Un Estatuto no apto para ambiguos

En v¨ªsperas otra vez de la temida sentencia de Tribunal Constitucional se vuelven a o¨ªr las admoniciones de los jefes de la tribu que ya en su d¨ªa, afirman, advirtieron del peligro de meterse en el berenjenal de la reforma estatutaria. Es, sobre todo, la cansina cancioncita de aquellos que hicieron o hacen de la ambig¨¹edad su carta de presentaci¨®n e incluso un cierto modus vivendi. Pero todos ellos encierran, me temo, oscuras razones. Jordi Pujol, por ejemplo, que dif¨ªcilmente pod¨ªa ver en el nuevo Estatuto nada que no fuera una enmienda a la totalidad p¨®stuma a su gesti¨®n. O Josep Antoni Duran i Lleida, que estaba en Baqueira cuando Artur Mas y Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero pastelearon la norma. O los autores de La Rectificaci¨®, que vieron como en Madrid perd¨ªan su aura de catal¨¢n bueno y pasaban a ser sospechosos.

Desde el 30 de septiembre de 2005 nadie puede decir que los catalanes juegan con las cartas marcadas

Todo el mundo tiene sus motivos, es cierto, pero vayamos a los hechos, a la historia reciente. ?Acaso no hab¨ªa un clamor y se teji¨® una amplia unanimidad a partir de 2002 alrededor de la idea de que si no se renovaban las reglas del juego la autonom¨ªa catalana estaba amenazada por la deriva aznarista? ?No era ya evidente, en la agon¨ªa del pujolismo, que el manido peix al cove ya no daba para m¨¢s y alimentaba la imagen del catal¨¢n chantajista e insolidario? ?No est¨¢bamos suficiente maduros los catalanes para, tras casi 30 a?os de democracia, pactar entre nosotros un horizonte nacional para presentarlo despu¨¦s a Espa?a y que nadie, nunca m¨¢s, pudiera decir que no se sab¨ªa lo que quer¨ªan los catalanes? Me cuesta creer que los agoreros de hoy no fueran animadores de ayer. Me remito a las hemerotecas.

El Estatuto aprobado por el Parlament el 30 de septiembre de 2005 es, posiblemente, el principal hito de la historia reciente de Catalu?a. Por primera vez, sin el aliento de los fusiles en la nuca, los catalanes pon¨ªan negro sobre blanco en la relaci¨®n que quer¨ªan con Espa?a. Nadie puede decir, desde ese momento, que los catalanes juegan con las cartas marcadas. Lo que quieren, al menos en 2005, est¨¢ escrito y refrendado por el 90% de los diputados del Parlament, que es, conviene recordarlo, el depositario de la soberan¨ªa de Catalu?a. Un Estatuto de corte confederal, l¨®gico si se tiene en cuenta que los confederales y los independentistas eran y son mayor¨ªa en la C¨¢mara, pero admisible tambi¨¦n para los federales.

Es imprescindible pues, aclarar una cosa: el Estatuto de los catalanes es el del 30 de septiembre de 2005. El otro, el que ahora est¨¢ analizando con lupa el Constitucional, es el Estatuto pactado con las Cortes Generales, donde reside la soberan¨ªa espa?ola. Es un texto transaccionado, fruto de un proceso negociador que puso en evidencia las verg¨¹enzas del sistema de partidos catal¨¢n y espa?ol, pero que result¨® aceptable finalmente para una mayor¨ªa de catalanes como lo que era: el mejor Estatuto posible en aquel momento. Que ahora ese Estatuto, pactado con generosidad y con grandes renuncias, est¨¦ amenazado es lo que enerva a la sociedad. No por su contenido en s¨ª, sino por lo que significa de acuerdo con la otra parte, a la que tambi¨¦n ata?e. Es el equivalente a perder en los despachos lo que se gan¨® (o se empat¨®) en el terreno de juego de la legalidad. Una estafa, en suma, o peor, un pacto traicionado.

Una sentencia contraria del Tribunal Constitucional equivaldr¨ªa, en este sentido, a desandar lo acordado, un paso atr¨¢s. Por eso la reacci¨®n del PSOE ser¨¢ determinante. Si respeta el pacto en sus t¨¦rminos pol¨ªticos a pesar de la sentencia, habr¨¢ camino por recorrer. Pero seamos claros; nada apunta a que vaya a ser as¨ª y de ah¨ª los ¨²ltimos llamamientos desesperados de Montilla e Iceta. Porque saben que si el pacto se rompe no tendr¨¢n argumentos para defender el Estatuto de junio de 2006, el de Mas y Zapatero. El rev¨¦s obligar¨¢ a volver la vista al texto del 30 de septiembre y afrontar una cruda realidad: que Catalu?a no cabe en esta Constituci¨®n. Y en ese caldo de cultivo ya no habr¨¢ lugar para ambig¨¹edades.