El debate del secuestro

El final del secuestro del Alakrana ha abierto de par en par las compuertas a las cr¨ªticas de la oposici¨®n, hasta ahora embalsadas, y al debate sobre las lecciones derivadas de esa experiencia. Reglamentado ya el servicio de seguridad privado a bordo de los pesqueros, ser¨¢ necesario establecer ahora conclusiones operativas sobre la resistencia del atunero a escuchar las repetidas advertencias de la fragata Canarias acerca de los riesgos de adentrarse en aguas del ?ndico no protegidas por la operaci¨®n Atlanta. Tambi¨¦n queda por analizar la evidente descoordinaci¨®n entre los centros con capacidad de tomar decisiones, negada oficialmente, pero admitida off the record. La consigna de que "Espa?a no ha pagado ning¨²n rescate" deber¨ªa ceder el paso a una explicaci¨®n transparente sobre las ayudas p¨²blicas a los pesqueros secuestrados cuando las p¨®lizas de seguros no cubren por entero su rescate.

El Gobierno no limit¨® el derecho a la informaci¨®n de los ciudadanos s¨®lo para enga?ar a los piratas

Da la impresi¨®n de que el gabinete de crisis no estudi¨® todos los escenarios jur¨ªdicos posibles -en la encrucijada entre el derecho interno y el derecho internacional- para elegir el destino procesal de los piratas capturados en alta mar, mientras el resto de la banda continuaba a bordo del atunero. La vicepresidenta primera repiti¨® con tono monocorde que la entrega a la Audiencia Nacional de los somal¨ªes apresados era el dictado imperativo e inequ¨ªvoco de la ley. Pero el proceso de la adopci¨®n de las decisiones pol¨ªticas no es apretar el bot¨®n de una m¨¢quina expendedora de veredictos jur¨ªdicos -semejante a las que suministran tabaco o refrescos- a fin de ejecutar ciegamente la respuesta impresa. Porque las normas no son se?ales indicadoras de carretera, sino or¨¢culos que necesitan ser interpretados; y los gobernantes disponen de un amplio margen de discrecionalidad para actuar dentro de los marcos legales.

Los medios de comunicaci¨®n son el veh¨ªculo principal para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a la informaci¨®n. Aunque el sensacionalismo period¨ªstico puede hacer el juego a los piratas, las limitaciones impuestas por el Gobierno al derecho a la informaci¨®n en este caso tuvieron, adem¨¢s, otras motivaciones. Un periodista repregunt¨® a la vicepresidenta sobre un aspecto insuficientemente aclarado de la versi¨®n oficial aun "dando por supuesto" que fuese cierta en l¨ªneas generales; Fern¨¢ndez de la Vega agarr¨® un globo considerable ante la posibilidad de que alguien pudiera poner en duda su relato. Sin embargo, ninguna presunci¨®n inapelable de veracidad resiste la prueba de los hechos; la vicepresidenta no habr¨¢ olvidado -era entonces viceministra de Justicia e Interior- el cuento tailand¨¦s que invent¨® el titular del departamento, Juan Antonio Belloch, para fabular la entrega del pr¨®fugo Luis Rold¨¢n. La garant¨ªa ¨²ltima de un sistema democr¨¢tico es que los ciudadanos defiendan su derecho a la informaci¨®n; y tambi¨¦n a la sospecha razonable y a la desconfianza esc¨¦ptica frente a los gobernantes.