El Supremo tumba el mayor plan industrial de la bah¨ªa de C¨¢diz

Las m¨¢quinas segu¨ªan ayer trabajando. Sus operarios eran ajenos por completo a una decisi¨®n del Tribunal Supremo judicial que da un vuelco al futuro del principal proyecto industrial previsto en la bah¨ªa de C¨¢diz, el parque industrial y log¨ªstico de las Aletas, en el municipio de Puerto Real. El Supremo ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros que aprob¨® en 2007 desafectar gran parte de las 527 hect¨¢reas en las que se preve¨ªa un pol¨ªgono capaz de generar 30.000 empleos con una inversi¨®n de 300 millones de euros.

Atiende a un recurso presentado por la asociaci¨®n ecologista WWF-Adena que denunci¨® esta inversi¨®n por ocupar 287 hect¨¢reas de una marisma desecada en suelo de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre. El Gobierno y la Junta de Andaluc¨ªa, impulsores de Las Aletas, siempre han defendido que es un terreno bald¨ªo, sin valor medioambiental, aunque est¨¦ al lado del Parque Natural de la Bah¨ªa de C¨¢diz y han justificado su actuaci¨®n en el inter¨¦s econ¨®mico y laboral del proyecto. Tambi¨¦n aduc¨ªan que no exist¨ªa ning¨²n otro lugar con similares caracter¨ªsticas para ubicar un parque industrial como ¨¦ste.Las Aletas es una de las apuestas industriales m¨¢s importantes de Espa?a. Sus promotores lo defend¨ªan como el tercer parque m¨¢s grande de Andaluc¨ªa, s¨®lo por detr¨¢s del Tecnol¨®gico de M¨¢laga y el de La Cartuja de Sevilla. Naci¨® en 2004 a trav¨¦s de un decreto de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas que inclu¨ªa estas 527 hect¨¢reas de Puerto Real como zona especial de reserva para la localizaci¨®n de actividades (Zercla). Ten¨ªa un escollo. M¨¢s de la mitad de estos terrenos ocupaban suelo de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre. La Ley de Costas, en su art¨ªculo 32.1, establece que ¨²nicamente se podr¨¢ permitir esa ocupaci¨®n para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicaci¨®n y adem¨¢s se limita mucho el tipo de uso, enfocado a investigaci¨®n o pruebas cient¨ªficas.

La sentencia no deja margen para el recurso de las administraciones

En abril de 2007, el Consejo de Ministros aprob¨® un acuerdo por el que validaba la reserva de 287 hect¨¢reas de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre dentro de las 527 necesarias para las Aletas. Aquello se justific¨® en que los usos tendr¨ªan un "efecto tractor" en la econom¨ªa de la comarca y que el lugar era el id¨®neo porque en ning¨²n otro se pod¨ªan ubicar industrias junto a un muelle, el de la Cabezuela, con conexi¨®n ferroviaria, cerca de las principales carreteras de conexi¨®n, la autopista hacia Sevilla y la autov¨ªa hasta el Campo de Gibraltar. La medida contaba con informes de la Junta, del Ayuntamiento, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Abogac¨ªa del Estado y de la Direcci¨®n General de Presupuestos.

Sin embargo, el Supremo tacha la resoluci¨®n del Consejo de "extremadamente abierta" e "imprecisa". La reserva de los terrenos era adem¨¢s por tiempo indefinido. "Pretende posibilitar la realizaci¨®n de obras e instalaciones que inevitablemente van a desnaturalizar los terrenos", advierte la sentencia.

Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF Espa?a, se felicit¨® por la sentencia: "Llevamos a?os denunciando la destrucci¨®n del litoral para satisfacer intereses privados y no se puede entender que el Gobierno ampare estas actuaciones".

"No cuestionamos que el relanzamiento econ¨®mico de la bah¨ªa de C¨¢diz sea un fin leg¨ªtimo pero para que la declaraci¨®n de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades all¨ª contempladas han de asentarse en terrenos de dominio p¨²blico porque, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicaci¨®n".

Los magistrados llaman la atenci¨®n de que ninguna administraci¨®n pusiese sobre la mesa un estudio sobre las alternativas de otras ubicaciones.

En principio, el fallo no ser¨¢ recurrido. La sentencia tampoco da margen para ello. Junta y Gobierno buscar¨¢n ahora f¨®rmulas legales para que el proyecto pueda continuar. El proyecto fue tambi¨¦n anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, que dio la raz¨®n a los due?os que denunciaron las expropiaciones. El colmo fue que a la Junta se le pas¨® el plazo para recurrir al Supremo. Para subsanarlo, los promotores han vuelto a empezar el mecanismo de expropiaci¨®n con unos propietarios que hasta ahora ejerc¨ªan presi¨®n para reclamar m¨¢s dinero.