Legalidad de Sitel

En Materia de derechos fundamentales, como a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n), conviene extremar las garant¨ªas. Por ello, nada hay de extraordinario en plantear un reforzamiento de las cautelas ante la utilizaci¨®n de la moderna tecnolog¨ªa para escuchas telef¨®nicas. Por ejemplo respecto al destino de la informaci¨®n no relacionada con la investigaci¨®n autorizada por el juez y que esa tecnolog¨ªa permite almacenar. Un debate sobre esa cuesti¨®n no s¨®lo ser¨ªa normal sino prueba de madurez democr¨¢tica. ?Qu¨¦ ha ocurrido entonces para que en lugar de ese debate haya habido una bronca gruesa entre el Gobierno y el primer partido de la oposici¨®n?

Ha ocurrido que el PP ha pretendido utilizar el asunto para darse la raz¨®n respecto a las acusaciones de estar siendo espiado por orden del Gobierno, lanzadas a voleo cuando m¨¢s acorralado estaba por las informaciones que relacionaban a destacados miembros de su partido con la trama G¨¹rtel. Y para ello ha empezado por decir que la utilizaci¨®n de la tecnolog¨ªa Sitel (Sistema Integrado de Interceptaci¨®n de Comunicaciones) era ilegal.

El Sitel es un sistema automatizado por ordenador que permite, bajo orden judicial, la recogida de cualquier conversaci¨®n o mensaje, y, entre otros datos, la fecha hora y lugar en que se producen. Sustituye a instrumentos m¨¢s rudimentarios, y su legalidad ha sido avalada por varias sentencias del Tribunal Supremo, en alguna de las cuales se dice expresamente que es m¨¢s garantista que los anteriores m¨¦todos y que la escasa normativa existente, complementada con la jurisprudencia ya dictada, permiten "el eficaz control judicial necesario en una sociedad democr¨¢tica".

M¨¢s concretamente, que cumple los requisitos prudenciales requeribles: que medien indicios suficientes de delito superiores a las meras sospechas, y que las personas, tel¨¦fonos y actuaciones a investigar se expliciten con precisi¨®n y se apliquen de forma proporcionada. Pero es defendible la idea de que esas condiciones se incorporen a una ley, y concretamente a la de Enjuiciamiento Criminal. Algo planteado hace tiempo no s¨®lo para Sitel sino para cualquier procedimiento relacionado con las nuevas tecnolog¨ªas.

Tal vez estar¨ªa ya en marcha si el PP hubiera buscado la cooperaci¨®n en lugar de la denuncia demag¨®gica. Recientes insinuaciones de la portavoz del Gobierno valenciano revelan adem¨¢s que un objetivo de esa denuncia podr¨ªa ser la anulaci¨®n de las pruebas obtenidas mediante escuchas de miembros del PP relacionados con la trama G¨¹rtel.

Es una estrategia que afecta inevitablemente al cr¨¦dito de las instituciones: un espionaje de ese tipo implicar¨ªa ilegalidades del Gobierno y de la polic¨ªa, con la complicidad de jueces y fiscales (y operadores de telefon¨ªa). No s¨®lo es una acusaci¨®n inveros¨ªmil, sino irresponsable. De momento, abogados de mafiosos ya han invocado los argumentos del PP para intentar obtener la nulidad de su proceso.