G¨¹rtel en Galicia

Hace tiempo que sab¨ªamos que las ramificaciones del caso G¨¹rtel hab¨ªan llegado a Galicia, aunque solo fuese de forma colateral, porque se daba la coincidencia de que Pablo Crespo, catalogado como el n¨²mero dos de la red tejida por Francisco Correa, hab¨ªa sido secretario de Organizaci¨®n del PP gallego de 1996 a 1999. Pero ahora el hecho de que las ¨²ltimas investigaciones policiales apunten a una trama de financiaci¨®n ilegal en toda regla del PP valenciano, unido a una carta de El Bigotes a Rajoy para reclamar una deuda por servicios prestados en Galicia en las elecciones municipales de 1999, ha permitido al PSdeG y al BNG dirigir su artiller¨ªa hacia una posible financiaci¨®n ilegal del PPdeG, aderezada con la permanencia de Crespo como vocal en el consejo de administraci¨®n de Portos de Galicia hasta 2005 y con una presunta vinculaci¨®n de los actuales presidentes provinciales de este partido en A Coru?a y Pontevedra.

Los partidos s¨®lo se han preocupado por la corrupci¨®n cuando tocaba a sus expectativas electorales

Por su parte, el presidente Feij¨®o, haciendo gala una vez m¨¢s de su gran olfato pol¨ªtico (por encima, desde luego, de su olfato jur¨ªdico, puesto en entredicho en los ¨²ltimos d¨ªas con la perla de que "es irresponsable que una menor decida sobre el derecho de los embriones"), ha estado diligente en su respuesta, reclamando a Francisco Camps que aclare las conexiones del PP valenciano con el caso G¨¹rtel y aprovechando para pedir una ley que "clarifique y transparente" la financiaci¨®n de los partidos, con el fin de "apuntalar la democracia" y "dejar de agachar la cabeza".

Aunque ante esta aut¨¦ntica declaraci¨®n de principios cabr¨ªa oponer la evidencia hist¨®rica de que los partidos s¨®lo han dado muestras de estar preocupados por la corrupci¨®n cuando ¨¦sta pod¨ªa afectar a sus expectativas electorales, no hay que echar en saco roto que se vuelva a poner sobre la mesa la vieja aspiraci¨®n de redactar una ley de financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos, que permita sostener adecuadamente sus gastos de funcionamiento y que, consecuentemente, evite caer en la tentaci¨®n de su financiaci¨®n ilegal a trav¨¦s de la contrataci¨®n p¨²blica y del urbanismo. Y, por supuesto, que evite tambi¨¦n las tentaciones individuales tanto de los recaudadores encargados de dirigir las finanzas de los partidos como de los gobernantes que con su capacidad de decisi¨®n pol¨ªtica han sido los art¨ªfices del milagro de la multiplicaci¨®n de los panes y de los peces, materializado en las ingentes plusval¨ªas obtenidas.

Ahora bien, confiemos en que este loable deseo del presidente Feij¨®o no sea un ingrediente m¨¢s de la denominada estrategia del calamar, que ya ha empezado a utilizarse en el caso G¨¹rtel, con el fin de que la tinta arrojada encubra o difumine las graves responsabilidades jur¨ªdico-penales que se imputan a los intervinientes en la trama: desde falsedades documentales a defraudaciones tributarias, pasando por blanqueo de bienes y cohechos de variada ¨ªndole, en el que esperemos que el Tribunal Supremo incluya el ya famoso cohecho pasivo impropio (que lleva camino de rebautizarse como "cohecho Camps" o "cohecho De la R¨²a"), dado que el archivo propuesto por el Tribunal Superior de Valencia se basa en una disparatada interpretaci¨®n que contradice la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo y que no encuentra respaldo alguno en la literatura penal.

No obstante, en Galicia los primeros indicios parecen apuntar asimismo a la actividad del citado molusco cefal¨®podo, puesto que el PPdeG ha contraatacado insinuando que en la actualidad tambi¨¦n hay financiaci¨®n ilegal en los restantes partidos, invocando en especial (sin m¨¢s pruebas) un informe del Consello de Contas, que se acaba de hacer p¨²blico, en el que se refleja que el BNG hab¨ªa confiado el 74% de su presupuesto para las elecciones del pasado 1 de marzo a un grupo empresarial que previamente hab¨ªa recibido desde conseller¨ªas controladas por los nacionalistas 78 contratos valorados en 1,1 millones de euros.

Y tampoco puede ser casualidad la campa?a emprendida contra el actual l¨ªder del PSdeG por presunto impago de tasas municipales, orquestada con la presencia f¨ªsica intimidatoria de unas nuevas generaciones de cobradores del frac. Obviamente, todos los ciudadanos estamos interesados en saber si los responsables de los partidos cumplen sus propias obligaciones fiscales, pero, aun en el caso de que la citada acusaci¨®n fuese verdadera, ello nada tiene que ver con financiaci¨®n ilegal, con tramas de corrupci¨®n o con actividades delictivas.