El Teatro Romano descansa en paz

El Tribunal Supremo ha cerrado el viejo culebr¨®n del mucho m¨¢s antiguo Teatro Romano de Sagunto. No se demoler¨¢n las obras de rehabilitaci¨®n que dirigieron hace 20 a?os los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, en la ¨¦poca del ¨²ltimo Gobierno socialista valenciano. El Supremo ha rechazado el recurso de casaci¨®n presentado por el infatigable Marco Molines, abogado y ex diputado del PP, que ha mantenido viva la batalla judicial contra la intervenci¨®n durante casi dos d¨¦cadas.

Molines acudi¨® al Supremo despu¨¦s de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano considerase imposible ejecutar la sentencia que ordenaba eliminar los elementos a?adidos (en la c¨¢vea y el muro de cierre de escena) con dos argumentos: que el remedio resultar¨ªa peor que la supuesta enfermedad, y que la nueva legislaci¨®n, aprobada en 2007 por la Generalitat (en un cambio radical de postura) permitir¨ªa ahora acometer el mismo tipo de rehabilitaci¨®n.

El PP lleg¨® a la Generalitat pidiendo la demolici¨®n y luego se arrepinti¨®

Las obras del teatro generaron un importante malestar en Sagunto. Una ma?ana de 1992 las gradas aparecieron cubiertas de pintadas (en lat¨ªn) contra la intervenci¨®n y de s¨ªmbolos fascistas. La pol¨¦mica se traslad¨® a los medios de comunicaci¨®n, algunos de los cuales desataron una bronca campa?a contra el entonces presidente de la Generalitat, Joan Lerma, y su consejero de Cultura, Cipri¨¤ Ciscar. El Partido Popular advirti¨® que la cuesti¨®n arqueol¨®gica (la diferencia entre restauraci¨®n y reconstrucci¨®n) escond¨ªa petr¨®leo, y se sum¨® a las cr¨ªticas. En 1995, Eduardo Zaplana llegaba a la presidencia de la Generalitat con la promesa electoral de deshacer la rehabilitaci¨®n. Y aunque para el exterior el Consell del PP continuaba manteniendo la tesis de la reversibilidad (el Gobierno valenciano defendi¨® la demolici¨®n y Molines fue incluido en las listas auton¨®micas del PP), lo cierto es que el caso pintaba muy distinto desde el Palau de la Generalitat.

As¨ª se lleg¨® a la paradoja de que mientras varias sentencias del TSJ (la primera, en 1993) y del Supremo (en 2000 y 2007) condenaban las obras y ordenaban su derribo, el Consell empleaba todos los recursos a su alcance para dilatar la ejecuci¨®n de la sentencia.

La intervenci¨®n de Grassi y Portaceli fue finalista del Premio Mies van der Rohe, recibi¨® el apoyo de numerosos arquitectos e intelectuales y, con el paso del tiempo, dej¨® de ser motivo de pol¨¦mica ciudadana incluso en Sagunto. Lo impopular era m¨¢s bien la demolici¨®n, y s¨®lo Molines parec¨ªa seguir decidido a terminar el trabajo, metiendo en problemas a sus antiguos compa?eros de partido.

La Generalitat, gobernada ya por Francisco Camps, aprob¨® una ley que avalaba retroactivamente la rehabilitaci¨®n. Y el Consell Valenci¨¤ de Cultura se mostr¨® favorable a encontrar una soluci¨®n extraprocesal que evitara cualquier intento de "restituci¨®n al estado anterior a la reforma". A pesar de haber ordenado ¨¦l mismo la ejecuci¨®n de la sentencia, el TSJ se inclin¨® finalmente en abril de este a?o por la postura del Gobierno valenciano, que considera imposible su ejecuci¨®n. La decisi¨®n ha sido confirmada por el Supremo, que rechaza el recurso del abogado Molines por defecto de forma.