros y 1,5 euros por cada ciclomotor. As¨ª, al multiplicar los a?os que pasan los veh¨ªculos en los dep¨®sitos sale esa factura que en plena crisis es una pesada losa. La soluci¨®n a una deuda tan abultada no parece f¨¢cil. La Junta negocia los pagos a varias bandas con los depositarios, entre los cuales los cuatro del Campo de Gibraltar condensan el grueso de la deuda, con unos 40 millones. "Pedimos un calendario de pagos c¨®modo para la Administraci¨®n, pero ya una empresa tuvo que despedir a todo su personal y esto no puede seguir as¨ª", lamenta Estela Villalobos, portavoz de los empresarios gaditanos afectados.

El Campo de Gibraltar engloba gran parte de los veh¨ªculos y barcos intervenidos por su cercan¨ªa con la frontera con Marruecos, y el tr¨¢fico constante que supone el puerto de Algeciras, por donde transitan miles de veh¨ªculos cada a?o. Adem¨¢s, su situaci¨®n estrat¨¦gica y Gibraltar son un atractivo a?adido para las bandas de traficantes y blanqueadores, con coches de alta gama y barcos que la polic¨ªa y Guardia Civil requisan. Y ah¨ª comienza el problema, cuando arrancan los procesos judiciales y los recursos se eternizan. Si el condenado es extranjero, las dificultades para cobrar las deudas se multiplican.

Para cifrar de manera exacta la deuda global, la consejer¨ªa exige a los depositarios que determinen los procedimientos judiciales por los que fueron intervenidos. Pero el atasco judicial y los a?os transcurridos hacen que esa tit¨¢nica tarea, intentada sin ¨¦xito por los secretarios coordinadores, sea imposible. "Esperamos a que se documenten las deudas. Los depositarios nos daban matr¨ªculas que no coincid¨ªan con los procedimientos", alega la consejera de Justicia, Bego?a ?lvarez. Mientras, los empresarios rechazan dicha responsabilidad para ponerle un apellido a cada coche intervenido: "?Quieren que nos metamos a?os enfrascados en los juzgados buscando papeles? Esa b¨²squeda de documentos es imposible", afirma Villalobos.

Adem¨¢s, la mayor¨ªa de estos veh¨ªculos fueron ya peritados y destruidos. El presidente de la Audiencia de C¨¢diz, Lorenzo del R¨ªo, orden¨® peritar todos los veh¨ªculos a disposici¨®n judicial y con fecha de entrada desde diciembre de 2006. Tras el peritaje fueron destruidos 4.300 veh¨ªculos y ahora permanecen unos 1.700 en los cuatro dep¨®sitos judiciales.

Para evitar la paradoja de que el valor de un coche se vea superado por el valor de su estancia en el dep¨®sito, Justicia ultima un protocolo junto al Tribunal Superior de Justicia (TSJA), la Fiscal¨ªa Superior y la Secretar¨ªa de Gobierno para establecer los criterios que permitan optimizar los recursos. El destino de todos los bienes intervenidos s¨®lo dependen del juez que ordena su intervenci¨®n. De este modo, desde que recibi¨® las competencias de Justicia en 1997, la Junta est¨¢ sujeta a las decisiones judiciales y los consecuentes pagos generados por estas intervenciones. Y con el cierre de estos cinco dep¨®sitos, los problemas se multiplican. "Imag¨ªnate, estamos dejando los coches donde han sido intervenidos al ladr¨®n, con lo cual es muy f¨¢cil pensar que ¨¦ste o un familiar regresen a por ¨¦l", ejemplifica un polic¨ªa con cierta impotencia.