Barcelona mostrar¨¢ los informes a cambio de que no se divulguen
Los documentos s¨®lo podr¨¢n ser consultados durante un mes
"Transparencia". Ese valor abander¨® el contraataque que lanz¨® ayer el gobierno de Barcelona ante las acusaciones de la opisici¨®n, especialmente de Converg¨¨ncia i Uni¨® y del Partido Popular, de haber malgastado durante 2008 miles de euros en centenares de informes in¨²tiles. Transparencia fue la palabra que m¨¢s repiti¨® el cuarto teniente de alcalde, Ramon Garc¨ªa-Bragado, al anunciar que en el pleno municipal del viernes se propondr¨¢ habilitar un mes al a?o durante el cual todos los ediles podr¨¢n revisar cualquier asesor¨ªa. A cambio, eso s¨ª, deber¨¢n preservar su confidencialidad. Es decir, "no podr¨¢n divulgar el contenido de los informes", aclar¨® Barc¨ªa-Bragado. Lo hacen desde septiembre y el esc¨¢ndalo medi¨¢tico que han causado est¨¢ en el origen de la singular iniciativa.
CiU y el PP est¨¢n revisando los 1.222 informes y asesor¨ªas de 2008, que costaron en total 13,3 millones de euros. El Consistorio no estaba preparado ante tal fiscalizaci¨®n y por tanto ha habido "disfuncionalidades", concedi¨® Grac¨ªa-Bragado. Por eso propuso "un sistema reglado y estable" para acceder a la documentaci¨®n municipal. El amago de autocr¨ªtica no dur¨®, sin embargo, y en seguida volvi¨® a arremeter contra la oposici¨®n. "El problema es que se quiere tergiversar para sembrar una sombra de duda sobre la acci¨®n de gobierno", dijo.
Y para arrojar luz, Garc¨ªa-Bragado puso a disposici¨®n de los medios de comunicaci¨®n los 198 informes que ya han visto CiU y el PP, y dedic¨® toda la tarde a responder cualquier pregunta sobre ellos. A ese marat¨®n, que calific¨® de "extraordinario", convoc¨®, adem¨¢s, al gerente muncipal, Andreu Puig, y a otros 10 gerentes sectoriales.
Siguen las dudas sobre las asesor¨ªas
No hay duda de que someter casi 200 informes al escrutinio de la prensa, como hizo ayer el Consistorio barcelon¨¦s, supone un ejercicio de transparencia no muy habitual. Pero de esta transparencia no siempre sale bien parado el Ayuntamiento. Entre tantos encargos, hay multitud que son dudosos. He aqu¨ª algunos de ellos.
- Una ordenanza por 17.980 euros. Eso cost¨® una asesor¨ªa jur¨ªdica que sent¨® las bases para reformar la norma local de medio ambiente. "El documento final de la asesor¨ªa ser¨¢ la ordenanza", explic¨® el gerente del ramo.
- Una marca para la pol¨ªtica social. Ponerles colores y contornos a las oficinas sociales de la ciudad cost¨® 29.928 euros. Los pag¨® el Consistorio para un libro de estilo de la marca Barcelona.social y una gu¨ªa de interiorismo para estas 31 oficinas, que se van a remodelar. Entre otras cosas, se instalar¨¢n "gestores de colas" inform¨¢ticos. Costaron 17.864 euros.
- El precio de la participaci¨®n. Muchos de los gerentes que comparecieron ayer lo dejaron claro: someter las decisiones a procesos participativos es cada vez m¨¢s importante para el Consistorio. Para ello se cre¨® una direcci¨®n de participaci¨®n. Lo dice su nombre: este organismo dirige. Pero no dise?a procesos participativos concretos. Estos requieren reuniones con los vecinos a las 19.30, y a esas horas no hay funcionario municipal dispuesto a montarlas, explic¨® el teniente de alcalde Ramon Garc¨ªa-Bragado. As¨ª que hay que encargarlos a terceros. Esos encargos costaron en el ¨¢rea de Educaci¨®n, Cultura y Bienestar, por ejemplo, casi 100.000 euros. Y una de las beneficiarias fue la Fundaci¨®n Catalunya Segle XXI, especializada en democracia participativa. Fue creada por Pasqual Maragall en 1994.
- Trabajos de secretar¨ªa por 12.000 euros. Eso cost¨® encajar las agendas de los miembros del consejo asesor de esculturas, preparar los dossiers de sus reuniones y elaborar las actas de los encuentros. No son trabajos de secretar¨ªa comunes, opinaron ayer los responsables municipales, as¨ª que se tuvo que emplear para ello a una experta en historia urbana licenciada en Francia. No es el ¨²nico encargo a terceros donde es l¨ªcita la duda sobre si el Ayuntamiento deber¨ªa haber hecho el trabajo usando sus capacidades. Los municipios deben evaluar, seg¨²n la ley, el arraigo social de los inmigrantes que pretenden regularizar su situaci¨®n. Barcelona delega esta obligaci¨®n legal a una empresa externa, que cobra por ello 476.936,21 euros.
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