'Shar¨ªa' en Tarragona

Diez islamistas radicales de la corriente salafista residentes en Tarragona est¨¢n imputados por intentar ejecutar, en aplicaci¨®n de la ley isl¨¢mica o shar¨ªa, a una mujer que desobedeci¨® a su marido. La v¨ªctima logr¨® escapar y denunciar a sus verdugos, pero su caso pone al descubierto lo que parece ser el primer tribunal isl¨¢mico del que se tiene constancia en Espa?a. De confirmarse, se tratar¨ªa de un suceso que ofrece inquietantes lecturas que convendr¨ªa analizar.

Seg¨²n se desprende de la investigaci¨®n, 20 hombres secuestraron y sometieron a juicio privado a la mujer, una magreb¨ª de unos 30 a?os, que sigui¨® adelante con su embarazo a pesar del rechazo de su marido. De hecho, fue este ¨²ltimo el que la denunci¨® a los miembros de ese tribunal ilegal. La v¨ªctima ha declarado que todos los hombres que la juzgaron portaban barba y turbante y que el encargado de ejecutar la sentencia se sent¨ªa profundamente obligado por sus convicciones a llevarla a cabo.

Este evidente atropello obliga a reflexionar sobre la radicalizaci¨®n creciente de ciertos colectivos inmigrantes y sobre sus problemas de integraci¨®n, algo que la crisis no ayuda en modo alguno a resolver. Los poderes p¨²blicos est¨¢n obligados a desarrollar pol¨ªticas de integraci¨®n que intenten deshacer ese c¨ªrculo vicioso que se retroalimenta de paro, marginalidad, fundamentalismo, por un lado, y rechazo social y xenofobia, por otro.

Pero el caso de Tarragona, una vez cometido el delito, deber¨ªa quedar despojado de toda connotaci¨®n social o religiosa. El marco jur¨ªdico de nuestro Estado de derecho es igual para todos los ciudadanos, con independencia de su raza, origen, sexo o religi¨®n. S¨®lo nuestros tribunales tienen la potestad de impartir justicia y la v¨ªctima tiene el mismo derecho que el resto a ser protegida ante el atropello sufrido. Aplicar leyes no consagradas por nuestro ordenamiento jur¨ªdico, secuestrar e intentar matar a una persona son gruesos delitos que no pueden quedar impunes. Y ¨¦sos son precisamente los cargos que les imputa el juez instructor a los detenidos.

La meticulosidad demostrada por la polic¨ªa y la justicia en este caso, sobre el que han trabajado durante ocho meses, es un elemento tranquilizador. La claridad y la contundencia de las pruebas son la mejor herramienta para clarificar posiciones a todas las partes.