G¨¹rtel contra los 'pretorianos'
El PP intenta implicar en la trama de corrupci¨®n catalana al PSPV - La reacci¨®n socialista deja en evidencia la actitud de los populares
"?Por qu¨¦ cuando un gobierno del PP hace una adjudicaci¨®n a una empresa investigada, o denunciada, es corrupci¨®n y cuando lo hace el PSOE no lo es?". ?ste es uno de los lamentos que, desde hace meses, expresan en voz alta varios dirigentes del PP.
La respuesta est¨¢ en los autos judiciales y en los informes policiales del caso G¨¹rtel. Documentos que ofrecen numerosos indicios acerca de la supuesta financiaci¨®n irregular del PP y de la estrecha relaci¨®n que exist¨ªa entre ?lvaro P¨¦rez El Bigotes y la c¨²pula popular, incluido el propio Francisco Camps.
Sin embargo, guiado por esa supuesta injusticia, el PP ha decidido importar esta semana el caso Pretoria -en el que est¨¢n implicados cargos socialistas y de CiU relacionados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet- a la Comunidad Valenciana.
El martes, la direcci¨®n popular denunci¨® que el Ayuntamiento de Gandia, gobernado por el socialista Jos¨¦ Manuel Orengo, hab¨ªa adjudicado una piscina y una residencia estudiantil a constructoras vinculadas con la trama de corrupci¨®n pretoriana. El asunto se empez¨® a convertir en humo cuando el PP reconoci¨® que hab¨ªa votado en pleno a favor de las adjudicaciones. A¨²n as¨ª, los populares pidieron una comisi¨®n de investigaci¨®n municipal y el alcalde socialista ha decidido aceptarla. El ejemplo ha puesto de relieve la distinta forma en que socialistas y populares han abordado el fen¨®meno de la corrupci¨®n.
Camps, desde que asumi¨® la presidencia de la Generalitat en 2003, no ha articulado ninguna medida adicional contra la corrupci¨®n.
Es m¨¢s, el jefe del Consell no ha tenido ning¨²n reparo en arropar p¨²blicamente al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, imputado por delito fiscal y contra las Administraciones p¨²blicas. Un apoyo que tambi¨¦n ha hecho extensivo a otros cargos p¨²blicos del PP imputados, sobre todo alcaldes.
Tras el estallido del caso G¨¹rtel el pasado febrero, el PP ha rechazado todas las iniciativas de la oposici¨®n -pese a que ha recibido un varapalo del Constitucional por entorpecer la labor parlamentaria- para mejorar la transparencia y facilitar toda la documentaci¨®n relacionada con las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta. La ¨²nica v¨ªctima pol¨ªtica del caso G¨¹rtel ha sido el ex secretario general del PP Ricardo Costa, suspendido temporalmente de militancia, y apartado del cargo de portavoz parlamentario. Curiosamente, Costa es el ¨²nico cargo popular que pidi¨® excusas p¨²blicamente por su comportamiento y que en las primeras semanas del esc¨¢ndalo anunci¨® un nuevo dec¨¢logo ¨¦tico de contrataci¨®n en la direcci¨®n regional del PP. El resto de cargos salpicados por el caso siguen en sus puestos.
El PP tan s¨®lo ha aceptado crear una comisi¨®n de investigaci¨®n en las Cortes acerca de la financiaci¨®n de todos los partidos con representaci¨®n parlamentaria. Una "tomadura de pelo" que ha sido ignorada por la oposici¨®n.
Por contra, en Catalu?a los efectos del caso Pretoria han sido bien distintos. A la semana, el presidente catal¨¢n, Jos¨¦ Montilla, hab¨ªa pedido disculpas p¨²blicamente por lo sucedido con los implicados ya suspendidos de militancia. A los 15 d¨ªas, el Gobierno catal¨¢n anunciaba la puesta en marcha de un plan anticorrupci¨®n para devolver la tranquilidad a la ciudadan¨ªa. Un plan que incluye nuevas medidas de control y de transparencia.
Globos sin aire y desvar¨ªos econ¨®micos
La decisi¨®n de contrarrestar el caso G¨¹rtel con supuestos casos de corrupci¨®n que involucren a los socialistas no es nueva. La medida ya hab¨ªa sido puesta en marcha hace meses por los populares. Sin embargo, la remozada direcci¨®n regional del PP ha decidido esta semana ratificar la estrategia de embarrar todo el terreno de juego en vez de limpiar los trapos sucios.
"Iremos contra ellos [los socialistas] con las mismas armas y con m¨¢s", afirm¨® Alfonso Rus, presidente provincial del PP de Valencia. "Tenemos informaci¨®n de que hay muchos m¨¢s casos de corrupci¨®n en importantes ayuntamientos gobernados por el PSPV", ratific¨® el nuevo secretario general del PP, Antonio Clemente.
Sin embargo, los globos lanzados hasta ahora por el PP han acabado todos pinchados. A continuaci¨®n, se detallan algunas de las ¨²ltimas denuncias de los populares.
- La gr¨²a de Alarte. Los populares denunciaron al Ayuntamiento de Alfafar por dar trato de favor a la empresa concesionaria del servicio de gr¨²a, propiedad de la familia del secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La denuncia se present¨® el pasado mes de abril, al declararse el Tribunal Superior de Justicia competente para investigar los regalos a Camps y otros tres cargos de la Generalitat. Se archiv¨® en septiembre.
- La abogada de Alaqu¨¤s. El PP cuestion¨® la contrataci¨®n por parte del Ayuntamiento de Alaqu¨¤s, que presid¨ªa Alarte, de una abogada que desde el a?o 2000 presta defensa gratuita a las v¨ªctimas del maltrato. La Fiscal¨ªa rechaz¨® todas las consideraciones hechas por el PP en julio.
- Los contratos de Quart. A la alcaldesa de este municipio y secretaria provincial del PSPV, Carmen Mart¨ªnez, le cuestionan la adjudicaci¨®n de varios contratos a personas vinculadas al partido. De muestra, un bot¨®n: el gasto de 2.400 euros en bocadillos para los integrantes de las mesas electorales de los comicios de 2007. El bar que hizo los bocadillos era de una persona que, al parecer, hab¨ªa sido militante socialista.
- El apocalipsis empresarial. El ¨²ltimo anuncio es el de una querella por falsedad contra la denuncia del PSPV por supuesta financiaci¨®n irregular del PP. La denuncia socialista incluye a 5 empresas que supuestamente realizaron pagos. Para el PP, si la querella del PSPV prospera, los socialistas ser¨¢n responsables del despido de 32.000 empleados y la p¨¦rdida de 2.200 millones.
Los efectos del 'caso Pretoria' en Catalu?a
- Disculpas p¨²blicas. Jos¨¦ Montilla, presidente de la Generalitat catalana, pidi¨® disculpas p¨²blicamente a los ciudadanos y a los votantes del PSC tan s¨®lo una semana despu¨¦s de estallar el esc¨¢ndalo.
- Suspendidos de militancia. El PSC mantiene suspendidos de militancia a los socialistas implicados en la trama.
- Cambios legislativos. El Gobierno catal¨¢n se compromete a cambiar la legislaci¨®n de la Sindicatura de Comptes y del Protectorado de Fundaciones. El objetivo es reforzar la fiscalizaci¨®n externa y evitar que las fundaciones que reciben subvenciones puedan desviar dinero a terceros.
- M¨¢s publicidad y transparencia. Se elaborar¨¢ un registro p¨²blico de convenios urban¨ªsticos, se dar¨¢ m¨¢s visibilidad a los cambios de nombre de los terrenos y se cambiar¨¢ la ley para que el beneficio de las recalificaciones recaiga tambi¨¦n sobre los municipios y no s¨®lo en los promotores.
- Ricardo Costa: El ex secretario general del PP es el ¨²nico suspendido de militancia por el esc¨¢ndalo. Parad¨®jicamente es el ¨²nico cargo popular que ha pedido disculpas por los errores cometidos.
- Comisi¨®n de investigaci¨®n: El PP ha propuesto una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la financiaci¨®n de todos los partidos pol¨ªticos con representaci¨®n parlamentaria. La negativa de la oposici¨®n a participar en una comisi¨®n desvirtuada se ha traducido en el bloqueo a la elecci¨®n de Leire Paj¨ªn como senadora territorial.
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