La dificultad de tirar abajo las casas ilegales

Espa?a est¨¢ plagada de viviendas ilegales que siguen en pie. ?Cu¨¢ntas? "No se puede calcular. No hay estad¨ªsticas judiciales", lamenta Gemma Geis, 29 a?os, profesora de Derecho de la Universidad de Girona. La ¨²nica cifra que cita en su tesis doctoral La ejecuci¨®n de sentencias urban¨ªsticas (editorial Atelier) son las 100.000 viviendas de las que habla el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. "Pero son muchas m¨¢s", asegura.

Geis es taxativa: "Si una vivienda es ilegal, hay que derruirla". En la actualidad, no es suficiente con un fallo judicial. Para demoler una edificaci¨®n, el demandante tiene que pedir que se ejecute la sentencia, pero muchas veces se pacta para evitar el derribo. Adem¨¢s, hay dos imposibilidades, la legal y la material, que la Administraci¨®n puede aducir para no hacerlo. La tesis de Geis, pionera en Espa?a, propone una reforma legal que restrinja estos dos principios.

La imposibilidad material esgrime motivos t¨¦cnicos, econ¨®micos o de terceros en juego para no echar abajo lo construido. Geis aboga por eliminar esta imposibilidad. "Que la Administraci¨®n pida cr¨¦ditos, que se embargue para hacerlo", dice. Y propone que las comunidades aut¨®nomas se hagan "corresponsales" y que colaboren porque tambi¨¦n participan en los procesos urban¨ªsticos.

La imposibilidad legal se aduce cuando ha habido un cambio a posterior de las normas urban¨ªsticas que favorece la construcci¨®n ilegal. En este caso, la profesora pide que se limite el principio y que la Administraci¨®n tenga que justificar por qu¨¦ ha intervenido.