Los piratas llevan a la Audiencia a un callej¨®n sin salida

"Cualquier soluci¨®n que se adopte ser¨¢ una chapuza". La frase, pronunciada ayer por un magistrado de la Audiencia Nacional a prop¨®sito de los dos piratas somal¨ªes acusados de participar en el secuestro del atunero Alakrana en aguas internacionales del oc¨¦ano ?ndico y encarcelados en Espa?a, refleja el tremendo l¨ªo en el que se ha metido la justicia cuando todav¨ªa est¨¢ abierta la negociaci¨®n de la que pende la vida de los 36 tripulantes del buque espa?ol.

Legalmente no hay ninguna v¨ªa por la que devolver a los dos piratas a Somalia, una de las condiciones que los secuestradores exigen -adem¨¢s de una importante suma de dinero- como rescate antes de devolver el barco y poner en libertad a la tripulaci¨®n. La ley siempre es interpretable, pero el presidente de la Audiencia Nacional, ?ngel Juanes, ya declar¨® en Extremadura que no ten¨ªa ninguna duda de la competencia del organismo que preside para enjuiciar a los dos piratas encarcelados en Espa?a.

Una de las alternativas ser¨ªa la cesi¨®n del caso a la justicia keniana

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Por si fuera poco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por 16 magistrados, confirm¨® el pasado 2 de noviembre su propia competencia y orden¨® al juez Santiago Pedraz que continuara con la instrucci¨®n del sumario.

Ahora, a la vista de la angustia de las familias de los secuestrados -tres de los cuales fueron apartados de sus compa?eros el jueves y trasladados a tierra bajo la amenaza de matarles si los dos somal¨ªes que est¨¢n en Espa?a no regresan libres en 48 horas, aunque ayer fueron devueltos al barco-, se buscan soluciones de urgencia. Los pol¨ªticos vuelven los ojos hacia la fiscal¨ªa y a los jueces para que allanen los obst¨¢culos necesarios para cumplir las exigencias de los secuestradores. Legalmente, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional, es imposible.

El propio ?ngel Juanes, requerido para que ofreciera su punto de vista, s¨®lo pudo decir: "Ahora mismo no puedo. En serio, no puedo". Entre las posibilidades que se barajan se encuentra una declinatoria de jurisdicci¨®n para que los dos piratas sean entregados a Kenia, en virtud del canje de notas de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, que ya se utiliz¨® en el caso del Playa de Bakio, aunque no se sabe qu¨¦ utilidad puede tener la medida pues los secuestradores no piden que les lleven a Kenia para juzgarles, sino que les devuelvan libres a Somalia. Tambi¨¦n se ha barajado una instrucci¨®n ultrarr¨¢pida con una acusaci¨®n menor que conllevar¨ªa una pena m¨ªnima con la que se conformar¨ªan los dos piratas de forma que luego fueran expulsados de Espa?a.

Ninguna de estas opciones parece jur¨ªdicamente factible, y no es probable que Pedraz vaya a aceptar enjuagues despu¨¦s de que la Sala de lo Penal le obligara a hacerse cargo del caso de Cabdiwelli Cabullahi, Abdu Willy, el pirata creciente-menguante en cuanto a su edad. Pero nadie quiere descartar nada y la Sala podr¨ªa cambiar de criterio y ordenar a Pedraz la adopci¨®n de alguna soluci¨®n imaginativa que, por ahora, no se vislumbra.

Entre tanto, Abdu Willy ha cambiado de abogado. Ahora le defiende Francisco Javier D¨ªaz Aparicio, en lugar del letrado de oficio que le hab¨ªa correspondido. Adem¨¢s, la letrada del pirata Raagegeesey Hassan Haji acudi¨® ayer por primera vez al juzgado para estudiar los dos tomos de la causa que se tramita desde hace un mes.

Mientras, la situaci¨®n ha entrado en el reino de las especulaciones y los rumores. Lo cierto es que el presidente de la Audiencia recibir¨¢ el martes a los familiares de los secuestrados, para escuchar sus inquietudes.

Jur¨ªdicamente, el caso parece un callej¨®n sin salida, pero ayer se recordaba el caso del GEO Pedro Antonio S¨¢nchez y de los hermanos Assad y Gaspar Abdu, canciller y vicecanciller de la Embajada espa?ola en Beirut, secuestrados en enero de 1986 por milicianos de Amal, la guerrilla shi¨ª de L¨ªbano. Los integristas, que a?o y medio antes hab¨ªan secuestrado tambi¨¦n al embajador Pedro Manuel de Ar¨ªstegui, exigieron la liberaci¨®n de dos de sus compa?eros, Mohamed Rahal y Mustaf¨¢ Jalil, que hab¨ªan sido condenados por la Audiencia Nacional a 23 a?os de c¨¢rcel cada uno por su participaci¨®n en el intento de asesinato de Ahmed Idris, funcionario de la Embajada de Libia en Madrid, en el verano de 1983.

Aunque oficialmente se dijo que la liberaci¨®n de los secuestrados no hab¨ªa tenido ning¨²n coste pol¨ªtico, los dos presos fueron indultados seis meses despu¨¦s, expulsados de Espa?a y recibidos en L¨ªbano por el presidente de Amal, Nabih Berri.