Cambiar el reglamento y echar al ¨¢rbitro

Los debates suscitados por la sentencia sobre el Estatuto catal¨¢n llevan camino de ocupar m¨¢s p¨¢ginas que la sentencia. En lo esencial, pueden reducirse a dos g¨¦neros. El primero ata?e a los problemas propiamente jur¨ªdicos, a lo que dice el Estatuto, a su compatibilidad con la Constituci¨®n y, en alg¨²n caso, resulte o no compatible, al contenido del Estatuto, porque, conviene decirlo, hay majader¨ªas completamente constitucionales. Una dieta exclusiva de comida basura no est¨¢ prohibida por la ley m¨¢xima.

El otro debate es de principio. No se discute lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, sino su legitimidad para decirlo. En Catalu?a sucede cada d¨ªa. Sin ir m¨¢s lejos, la pasada Diada, Ernest Benach, presidente del Parlament, sostuvo que "el TC no puede cambiar lo dicho en un refer¨¦ndum". Una m¨¢s de las diversas declaraciones que contraponen "la voluntad nacional de Catalu?a", por utilizar la colosal expresi¨®n de Joan Saura, a la interpretaci¨®n que de la Constituci¨®n pudiera hacer el m¨¢ximo tribunal. La voluntad democr¨¢tica de los ciudadanos actuales tendr¨ªa prioridad sobre una Constituci¨®n no votada por esos mismos ciudadanos. La democracia, entendida como la voluntad de la mayor¨ªa, chocar¨ªa con una Constituci¨®n que acota el campo de lo que la mayor¨ªa puede decidir.

Los nacionalistas han acudido mil veces al Constitucional cuando no les gustaban las leyes de la mayor¨ªa

Podemos discutir el TC, pero de frente, no cuando nos disgusta lo que dice

Parecer¨ªa que estamos ante un ejemplo de una cl¨¢sica discusi¨®n de los fil¨®sofos del derecho: el control judicial de las leyes establecidas por los representantes cercenar¨ªa la democracia. Por dos razones, al menos. Porque mediante la Constituci¨®n una generaci¨®n limitar¨ªa la voluntad de las siguientes: una "tiran¨ªa de los muertos", en palabras de Jefferson. Las Constituciones, resultado de la voluntad popular, pondr¨ªan trabas a la voluntad popular. Nacidas para asegurar a los ciudadanos sus derechos, impedir¨ªan a los ciudadanos decidir el contenido y alcance de sus derechos. El control judicial de constitucionalidad a?ade a este problema otro: la decisi¨®n final quedar¨ªa en manos de unas personas, los jueces, carentes de legitimidad democr¨¢tica directa. No s¨®lo eso. Dada la naturaleza inevitablemente abstracta y con frecuencia vaga del texto constitucional, la labor interpretativa del TC, en realidad, equivaldr¨ªa a una labor legislativa. Un debate, como se ve, de hilv¨¢n fino. Est¨¢ lejos de resolverse pero, en todo caso, conviene insistir en que la tesis democr¨¢tica, que cuestiona la legitimidad de las llamadas "instituciones contramayoritarias" como el TC, cuenta con poderosos argumentos. Bastante convincentes, a mi parecer.

?Es ¨¦ste nuestro caso? Empecemos por la "voluntad nacional de Catalu?a". Un poco de historia, que no empiece hace 10 minutos, nos remite, antes que a otra cosa, a la "voluntad de los pol¨ªticos catalanes". La idea de un nue

-vo Estatuto es cosa suya. De siempre. Por sus pactos de aquella hora o por lo que fuera, Pujol ya reclamaba su reforma en el instante siguiente a la aprobaci¨®n del anterior. Cada vez que se acercaban las elecciones. Luego se olvidaba. Era su manera de mantener la tensi¨®n pol¨ªtica, la letan¨ªa del victimismo y de la reclamaci¨®n permanente insatisfecha, la identidad misma del nacionalismo. Naturalmente, no iba en serio. Como tampoco iba en serio Mas en octubre del 2002, cuando, sobre el horizonte de las auton¨®micas del a?o siguiente, volvi¨® a repetir la misma cantinela, esta vez bajo la decoraci¨®n de un "nuevo" Estatuto. Apenas un par de semanas antes, en el Parlament, ante una propuesta de Carod de reforma del Estatut, Pujol hab¨ªa silbado, alegando que en ese momento era "inviable" y "crear¨ªa frustraciones". Por supuesto, volvi¨® a repetir, la pr¨®xima legislatura ya ser¨ªa otra cosa.

Para desnudar sus intenciones, y a sabiendas de que el PP y CiU no iban a complicarse mutuamente la vida, PSC, ERC e IC recordaron a Pujol y a Mas que no hac¨ªa falta esperar a las elecciones. Maragall insist¨ªa en que con el PSOE en Madrid las cosas ser¨ªan bien diferentes, que entonces s¨ª se podr¨ªa "cumplir el proyecto catal¨¢n y el de todos y cada uno de los pueblos de Espa?a, comenzando por el vasco" (EL PA?S, 24 de octubre de 2002). Muy bonito pero, con las perspectivas electorales de aquellas horas, simple fantas¨ªa. A sabiendas. Y es que todos estaban convencidos de que el PP ganar¨ªa y, sobre ese trasfondo, el nuevo Estatuto no era m¨¢s que un entretenimiento electoral. CiU ped¨ªa el cielo, el mismo de siempre; eso s¨ª, para despu¨¦s de las elecciones. Tambi¨¦n como siempre. Y los otros, lo mismo, pero antes, para dejar a cada cual en su sitio, y porque, a qu¨¦ enga?arse, no daban un duro por Zapatero. Acabadas las elecciones, las cosas volver¨ªan a donde estaban.

Nadie cre¨ªa entonces que el juguete iba a durar mucho m¨¢s. Porque, a pesar de vivir en el eco de su propia voz, ni los m¨¢s trastornados ignoraban que tampoco esta vez la vida de verdad se rozaba con sus entretenimientos. Ramoneda lo escrib¨ªa en aquellos d¨ªas aqu¨ª mismo: "Los catalanes est¨¢n mucho m¨¢s preocupados por el trabajo, por las pensiones, por la seguridad, por la inmigraci¨®n, por la vivienda, por la carest¨ªa de la vida, por la sanidad y, en determinados momentos, por el terrorismo (...). Sin embargo, el principal debate que entretiene a la clase pol¨ªtica catalana es la reforma del Estatuto (...). Se entiende por parte de la coalici¨®n nacionalista gobernante (...). Tampoco es extra?o que Esquerra juegue esta carta (...). Es, sin embargo, dif¨ªcil de comprender que entre al trapo el PSC. ?A estas alturas todav¨ªa, de verdad, creen que necesitan competir en nacionalismo con Converg¨¨ncia i Uni¨®?". En resumen, voluntad de la clase pol¨ªtica.

La temperatura de "la voluntad nacional" la tomaba una investigaci¨®n realizada por diversas universidades: entre las autonom¨ªas investigadas tan s¨®lo los andaluces se sent¨ªan m¨¢s satisfechos con su nivel de autonom¨ªa. A comienzos de 2003, seg¨²n el CIS, tener un mayor grado de autogobierno s¨®lo preocupaba al 3,9% de los catalanes. Resultados que no se vieron desmentidos tres a?os m¨¢s tarde, cuando, despu¨¦s de una campa?a de propaganda sostenida y atosigante, lo que se presentaba como la respuesta a las demandas del pueblo catal¨¢n recibi¨® el refrendo, sobre el total del censo, del 35% de los ciudadanos, con una participaci¨®n de menos de la mitad de los ciudadanos, una cifra inferior a la de las elecciones en plena guerra en Afganist¨¢n. Por situarnos.

Sencillamente aqu¨ª no hay voluntad democr¨¢tica enfrentada a la Constituci¨®n. Pero no s¨®lo por los esmirriados resultados, sino por razones m¨¢s fundamentales. No tiene sentido alguno apelar a la democracia, a la mayor¨ªa, para contraponer la voluntad de una parte de la comunidad pol¨ªtica, los ciudadanos catalanes, a la Constituci¨®n, que ata?e al conjunto de la comunidad pol¨ªtica. Lo mismo vale, con m¨¢s raz¨®n, para el Parlament, que, por lo dem¨¢s, no ha votado el actual texto. Si acaso, si somos serios al apelar a la democracia, la comunidad relevante, la mayor¨ªa a contraponer al TC tendr¨ªa que ser el conjunto de los espa?oles. Dicho de otro modo, un refrendo nacional favorable a Estatuto s¨ª que permitir¨ªa invocar a la democracia.

Cuando estas cosas se recuerdan, la argumentaci¨®n r¨¢pidamente cambia de montura, se descabalga de la apelaci¨®n a la democracia, y se acuerda de "las reglas", del procedimiento. Pero, claro, el procedimiento, las reglas nos conducen al TC. Lo que no se puede es descalificar lo que, en singular expresi¨®n, se llaman "tecnicismos jur¨ªdicos" y, cuando flaquea la democracia, cuando votan cuatro y el cabo, invocar los procedimientos y decir "?ah, bueno, pero ¨¦sas son las reglas!". Una consideraci¨®n a tener en cuenta tambi¨¦n cuando se recurre a un argumento m¨¢s atendible: la votaci¨®n del Parlamento espa?ol, tampoco clamorosa, por lo dem¨¢s; en el Senado, por los pelos. Y es que esa votaci¨®n, como bien lo sab¨ªan los parlamentarios, no era una votaci¨®n final. Todos conoc¨ªan que quedaba el paso por el TC. ?se era exactamente su voto: un s¨ª, que sab¨ªa que no era la ¨²ltima palabra. Los primeros que lo sab¨ªan eran los nacionalistas, que han acudido mil veces al TC, cuando no les gustaban las leyes de la mayor¨ªa. Con ese reglamento llevan jugando a?os. Lo que no vale es querer cambiarlo a mitad del partido y echar al ¨¢rbitro para que cambie el resultado. Podemos discutir el TC, pero de frente, no cuando nos disgusta lo que dice. Pero, francamente, no creo que los nacionalistas, confesos o vergonzantes, est¨¦n muy dispuestos a jugar en serio a la democracia.

F¨¦lix Ovejero Lucas es profesor de ?tica y Econom¨ªa de la Universidad de Barcelona. Su ¨²ltimo libro es Incluso un pueblo de demonios (Katz).