Contra la banalizaci¨®n del aborto

Si hay alguien que cree que abortar no es un problema moral, se equivoca. Es un problema moral, lo que no tiene por qu¨¦ ser es un problema penal, o legal. Yo lo que creo es que legalmente debe haber la posibilidad de un acuerdo. Yo podr¨ªa decir donde sit¨²o yo los valores, pero usted podr¨ªa decirme que conoce a otro se?or que los sit¨²a en otro sitio, y tendr¨ªa raz¨®n. No, el problema es que tenemos que situarlos, para que sean colectivamente aceptables, en un punto que decidamos; y luego moralmente cada persona tendr¨¢ que enfrentarse con el dilema. Yo creo que es muestra de salud moral el que una persona dude antes de abortar, aunque el feto tenga una semana".

Son palabras de Fernando Savater. Es la filosof¨ªa en la que se sustenta la enmienda a la totalidad que hemos presentado contra el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes; justo lo contrario al esp¨ªritu de banalizaci¨®n del aborto que inspira este proyecto que no mejora la legislaci¨®n vigente sobre el aborto voluntario; y que por las caracter¨ªsticas sectarias de alguno de sus principios, tampoco ayuda a establecer el consenso necesario sobre una cuesti¨®n que, debido a sus profundas implicaciones ¨¦ticas, divide profundamente a la sociedad espa?ola.

Regular la interrupci¨®n del embarazo como un derecho conlleva una concepci¨®n autoritaria

Si la ley propusiera un plazo para abortar sin limitaciones, fundado en el consenso m¨¦dico y cient¨ªfico sobre el momento a partir del cual un feto es viable fuera de la madre, se tratar¨ªa de una "ley de plazos" que proporciona mayor seguridad jur¨ªdica y es m¨¢s respetuosa con la autonom¨ªa de la mujer enfrentada al dilema de interrumpir o no su embarazo por motivos ¨ªntimos. Pero el proyecto que se nos propone mezcla finalmente plazos y supuestos, convirti¨¦ndose as¨ª en un h¨ªbrido de escasa solidez jur¨ªdica.

Adem¨¢s, da a las menores a partir de 16 a?os el derecho a decidir la interrupci¨®n del embarazo sin necesidad de recabar el consentimiento de sus padres o tutores y sin siquiera informarles, con lo que el Gobierno realiza una expropiaci¨®n indebida de la tutela de mujeres menores en modo alguno justificable. Permitir el aborto a los 16 a?os es una incongruencia con el resto de la legislaci¨®n. La ley no aclara ni justifica los motivos de esta excepci¨®n a la mayor¨ªa de edad, que de ning¨²n modo puede ser considerada irrelevante o trivial.

De otra parte, convertir la despenalizaci¨®n de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en ciertos supuestos o plazos en una ley reguladora del derecho al aborto, aunque fuera como "derecho subjetivo a abortar", implicar¨ªa a nuestro juicio una regresi¨®n de las libertades p¨²blicas. No corresponde al Gobierno ni al Parlamento, sino a la Constituci¨®n, dar o quitar

derechos fundamentales a los ciudadanos. Instituir de alg¨²n modo el "derecho al aborto", en lugar de proceder a su despenalizaci¨®n en determinados supuestos o plazos, otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos b¨¢sicos, y por tanto de quitarlos, completamente impropia de la democracia.

A mi juicio, lo progresista es atenerse al principio de que todo lo que la ley no proh¨ªbe expresamente se atiene a derecho. Si la interrupci¨®n libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo: es la libre decisi¨®n de una mujer libre. En cambio, regular como un derecho positivo la interrupci¨®n del embarazo en plazos y supuestos conlleva una concepci¨®n intervencionista y en el fondo autoritaria que no podemos compartir.

La despenalizaci¨®n del aborto deber¨ªa abordarse como una cuesti¨®n estrechamente vinculada a la educaci¨®n y formaci¨®n en todos los ¨¢mbitos. Hay razones para sostener que en este aspecto hemos retrocedido en lugar de progresar, y que la juventud actual soporta serias deficiencias educativas en materia sexual y reproductiva, manifestadas en el incremento de los embarazos no deseados y de los consiguientes abortos. Cabe preguntarse si el modo m¨¢s adecuado de combatir este fracaso es trivializar a¨²n m¨¢s la interrupci¨®n voluntaria del embarazo tal y como nos proponen el Gobierno y el Grupo Socialista. Por el contrario, esta medida s¨®lo sancionar¨¢ como algo natural e inevitable la ignorancia y la irresponsabilidad en las relaciones sexuales, promoviendo el recurso al aborto como un sistema anticonceptivo habitual entre las adolescentes.

A?ado un riesgo m¨¢s: aunque el proyecto prev¨¦ en su art¨ªculo 5 incrementar las medidas educativas en materia de salud sexual y reproductiva, es un hecho insoslayable, y m¨¢s tras el precedente de la ca¨®tica introducci¨®n de la Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, que cada comunidad aut¨®noma regular¨¢ la educaci¨®n sexual de forma distinta, en funci¨®n de los decretos de ense?anza que establecen sus respectivos curr¨ªculos. En consecuencia, las mujeres que decidan abortar y est¨¦n en edad escolar se encontrar¨¢n con un apoyo educativo distinto en funci¨®n de la comunidad aut¨®noma en la que residan.

Otra de las mentiras del Gobierno con que pretende justificar este atropello legal y pol¨ªtico es equipararlo con las leyes "de los mejores pa¨ªses de nuestro entorno", que dijo el presidente cuando finaliz¨® el tr¨¢mite -que no el debate- sobre la totalidad en el Parlamento. Sirva s¨®lo como ejemplo una somera comparaci¨®n con la ley francesa, citada en el Pleno por la ministra y el portavoz socialista. La regulaci¨®n francesa est¨¢ establecida en el C¨®digo de la Salud P¨²blica, en una secci¨®n llamada "interrupci¨®n voluntaria del embarazo", dentro del t¨ªtulo dedicado a la "salud de la familia, de la madre y del ni?o". El proyecto de ley espa?ol es una ley ad hoc que lleva por t¨ªtulo "de la salud sexual y reproductiva y de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo". As¨ª, mientras en Francia jur¨ªdicamente el aborto se regula como una conducta ligada a la familia y a la salud globalmente considerada, en Espa?a s¨®lo se relaciona con la sexualidad. Por no hablar de otros aspectos como el de las menores, los plazos y supuestos, la concepci¨®n legal, las garant¨ªas o la responsabilidad penal establecidas en la ley francesa que distan mucho de ser homologables con la espa?ola.

En fin, que la ley que el Gobierno se empe?a en sacar promoviendo la divisi¨®n entre la sociedad y agravando los problemas de seguridad jur¨ªdica de la norma actual, lejos de favorecer y reforzar los derechos de las mujeres y la igualdad entre sexos, consigue el efecto contrario, pues seg¨²n el proyecto, cualquier mujer podr¨ªa rechazar una "maternidad no decidida libremente", mientras que el m¨¦dico o las personas que provoquen un aborto fuera de los casos permitidos en la ley s¨ª pueden ser condenados a pena de prisi¨®n de uno a tres a?os e inhabilitaci¨®n especial. El efecto que provoca tal discriminaci¨®n e impunidad es considerar y tratar a las mujeres como menores de edad a perpetuidad, con menor responsabilidad sobre sus actos y menor autonom¨ªa ¨¦tica, merecedoras por tanto de una tutela especial: la del Estado en lugar de las de sus padres durante la minor¨ªa de edad, y despu¨¦s la de las leyes penales. Algo completamente contrario a la verdadera igualdad.

En definitiva, que estamos ante una nueva irresponsabilidad del Gobierno hecha ley, que, en este caso, no resulta m¨¢s segura para las mujeres ni para los profesionales de la sanidad, que no aumenta las libertades p¨²blicas y privadas pese a la ret¨®rica de "nuevos derechos" en la que llega envuelta. Y que, por el contrario, introduce m¨¢s confusi¨®n y erosiona gravemente algunos conceptos jur¨ªdicos esenciales como el de la "mayor¨ªa de edad legal". O sea, una ley insostenible.

Rosa D¨ªez es diputada y portavoz de Uni¨®n Progreso y Democracia.