La Audiencia concluye que el pirata apresado es mayor de edad

El Ministerio de Defensa podr¨¢ recomprar a los armadores el armamento de guerra que adquieran para disuadir a los piratas de atacarles en el ?ndico porque los proveedores de esas armas son los mismos que los de las Fuerzas Armadas. Defensa tambi¨¦n se har¨¢ cargo del traslado a Seychelles del armamento. Ayer se public¨® en el BOE la orden ministerial que desarrolla el Real Decreto que permite a los vigilantes privados usar armas de un calibre superior a 12,7 mil¨ªmetros en los atuneros y hoy los armadores tienen previsto reunirse de nuevo con representantes del ministerio y empresas de seguridad privada para abordar los detalles que no precisa la orden, como el plazo que tendr¨¢n Defensa e Interior para atender sus solicitudes.

Mientras, la Sala Penal de la Audiencia concluy¨® que Cabdiwelli Cabullahi, alias Abdu Willy, el pirata cuya edad estaba en cuesti¨®n, es mayor de edad, seg¨²n la ¨²ltima prueba oseom¨¦trica de clav¨ªcula encargada por el tribunal por lo que corresponder¨¢ al juez Central de Instrucci¨®n Santiago Pedraz y no a la jurisdicci¨®n de Menores la investigaci¨®n de los 36 delitos de detenci¨®n ilegal y el de asociaci¨®n il¨ªcita por el secuestro del Alakrana el 2 de octubre.

La resoluci¨®n considera que el pirata supera los 18 teniendo en cuenta que su talla y peso corresponde con la edad adulta y que las radiograf¨ªas de la mano izquierda y la de su dentadura determina que se trata "de una persona mayor de 17/18 a?os". La Sala da un peso especial a la radiograf¨ªa y la tomograf¨ªa de sus dos clav¨ªculas, que, seg¨²n la forense adscrita al tribunal sit¨²a su edad entre los 19,7 y de 20,5 a?os. "Todas las t¨¦cnicas de diagn¨®stico sustentan de manera precisa y un¨ªvoca la conclusi¨®n del perito, es decir, la mayor edad penal del imputado", dice los magistrados.

Por lo dem¨¢s, la Sala despeja dudas sobre la competencia de los tribunales espa?oles y de la Audiencia para juzgar este caso. En primer lugar, porque los delitos se han cometido en un barco espa?ol que, a todos los efectos, es territorio nacional. Adem¨¢s, la Convenci¨®n sobre el Derecho del Mar faculta a cualquier Estado a perseguir actos de pirater¨ªa.