Conflicto en la Red

El Gobierno ha introducido en un anteproyecto sobre la econom¨ªa sostenible una disposici¨®n final para salvaguardar la propiedad intelectual. En ella se corrige la vigente Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n y se a?ade la protecci¨®n de los derechos de autor a un listado donde figuran, entre otros, la salvaguarda del orden p¨²blico, la defensa nacional, la salud y la dignidad de las personas. Pero la sociedad internauta ha le¨ªdo estos p¨¢rrafos como una limitaci¨®n intolerable y se ha rebelado. Ante el incendio en Internet en contra del Gobierno, el propio Zapatero tuvo que salir ayer al paso para garantizar a los internautas que no se cerrar¨¢ ninguna web. Por la ma?ana, la ministra de Cultura recibi¨® a un grupo de blogueros y responsables de p¨¢ginas web. Con un PSOE desconcertado por la reacci¨®n ciudadana, el PP ha decidido arrimarse a los internautas olvidando que defendi¨® hace pocas semanas una directiva en el Parlamento Europeo que admite la persecuci¨®n administrativa de las descargas piratas.

Lo que ha irritado a los internautas ha sido la creaci¨®n de una comisi¨®n con capacidad para cerrar los sitios de Internet que ofrezcan el acceso a archivos protegidos por derechos intelectuales, sin que de la ley se deduzca que deba mediar forzosa y previamente la intervenci¨®n del juez. ?sta ha sido la f¨®rmula adoptada por el Gobierno tras meses de dudas. Los creadores apoyaban una medida similar a la adoptada en Francia: el corte a los particulares de la conexi¨®n a Internet. Los internautas sostienen que la defensa de los derechos de autor no puede colocarse por encima de otros, como la privacidad o la presunci¨®n de inocencia. El ministerio fiscal ha dictaminado que el intercambio de archivos audiovisuales protegidos no es delito si no hay ¨¢nimo de lucro. En el caso de webs que ofrecen enlaces a estos archivos, sin albergarlos, e incluyen publicidad hay muchas sentencias que no lo consideran penalmente punible. Si se penaliza ofrecer enlaces, ?se har¨¢ tambi¨¦n con los buscadores?

La citada disposici¨®n final no entra en detalles garantistas y no deber¨ªa verse como algo paralizante la obligaci¨®n de acudir a un juez para que sea ¨¦ste quien ordene el cierre. El simple tr¨¢mite administrativo, como respuesta a una mera denuncia de parte, puede ser demasiado fr¨¢gil. Pero hay un principio indiscutible: quienes invierten trabajo o arriesgan dinero en este sector tiene derecho a ver protegida su retribuci¨®n. Hay una ins¨®lita cultura de lo gratis en Internet que no est¨¢ instalada en otros ¨¢mbitos de la vida. El debate plantea m¨¢s cuestiones. Lo primero, que las medidas sean t¨¦cnicamente efectivas. ?Por qu¨¦ intervenir en este punto y no entrar en la revisi¨®n global de todo lo que afecta a la inmersi¨®n digital de la producci¨®n cinematogr¨¢fica, musical o editorial? El Gobierno no podr¨¢ contentar a todos, pero debe exig¨ªrsele claridad en sus medidas, que ¨¦stas sean coherentes e intachables, y que no de la impresi¨®n de actuar en funci¨®n de las protestas que generan sus proyectos.