El 'caso G¨¹rtel': un test de calidad democr¨¢tica

Tras el levantamiento del secreto del sumario con imputaci¨®n de 71 personas, el caso G¨¹rtel con sus distintas ramificaciones ha entrado en una nueva fase judicial, de consecuencias pol¨ªticas hoy por hoy impredecibles. Por una parte, aparece la trama de corrupci¨®n que afect¨® a grandes municipios madrile?os (Pozuelo, Majadahonda, Boadilla, Arganda, etc.), pol¨ªticamente neutralizada de momento gracias a las fulminantes dimisiones exigidas por Esperanza Aguirre.

Pero luego est¨¢ el caso Camps, el presidente del Gobierno valenciano cuya imputaci¨®n por cohecho fue pol¨¦micamente sobrese¨ªda, pero contra quien la fiscal¨ªa del Supremo ha pedido la reapertura del caso, dada la aparici¨®n de nuevas evidencias de corrupci¨®n. Y por encima de todo esto sobrevuelan los indicios de financiaci¨®n ilegal que afectan a la sede central del PP, y ello tanto en la anterior ¨¦poca de Aznar como en la actual etapa de Rajoy, cuyo tesorero B¨¢rcenas est¨¢ imputado por cohecho en el sumario principal. Un complicado macroproceso de corrupci¨®n pol¨ªtica que podr¨ªa significar para el PP algo equivalente pero de mayor dimensi¨®n a lo que supuso el caso Filesa para el PSOE en los a?os noventa.

Si el PP gana en 2012 sin pagar un precio por el esc¨¢ndalo, se estar¨¢ incentivando la corrupci¨®n

Nuestra democracia super¨® con claridad el 'caso Filesa'; sali¨® reforzada

Resulta aventurado especular con el futuro del caso G¨¹rtel, pero con independencia de los avatares judiciales y de las repercusiones pol¨ªticas que sobrevengan en su tramitaci¨®n, es evidente que este caso se va a convertir en un test evaluador de la calidad de nuestra democracia. ?Sobrepasaremos con ¨¦xito esta prueba crucial? ?Sabr¨¢n estar nuestras instituciones a la altura de las circunstancias? En este sentido, tambi¨¦n el caso Filesa supuso un test de calidad, una prueba de consistencia y fortaleza que, por razones que veremos despu¨¦s, y pese al malestar colectivo que caus¨® en su d¨ªa, nuestra democracia super¨® con claridad, saliendo reforzada de ella. ?Suceder¨¢ lo mismo esta vez?

Basar¨¦ mis argumentos en un texto cuya traducci¨®n acaba de publicarse, resumiendo la literatura sobre el an¨¢lisis comparado de las democracias. Me refiero al libro Democracia y democratizaciones (CIS, 2009) del c¨¦lebre polit¨®logo italiano Leonardo Morlino, autor que distingue cinco dimensiones determinantes de la buena o mala calidad democr¨¢tica. De esas cinco variables, dos son procedimentales: el imperio de la ley (rule of law) y la rendici¨®n de cuentas (accountability). Otras dos son sustantivas, pues afectan a los contenidos de la democracia: la libertad y la igualdad. Y la ¨²ltima se refiere a los resultados de las pol¨ªticas p¨²blicas: es la satisfacci¨®n ciudadana, de la que depende la legitimidad de las democracias.

Pues bien, al aplicar su matriz al caso espa?ol, las dos variables en que salimos mejor librados son las sustantivas, pues ni la libertad ni la igualdad est¨¢n aqu¨ª amenazadas (aunque esto deber¨ªa matizarse, dada la injusta segregaci¨®n de los inmigrantes).

Pero no ocurre lo mismo con las otras tres (rule of law, accountability y legitimidad), cuya aplicaci¨®n es bastante m¨¢s dudosa, y el caso G¨¹rtel es una prueba muy significativa. Por lo que respecta al imperio de la ley, es evidente que los elevados niveles de corrupci¨®n pol¨ªtica cuyos indicios est¨¢n aflorando en los sumarios demuestran un incumplimiento de la legalidad vigente pr¨¢cticamente generalizado. Y en esto llueve sobre mojado, pues el caso G¨¹rtel s¨®lo es el ¨²ltimo de una larga lista donde tambi¨¦n aparecen los casos de Marbella, Estepona, Mallorca, etc. En este sentido, a las democracias con alto nivel de corrupci¨®n, donde se incumplen sistem¨¢ticamente las leyes, Morlino las denomina democracias ineficientes o defectivas.

Pasemos al segundo indicador: la rendici¨®n de cuentas. Aqu¨ª Morlino hace suya la distinci¨®n de O'Donnell entre accountability vertical, que se ventila en los comicios electorales cuando los ciudadanos juzgan retrospectivamente los incumplimientos de sus gobernantes sancion¨¢ndolos mediante la alternancia, y la accountability horizontal: la exigencia de responsabilidades ejercida por los tribunales, las instituciones reguladoras independientes y la sociedad civil.

Pues bien, es evidente que ninguna de ambas accountabilities est¨¢ funcionando en el caso G¨¹rtel: el cohecho de Camps y los suyos ha sido sobrese¨ªdo por un tribunal amigo (si es que no presuntamente prevaricador), y los indulgentes electores han premiado con mayor cosecha de votos a los imputados por corrupci¨®n, en lugar de castigarlos o al menos suspenderlos como se merec¨ªan, dicho sea en t¨¦rminos de ¨¦tica ciudadana. Luego volver¨¦ sobre esto. En cualquier caso, a las democracias en las que la accountability no funciona, o funciona mal, Morlino las denomina irresponsables o delegativas (populistas) en el sentido de O'Donnell.

Queda por ver la cuesti¨®n de la legitimidad o grado de satisfacci¨®n con los resultados de la democracia (no con la democracia misma, que no se discute en cuanto tal). Pues bien, tambi¨¦n aqu¨ª parece evidente que hay fracciones crecientes de ciudadanos que no se sienten leg¨ªtimamente representados por sus gobernantes, ni tampoco por los candidatos de la oposici¨®n (lo que explica la ausencia de alternancia), expresando su rechazo sobre todo mediante la abstenci¨®n. Es verdad que la polarizaci¨®n reinante produce abultados apoyos electorales al partido en el poder (el PSOE en el Gobierno central, el PP en los Gobiernos de Madrid o Valencia), pero semejante sost¨¦n debe ser interpretado no tanto como aval, ni mucho menos como adhesi¨®n, sino sobre todo como mal menor: si se vota a los propios candidatos es con las narices tapadas y para castigar a sus todav¨ªa m¨¢s odiosos adversarios, a los que se rechaza por ileg¨ªtimos. Una desafecci¨®n pol¨ªtica tipificada por Morlino como democracia no leg¨ªtima (o mejor, deslegitimada).

En cualquier caso, bien podr¨ªa pensarse que esta p¨¦rdida de calidad fuera s¨®lo pasajera o epis¨®dica, y que la democracia espa?ola recuperar¨¢ su normalidad cuando el caso G¨¹rtel supere su tramitaci¨®n judicial. Pero no cabe abrigar esperanzas que podr¨ªan revelarse infundadas, pues tambi¨¦n podr¨ªa ocurrir lo contrario si el caso se archiva o anula, sentando un aciago precedente destinado a reproducirse.

Y a¨²n queda la posibilidad intermedia: que el proceso se alargue indefinidamente dando tiempo a que el PP recupere el poder en 2012, obteniendo as¨ª la victoria y con ella la impunidad pol¨ªtica. Lo cual podr¨ªa significar la puntilla para la democracia espa?ola, conden¨¢ndola para siempre a la persistencia de la irresponsabilidad en el sentido de Morlino.

Hasta ahora, exceptuando el caso Naseiro, el PP estaba limpio de corrupci¨®n, y s¨®lo el PSOE hab¨ªa ca¨ªdo en la verg¨¹enza del caso Filesa y dem¨¢s asuntos aleda?os. Pero este partido lo pag¨® perdiendo el poder y manteni¨¦ndose alejado de ¨¦l durante ocho a?os (s¨®lo lo recuper¨® gracias a los errores y las culpas de Aznar), quedando vacunado contra la corrupci¨®n para mucho tiempo.

Mientras que si el Partido Popular volviera al poder en el a?o 2012 (lo que resulta incluso probable, dada la impotencia de Zapatero ante la deriva de la crisis), sin haber pagado ning¨²n precio por el caso G¨¹rtel, semejante recompensa supondr¨ªa en la pr¨¢ctica un incentivo a la corrupci¨®n y una patente de impunidad, desmintiendo el programa radiof¨®nico de mi infancia que se titulaba: El criminal nunca gana.

De ah¨ª la crucial importancia de este test, que la justicia espa?ola deber¨ªa sancionar con urgencia antes de que sea demasiado tarde.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.