Ante la huelga de jueces

A una nueva huelga en la carrera judicial parece decidida la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), que ya ha se?alado la fecha del pr¨®ximo 8 de octubre para llevar a cabo el paro. Que se pongan en huelga los jueces, que son quienes hacen efectivos los derechos fundamentales, participan en el control de constitucionalidad de las leyes, interpretan las normas y aplican el derecho en el caso concreto, es sin duda de inter¨¦s para todos los ciudadanos, seg¨²n ya se comprob¨® en la anterior jornada de huelga celebrada meses atr¨¢s.

El Estado de derecho cl¨¢sico vigente durante todo el siglo XIX se caracterizaba fundamentalmente porque entre el juez y la ley no se interpon¨ªa ninguna otra instancia, ni exist¨ªa en el juez ning¨²n otro compromiso que no fuera servir de boca que pronuncia las palabras de la ley. La propia referencia a la legitimidad del juez se hac¨ªa sobre connotaciones paleodemocr¨¢ticas de la soberan¨ªa popular entendida como entidad m¨ªtica que agotaba todas sus virtualidades en el organismo parlamentario.

Desde la "¨¦tica de la responsabilidad", ?es justificable el deseo de parar todos los juzgados y tribunales?

A principios del siglo pasado, Kantarowicz advirti¨® que el positivismo de las normas no colmaba sus propias lagunas a la hora de afrontar las transformaciones de la sociedad; el jurista alem¨¢n acu?¨® as¨ª la idea de que fuera la "popularidad de la jurisprudencia" la que disolviera la rigidez de la ley y adaptara el derecho a la vida de la sociedad.

En la actualidad, los jueces se enfrentan a problemas como los de la validez material de las normas y de la aplicaci¨®n de las leyes, desde la perspectiva de que el derecho ya no es una pir¨¢mide normativa producto de una voluntad general monol¨ªtica, sino que encierra una realidad muy compleja; una realidad que acrecienta la subjetividad de los titulares del poder judicial y, en consecuencia, posibilita el compromiso ¨¦tico del juez. Hoy m¨¢s que nunca es v¨¢lida la observaci¨®n de Teodorov sobre la necesidad de confrontar los principios jur¨ªdicos tradicionales con nuevos valores indiscutibles, que deben ser asumidos por los jueces como son los valores de la igualdad de derechos o de la identidad racial y sexual.

Por otra parte, en las reflexiones sobre los problemas del sistema judicial siempre se ha puesto el acento sobre los grandes temas de la independencia, imparcialidad y responsabilidad, y se han dejado de lado otros igual de importantes como el del servicio a los ciudadanos. De esta manera, se olvida que para que la independencia judicial sea de utilidad y el servicio a los ciudadanos efectivo, se tiene que disponer de los medios instrumentales necesarios para que se pueda ejercer y prestar de manera eficiente. El estrangulamiento que durante muchos a?os han sufrido los juzgados y tribunales de este pa¨ªs, por grandes carencias de medios y de personal, ha sido quiz¨¢ el mayor atentado a la independencia judicial y es, sin duda, este fracaso de la justicia como servicio p¨²blico el principal factor de deslegitimaci¨®n de los tribunales ante los ciudadanos.

Por tanto, es imprescindible que los jueces dispongan ya de todos los medios materiales necesarios en la importante cantidad inversora de 600 millones de euros que el actual presidente del Gobierno prometi¨®, en el ¨²ltimo debate sobre el estado de la naci¨®n, consignar en los Presupuestos para el a?o 2010. Habr¨¢ que incorporar tambi¨¦n a los juzgados y tribunales nuevos instrumentos de comunicaci¨®n con los ciudadanos de la actividad judicial que permitan dar respuesta cumplida a las exigencias de una sociedad democr¨¢tica avanzada. El juez, desde la ineludible posici¨®n de neutralidad que ocupa sobre el conflicto concreto en el que interviene, a su vez materializa los valores que justifican y dan sentido a la funci¨®n judicial en el actual Estado social y democr¨¢tico de derecho.

Por ello, el problema que de nuevo suscita la convocatoria de una huelga de jueces se convierte as¨ª en un buen par¨¢metro para calibrar desde esta perspectiva ¨¦tica los efectos que un paro judicial tiene sobre el derecho de los ciudadanos al normal funcionamiento del servicio judicial. Admitiendo que constitucionalmente es viable el derecho de huelga de los jueces, ser¨ªa muy oportuno preguntarse hasta qu¨¦ punto son tolerables desde el tamiz de la "¨¦tica de la responsabilidad", aplicando la expresi¨®n de Max Weber, algunos llamamientos a "pararlo todo", que en estos d¨ªas se comienzan a escuchar en los juzgados y tribunales de este pa¨ªs.

Estando justificadas las expectativas profesionales de mejora de las condiciones de trabajo de los jueces y de los medios existentes, no hay que olvidar que el ¨¢mbito m¨¢s apropiado para la transmisi¨®n de valores es, sin duda, la escuela judicial. Es en esta fase inicial de formaci¨®n de los nuevos jueces cuando, con la suficiente profundidad, deben de inculcarse sin ambages la identificaci¨®n con el servicio p¨²blico, m¨¢s all¨¢ de cualquier otra reivindicaci¨®n.

Alfonso Villag¨®mez Cebri¨¢n es magistrado.