Berlusconi se enfrenta a dos procesos penales graves

El Tribunal Constitucional declar¨® ayer inconstitucional la Ley Alfano, dise?ada por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, para congelar los procesos penales abiertos contra el empresario Silvio Berlusconi -y aplicable a los otros tres altos cargos del Estado-. La decisi¨®n, netamente contraria a los intereses del pol¨ªtico y del empresario, niega tanto la sustancia como el m¨¦todo elegido para hacer leyes personales, y es el peor escenario previsto por los abogados del magnate milan¨¦s. La consecuencia inmediata del fallo es que al menos dos de los cuatro procesos congelados que afronta Berlusconi ser¨¢n reabiertos.

La Corte considera que la ley Alfano viola dos art¨ªculos de la Constituci¨®n: el 138 (la legislaci¨®n sobre altos cargos debe hacerse por v¨ªa constitucional y no con una norma ordinaria), y el art¨ªculo 3 (todos los ciudadanos son iguales ante la ley). La primera violaci¨®n supone que si el Gobierno quiere aprobar un nuevo escudo penal para Berlusconi, debe preparar una ley constitucional, lo que requerir¨ªa los votos de dos tercios del Parlamento y cerca de un a?o de tiempo. La segunda cautela deja sin efecto, en todo caso, esa posibilidad, pues el tribunal recuerda que el hecho de ser primer ministro no le exime de someterse a la justicia.

El Constitucional tumb¨® por nueve votos a seis la ley de inmunidad

Bossi amenaz¨® antes de conocer la sentencia con apelar al pueblo

El abogado de Berlusconi, Gaetano Pecorella, calific¨® la sentencia como "sorprendente", ya que, explic¨®, la Corte "se ha desmentido a s¨ª misma". Seg¨²n ¨¦l, al declarar inconstitucional la Ley Schifani en 2004, el Tribunal no dijo que se requer¨ªa una ley constitucional y no una ordinaria. "Han cortado la cabeza al toro, y han hecho imposible la reforma parlamentaria de la ley y de paso han cortado de ra¨ªz toda soluci¨®n para la historia jur¨ªdica de Berlusconi", admiti¨® Pecorella.

Pese a todo, a?adi¨® Pecorella, que es parlamentario del Pueblo de la Libertad, "Berlusconi seguir¨¢ gobernando, esto no incide sobre la fuerza pol¨ªtica de la mayor¨ªa y creo que el pa¨ªs, ante estos ataques personales contra Berlusconi, le reafirmar¨¢ su apoyo".

El fallo del Alto Tribunal lleg¨® a las seis de la tarde, despu¨¦s de tres sesiones dedicadas a analizar el laudo, y fue tomado por mayor¨ªa de la sala. Nueve jueces votaron a favor del veredicto y seis en contra. La decisi¨®n desprecia con argumentos jur¨ªdicos las crecientes presiones pol¨ªticas ejercidas en los ¨²ltimos d¨ªas por los medios de Berlusconi y sus ministros. Poco antes de que se conociera la decisi¨®n, el l¨ªder de la Liga Norte y ministro de Reformas, Umberto Bossi, amenaz¨® con "recurrir" al pueblo si los jueces tumbaban la Ley Alfano. "Nosotros tenemos el pueblo", dijo Bossi, "pero estoy por la prudencia".

La intimidaci¨®n del jefe padano al Tribunal mientras ¨¦ste se encontraba reunido a puerta cerrada para deliberar sobre una ley clave para el futuro pol¨ªtico fue suavizada por un comentario del portavoz de Berlusconi. Tras conocer el veredicto, Paolo Bonaiuti afirm¨® que se trata de "una sentencia pol¨ªtica", pero a?adi¨® que el Gobierno continuar¨¢ cumpliendo el mandato.

La decisi¨®n de la Corte fue elogiada por Alessandro Pace, el representante de la Fiscal¨ªa de Mil¨¢n (impulsora de dos de los tres recursos contra la Ley Alfano) que no fue autorizado por la sala a participar en la audiencia p¨²blica del martes.

Seg¨²n Pace, el Laudo Alfano "viola la Constituci¨®n en cinco puntos: el principio de igualdad; el automatismo generalizado porque se aplica incluso si se viola o se mata; la duraci¨®n irracional del proceso; el tratamiento diverso a los presidentes y a los organismos que presiden y la aprobaci¨®n por ley ordinaria y no constitucional".

Berlusconi se reuni¨® con sus ministros m¨¢s cercanos en el palazzo Chigi en torno a las cuatro de la tarde. Seguramente sab¨ªan ya que el Tribunal iba a rechazar, por segunda vez, el intento de elaborar una ley personal para salvarle de la acci¨®n de la justicia. Ahora, dos de los cuatro procesos congelados por la Ley Alfano podr¨¢n ser reabiertos.

El primero es el que le acusa del soborno al abogado brit¨¢nico David Mills (condenado a cuatro a?os y seis meses de c¨¢rcel); el segundo le imputa irregularidades en la compraventa de derechos televisivos. El tercero procede de un juez de Roma, que a¨²n debe decidir si archiva la causa o procesa a Berlusconi por instigaci¨®n a la corrupci¨®n de dos senadores. Un cuarto proceso, el llamado Mediatrade, est¨¢ en fase preliminar de la instrucci¨®n.

- Caso Mills. Seg¨²n la fiscal¨ªa, Berlusconi pag¨® 600.000 d¨®lares al abogado ingl¨¦s David Mills, especialista en crear sociedades opacas en para¨ªsos fiscales, para que testificara a su favor y mintiera en sede judicial durante los procesos All Iberian y Mediaset. Mills minti¨® a los jueces sobre el papel principal de Berlusconi en la estructura offshore creada para ¨¦l por Mills "para actividades ilegales y reservadas de Fininvest".

Mills fue condenado en primer grado a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel, y la juez Nicoletta Gandus consider¨® probado que el corruptor fue Berlusconi. El recurso se empieza a juzgar ma?ana en Mil¨¢n. Berlusconi ha sido llamado como testigo de la defensa. Por ley, el juicio de Berlusconi debe comenzar de cero porque ya se sentenci¨® al primer imputado.

- Caso Mediaset. Dos sociedades offshore creadas por Mills compraron y vendieron entre 1994 y 1999 derechos de televisi¨®n y cine por 470 millones. La Fiscal¨ªa de Mil¨¢n cree que esas sociedades revend¨ªan los derechos a sucesivas empresas gemelas de Berlusconi, encareciendo el precio en cada pase. La diferencia entre el valor inicial y el valor final permit¨ªa crear millones en dinero negro. Han prescrito casi todos los delitos, pero Berlusconi tiene pendiente una acusaci¨®n por fraude fiscal y otra por balance falso de 1999.

La norma que daba un fuero especial a los parlamentarios italianos fue abolida en 1993, despu¨¦s de Tangent¨®polis, por el propio Parlamento, que reform¨® el art¨ªculo 68 de la Constituci¨®n. Los parlamentarios no pueden ser perseguidos por delitos de opini¨®n ni arrestados sin permiso del Parlamento. Todos ellos son procesables como cualquier ciudadano. El primer ministro y los ministros pueden ser procesados sin autorizaci¨®n del Parlamento, pero si cometen un delito en el ejercicio de sus funciones decide un Tribunal de Ministros. El presidente s¨®lo puede ser procesado por el Parlamento en dos supuestos: alta traici¨®n y atentado a la Constituci¨®n, y en ese caso es juzgado por el Constitucional.

Berlusconi acusa a los magistrados del Constitucional de ser de izquierdas